Una farmacéutica de Palencia y su madre son las nuevas imputadas en la operación Galgo. Esperanza Cabeza Aller, farmacéutica de 27 años, y Carmen Aller García, propietaria del local (en la avenida Cardenal Cisneros número 29), han sido encausadas por la jueza Mercedes Pérez Barrios en la instrucción de la red de dopaje desmantelada en el atletismo español. Tanto la farmacéutica como su madre están a la espera de ser llamadas por la jueza para prestar declaración. La farmacia estaría presuntamente involucrada en la distribución de sustancias a los deportistas encausados.

A día de hoy, el total de imputados en la operación asciende a 15 personas. De los 14 imputados en el inicio de las actuaciones judiciales se pasó a 16 tras la implicación de la farmacia palentina y la cifra se redujo tras el fallecimiento de Alberto León.

Los imputados de Palencia son tres ya con Marta Domínguez

Otras tres personas más declararon en calidad de imputados, aunque posteriormente sus causas han quedado sobreseídas y archivadas. Se trata del médico deportivo José Javier Solanas, de Blanes (Girona); el atleta de 800 metros Eugenio Barrios y el ciclista Joaquín Novoa, del equipo Cervelo. Este último declara hoy, en calidad de testigo, en los juzgados de Plaza de Castilla.

Miguel Barceló, otro de los imputados, será llamado también a declarar próximamente ante la jueza, aunque sí ha sido interrogado por la Guardia Civil. Su supuesto papel en la trama estaría relacionado con un gimnasio de Alicante.

Sí han declarado ante la magistrada otras dos farmacéuticas de Madrid. Son María Castilla y María Luisa Saavedra, cuya farmacia está situada en la calle La Tacona número 45, en el barrio de Moratalaz. Ambas habrían sido sometidas a una prueba caligráfica de falsificación de firmas en las recetas.

La jueza ya había encausado a otras dos farmacéuticas de Moratalaz

José Luis Pascua, entrenador de ciclismo y hermano del preparador de atletismo, también ha sido llamado a declarar al juzgado. Lo hará el próximo lunes.

La instrucción del caso continúa sin que se hayan resuelto los dos interrogantes que se ciernen sobre el Juzgado 24. Uno de ellos es la petición de nulidad existente por el hecho de que Marta Domínguez hubiera declarado como testigo y como imputada. La otra se refiere a la posibilidad de que las escuchas de la Guardia Civil pudieran no tener efecto por no tratarse de un delito mayor. La jueza Pérez Barrios, sin embargo, sigue adelante con sus interrogatorios, en su empeño por esclarecer el presunto delito de suministro de sustancias dopantes. Es una corredora de fondo.