Papel oficial. Membrete del Estado. Entidades privadas a las que la ley adjudica en exclusiva la potestad de recaudar y repartir cientos de millones de euros cada año. Un negocio sin riesgo con aval en el BOE y nadie vigilando. Nadie fuera o dentro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) quiere hacerse responsable del descontrol, de una mentira sin vigilancia. La entrada de la Guardia Civil, el pasado 1 de julio, en la SGAE y en empresas presuntamente parásitas de esta dirigidas por sus directivos, activó un mecanismo de balones fuera desde tantos sitios que han acabado chocando unos con otros. Las declaraciones no cuadran. Ni con el registro mercantil ni con la ley ni entre ellas.

Dentro de la entidad, responsables de la gestión, caras conocidas que firmaron las cuentas ejercicio tras ejercicio, reconvertidos como poco en sorprendidos, como mucho en indignados. Nadie responsable por acción u omisión. Fuera, miembros del Gobierno central, ministros, exhibiendo sentencias para tunear una transferencia de competencias que no se llevó a cabo hasta hace unos días y sólo en el caso de una autonomía.

Gobiernos de PSOE y PP favorecieron el aumento del poder de la gestora

Control de las autoridades

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se identificó desde su primera legislatura con el entorno de los autores, ha reaccionado a las actuaciones de la Audiencia Nacional, dentro de la llamada operación Saga, aferrándose a una orden del Tribunal Constitucional de 1997 que nunca se acató. El Gobierno se pillaba los dedos con la sentencia porque el control de las sociedades de gestión de derechos no era algo de lo que llevase sin hablar años, no era un área que, por aquello de creer que es otro el responsable, se deja sin barrer.

El Gobierno acababa de utilizar esa competencia como moneda de cambio ante el PNV, junto con otras, para lograr sacar adelante en el Congreso la nueva normativa sobre negociación colectiva, una vez que los socialistas vieron que no podían contar con el apoyo de CiU en la última de su ya larga lista de reformas.

El Ejecutivo se ha parapetado tras una sentencia de 1997 que nadie acató

Las citadas transferencias aparecieron, junto a la norma laboral pactada, en el BOE del 30 de junio para su entrada en vigor un día después: 1 de julio, el día en que la Justicia hizo visible que llevaba meses investigando la operativa del presunto desvío de fondos orquestada desde la SGAE al detener a varios directivos, entre ellos el presidente del consejo de dirección, Eduardo Teddy Bautista. ¿Despiste de un ministro? Como poco, de tres.

El primero, Francisco Caamaño, ministro de Justicia, que aseguraba cuatro días después de la intervención que el Estado no tenía competencias en la "vigilancia y supervisión" de las entidades de gestión de derechos. "Es bueno que todos sepamos que hay una ley, pero también que después hubo una sentencia del Constitucional que ha colocado las cosas en términos distintos", dijo Caamaño. No era así.

El segundo Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, que firma el texto que aparece el 30 de junio en el BOE que transfiere la competencia de vigilancia de las cuentas de las gestoras de derechos al País Vasco.

La trama vivía dentro de la SGAE y firmaba cuentas de las filiales

Y la tercera, Ángeles González-Sinde, la ministra de Cultura, que volvió a parapetarse tras la sentencia del Constitucional de 1997 a pesar de que lo que seguía en vigor y sigue para 16 autonomías es que "el Ministerio de Cultura ejercerá el control de las entidades de gestión", como explica la Ley sobre Propiedad Intelectual.

Los detalles de qué se ha transferido no dejan lugar a dudas. "La comunidad autónoma del País Vasco asume las siguientes funciones (...): la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa estatal de todas las entidades de gestión que operen en la comunidad en lo relativo a su actividad misma y, en particular: la obligación de administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos, las características de los contratos de gestión, el reparto de derechos y la función social de las entidades de gestión". Además, asume a partir de ahora "la fiscalización de documentación contable" de las gestoras, "de declaraciones-liquidaciones anuales y de la relación de pagos efectuados".

Hay otras diez autonomías que tienen transferida una única competencia en materia de propiedad intelectual (Andalucía, Aragón, Catalunya, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Asturias y Murcia), la de llevar el registro de las obras de autores de sus respectivas regiones.

Y en cualquier caso, transferir competencias es un proceso que requiere una comisión mixta, como la que discutió el acuerdo el 22 de junio, un Real Decreto por parte del Gobierno Central y la asignación de fondos, hasta ese momento gestionados por el Estado, para que la autonomía pueda sufragar el coste. Es decir, el Gobierno central destinaba una partida presupuestaria a sus funciones sobre las gestoras de derechos, incluida la vigilancia de las cuentas y el reparto de la recaudación que, en el caso del País Vasco se eleva a 1,41 millones anuales que ahora le transfiere.

El Partido Popular no ha tardado en pedir responsabilidades al Ejecutivo. Pero el trato a la SGAE no tiene color político. No lo ha tenido nunca. La presunta trama de desvío de fondos tiene más de una década de existencia en la que han pasado por Moncloa partidos de distinto signo. Unos dicen que fiscalizaban las cuentas pero nada vieron. Otros que no miraron porque no les correspondía. El resultado es el mismo.

Incluso la normativa que dio a las gestoras el poder de recaudación que tienen actualmente, que definió la competencia de control en manos de Cultura y que exigió "una clara delimitación de competencias en materia de propiedad intelectual entre el Estado y las comunidades autónomas" se aprobó sin discusión en 2006.

Por más que Mariano Rajoy, líder del PP, se empeñase en agarrar la bandera contra el canon digital de cara a las elecciones de 2008, la Ley de Propiedad Intelectual que dio entidad al cobro de la tasa sobre nuevos soportes y refrendó el poder en exclusiva de las gestoras para recaudar en materia de derechos fue de las pocas que salió adelante por unanimidad en el Congreso de los Diputados en la primera legislatura de Zapatero.

Teddy Bautista se ha trabajado la simpatía de los líderes de los dos partidos mayoritarios. El pasado 17 de enero daba un ejemplo claro de ello. En el Foro de la Nueva Cultura, además de mostrarse convencido de que iba a aprobarse la Ley Sinde gracias a los esfuerzos de la ministra que le ha dado nombre, se refirió a Felipe González como "el mejor presidente que ha tenido la democracia española" y a Mariano Rajoy como "un ministro de Cultura fantástico, al que la SGAE le concedió la medalla de Oro".

Gobiernos de ambos signos concedieron a la filial tecnológica de la SGAE (SDAE) o a Portal Latino, empresa también del grupo de la gestora, préstamos a interés cero para el desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados con la distribución de contenidos. El PP dio a Portal Latino créditos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología por casi 800.000 euros. El Ministerio de Industria del PSOE se los ha dado por más de dos millones de euros, además de subvenciones por otros 1,6 millones.

Control desde dentro

Caco Senante, Víctor Manuel o Ramoncín son algunas de las caras más conocidas del panorama musical español que se han significado estos días para defender que la SGAE es una gestora dirigida por gente honesta en la que han podido colarse algunas manzanas podridas.

Senante incluso habló de la presentación de poderes notariales por parte de José Luis Rodríguez Neri, presunto cabecilla de la trama cuyo entorno familiar controlaba el entramado de empresas ligadas a Microgénesis (hacia el que se desviaban millones procedentes de los derechos), para demostrar su desvinculación de Microgénesis desde el año 2000. En aquel ejercicio Neri pasaba a convertirse en director general de la SDAE, la empresa eternamente en pérdidas debido al coste de los servicios externos que contrataba, fundamentalmente a Microgénesis.

La realidad, sin embargo, es que Microgénesis fue accionista (con casi el 15% del capital) de una de las empresas del grupo SGAE hasta 2004, la ya citada Portal Latino, cuyo administrador era y ha sido hasta 2009 José Luis Rodríguez Neri.

Portal Latino constituye junto con la SDAE (filial tecnológica) la puerta principal por la que salieron fondos de los derechos de autor. En el consejo de administración de Portal Latino se sentaron durante años algunos de los imputados en la operación Saga por formar parte del entramado de Microgénesis como Rafael Ramos o Eva García Pombo (cuñada de este) además del propio Neri y de Teddy Bautista, que firmaba año tras año las cuentas.

Control de los auditores

Tampoco llamaron la atención las cuentas presentadas ante el registro a los auditores que les daban el visto bueno a pesar de tratarse, en el caso de la SDAE y Portal Latino, de sociedades siempre al borde de la disolución, en las que aparecían y desaparecían accionistas sin mención alguna a compras ni a ventas, empresas que dependían en exclusiva de lo que facturaban a la SGAE. Siempre el mismo resultado: "Opinión favorable" del auditor.

La firma de auditoría que ha informado durante más ejercicios sobre las cuentas de sociedades del grupo SGAE en BDO Audiberia. En ella recaían las cuentas de la SDAE en 2004, cuando la sociedad fue objeto de disolución por el coste de los servicios externos y las amortizaciones de activos que le habían sido transferidos por su socio único, la SGAE.

También se encargaba BDO de la auditoría de las cuentas de Portal Latino de 2005 y lo había sido en 2004 y no menciona en ningún momento el motivo de que no se recoja que Microgénesis ha dejado de poseer el 14,76% de la compañía, que ha pasado a ser íntegramente propiedad de SDAE.

BDO seguirá de auditor hasta 2009, últimas cuentas presentadas ante el registro, pero las de ese ejercicio así como las de 2008 sufren retrasos constantes para su aprobación. El registro no les da el visto bueno. Finalmente las hace públicas hace unas semanas. Al lado de BDO aparece un auditor de mucho más peso, un nombre conocido: KPMG. Ambas sociedades están en causa de disolución. A Portal Latino la rescata la SDAE con una ampliación de capital por 1,12 millones. Y a la SDAE la rescata la SGAE con un préstamo participativo por 4,3 millones. Y la opinión de los dos auditores de las cuentas: "Favorable".