Próxima parada, la relación que han mantenido las sociedades de gestión de derechos (con la SGAE como su principal exponente) con estamentos sociales como la universidad o el Poder Judicial. Josep Jover, presidente y representante legal de las asociaciones Apemit y Vache, el abogado que logró que declarasen ilegal la normativa española sobre canon digital y el que se unió a la denuncia de la Asociación de Internautas, entre otros, ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido clave en la detención de la cúpula de la SGAE, lejos de pararse a celebrarlo, sigue trabajando en otros campos de batalla.

Por un lado, las subvenciones y los cursos de formación en Granada, Sevilla, Murcia o Canarias, comidas y seminarios pagados por la SGAE y gestoras de derechos a asociaciones de jueces con la intención, reconocida en boletines e informes anuales de las gestoras, de instruir sobre el modo en el que se debe, en su opinión, interpretar la ley de propiedad intelectual. Por otro, las relaciones de la SGAE y el grupo paralelo creado por sus directivos, con epicentro en Microgénesis, con la Universidad Politécnica de Madrid, gracias a la que habrían recibido fondos millonarios y cuyo nombre y prestigio, en forma de peritos de parte, informes y hasta el membrete del papel de la universidad, habrían sido utilizado en juicios de la SGAE en los que reclamaba el cobro de derechos de autor.

Josep Jover presentó a finales del año pasado dos nuevas querellas

Las asociaciones Apemit y Vache presentaron, a finales del pasado ejercicio, representadas por Jover, una 'querella por cohecho impropio' contra la SGAE y Egeda, entre otras entidades de gestión. ¿Motivo? La 'financiación irregular de actividades del Poder Judicial' en la que habrían incurrido con cursos de formación a jueces y subvenciones a asociaciones judiciales para 'obtener sentencias favorables'.

Jover utiliza en su querella el Informe de Gestión de la SGAE del año 2004, en el que figura la Asociación Jueces para la Democracia como beneficiaria de las ayudas de dicha entidad de gestión. En la Memoria de actividades de 2006 de Egeda (la entidad que gestiona los derechos de los productores) se reconoce que se 'colabora permanentemente con las instituciones judiciales, formando en materia de propiedad intelectual tanto a los miembros de la carrera judicial, jueces y secretarios judiciales, como a los miembros del Ministerio Fiscal'. Egeda hace alusión, en uno de sus boletines informativos, a cómo debido al 'estrecho contacto y colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hemos podido [] contribuir a la organización de numerosos cursos tanto para jueces como para fiscales'.

Otra guerra es la que mantienen Apemit y Jover por lo que consideran 'utilización ilícita consentida y amparada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), por parte de catedráticos [de la misma], del prestigio, emblemas, imagen de entidad pública, medios personales y materiales de la UPM, al servicio de los intereses privados de las empresas y particulares, a quienes se ofrecen, a cambio de un precio, para actuar como peritos de parte ante los tribunales'.

Las entidades habrían «financiado irregularmente» cursos judiciales

No es la única denuncia en este sentido. Miguel Gallardo, en abril de 2007, denunciaba estas prácticas y llamaba la atención sobre la existencia de subvenciones de la Unión Europea a proyectos de la UPM en los que participaron no sólo la SGAE, sino la sociedad ajena a la gestora, pero controlada por algunos de sus directivos, que está en el centro de las investigaciones actuales de la Audiencia Nacional: Microgénesis.

Uno de los enlaces entre uno y otro mundo es Rafael Ramos, director general de Microgénesis y profesor de Ingeniería de Organización, Administración de Empresa y Estadística en dicha universidad, detenido el pasado viernes en el marco de la operación Saga. Su nombre figura en la petición de fondos del año 2000 para el proyecto CREA Net, para la creación de un entorno tecnológico seguro para autores. En el proyecto participan, además de la UPM, la SGAE y Microgénesis y está cifrado en 2,3 millones de euros. Microgénesis colabora también con la UPM en el proyecto Perseo, que tiene un importe global de 3,9 millones.