El barrio histórico de pescadores de Valencia, el Cabanyal, ha ganado una nueva batalla para seguir en pie. El Tribunal Supremo (TS) considera que el barrio, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por sus edificios modernistas, debe mantenerse en pie, como ya determinó en una orden el Ministerio de Cultura en diciembre de 2009. La sentencia del TS es válida mientras siga abierta la guerra judicial entre el Gobierno, que quiere salvarlo, y el Ayuntamiento de Valencia (PP), que quiere derribarlo.

La orden de Cultura obligaba al consistorio a la 'suspensión inmediata de la ejecución' de las obras, al considerarlas un 'expolio del patrimonio histórico'. El Ayuntamiento recurrió la norma ministerial ante la Audiencia Nacional para que determinase si la decisión de Cultura se ajustaba o no a derecho.

Por otra parte, el ejecutivo de Rita Barberá presentó un recurso de amparo ante el TS para que este les permitiera seguir con las obras mientras continuara el litigio en los tribunales. Es sobre este aspecto sobre el que se ha pronunciado ahora el Supremo. La sentencia, que se dictó el pasado 28 de junio y se dio a conocer ayer, desestima el recurso del Ayuntamiento de Valencia. No se tocará ni una casa del Cabanyal. Además, condena al consistorio a pagar las costas del proceso judicial.Fuentes del Ayuntamiento de Valencia confesaron ayer que la sentencia del Supremo era 'esperable'.

Pero insistieron en que 'el fondo de la cuestión está por decidir'. Además de la vía abierta en la Audiencia Nacional por el Ayuntamiento, queda otra abierta en el Tribunal Constitucional, que tampoco se ha pronunciado todavía. Esta última batalla enfrenta a la orden del Ministerio de Cultura con un decreto ley que la Generalitat Valenciana aprobó con carácter de urgencia en enero de 2010 avalando los derribos, en plenas vacaciones de Navidad, justo un mes después de que se pronunciara el Gobierno central. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó la ocasión y el 6 de abril de 2010 mandó al Cabanyal decenas de grúas que acabaron reduciendo a escombros cuatro casas del antiguo barrio de pescadores.

Esta actuación llevó al Gobierno central a presentar tres días más tarde, el 9 de abril, un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este deberá decidir qué norma prima sobre la otra, si la orden ministerial o el decreto ley autonómico. La plataforma de vecinos Salvem el Cabanyal, que lleva años luchando para mantener a salvo su barrio, aplaudió ayer la decisión del Supremo. 'Es un paso importante. De no haber sido así, la semana que viene podrían haber continuado los derribos', destacó a este diario Faustino Villora, su portavoz.

Además, Villora destacó que el Tribunal Supremo ha dado la razón en más ocasiones a los vecinos. 'Eso significa que cuando se juzgue el asunto de fondo [los contenciosos abiertos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Constitucional] hay argumentos de peso que justifiquen la paralización del plan', explicó.El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Cabanyal-Canyamelar, aprobado en 1998, consiste en el derribo de 1.654 viviendas.

Es la excusa del consistorio para prolongar la céntrica avenida de Blasco Ibañez y llevarla hasta el mar. Pero los vecinos insisten en que detrás hay intereses económicos. Mientras el consistorio justifica el Pepri por el deterioro del barrio, Salvem el Cabanyal denuncia que el Ayuntamiento lo ahoga adrede. Villora insistió ayer en que el consistorio lleva meses denegando licencias de obras y de apertura de negocios. Por su parte, el portavoz adjunto socialista en el Ayuntamiento, Salvador Brosseta, destacó que la sentencia del Supremo es 'una oportunidad para reactivar la economía del barrio'.