Quedaban dos semanas para que comenzaran los Juegos de Londres y la seguridad, uno de los fuertes de Reino Unido, hizo aguas. El Comité Organizador (LOCOG) contrató por 284 millones de libras (unos 360 millones de euros) los servicios de la multinacional G4S, que tenía que proporcionar 13.700 guardias.

Sin embargo, el pasado 12 de julio se conoció que únicamente había 4.000 guardias en activo y no se llegaría al número acordado, motivo por el cual la ministra del Interior, Theresa May, anunció la incorporación de 3.500 soldados adicionales, de modo que el número total por parte de personal militar ascenderá a 17.000.

En un país que se jacta de contar con uno de los mejores cuerpos de policía del mundo, Scotland Yard, y de guardar especial celo -para muchos excesivo- por la seguridad ciudadana, la noticia se convirtió en un escándalo. En el recuerdo de los parlamentarios británicos debieron aparecerse las revueltas vividas en Londres hace un año, cuando la Policía recibió duras críticas desde los estamentos políticos por su tibieza a la hora de repeler a los violentos, y ahora, con 21.000 medios acreditados para el evento y en el centro de todas las miradas, no quisieron dejar cabos sueltos: el consejero delegado de G4S, Nick Buckles, compareció durante más de dos horas ante la comisión de Interior del Parlamento.

De nada sirvieron las palabras del presidente del LOCOG, Sebastian Coe, asegurando que el organismo 'sigue en forma, siendo una organización fiable'. Entre las incógnitas a resolver, destacaban dos sobre el resto: cuándo supo G4S que no podría cumplir con lo pactado y cuándo se lo comunicó al Gobierno.

Notablemente inquieto, Buckles comenzó su comparecencia 'sintiendo profundamente lo sucedido', confesando sentirse 'avergonzado y decepcionado'. El directivo admitió tener conocimiento de los 'problemas de planificación' desde el 3 de julio, fecha en la que se informó al LOCOG. Confirmó también que la consultora Deloitte ya había detectado problemas en abril tras una auditoría, emitiendo una serie de recomendaciones que fueron implantadas sin demasiados resultados, a la luz del desenlace.

Ante la pregunta de por qué Theresa May no fue informada hasta el 11 de julio, según aseguró ella misma en sesión parlamentaria, el directivo apuntó que no fue hasta entonces 'cuando tuvimos la certeza de que no podríamos proporcionar todos los guardias'. A pesar de ello, no sería hasta dos días después, el 13 de julio, cuando la compañía se lo comunicó formalmente a los accionistas.

Durante su comparecencia, el consejero delegado de G4S señaló que esta podrá proporcionar al menos 7.000 guardias, lo que representa un 70% de lo pactado, asumiendo el coste de soldados y policías adicionales para cubrir ese 30% restante. Tan solo unos días antes, un portavoz de la compañía aseguraba a Público que '9.000 candidatos están a punto de pasar las últimas pruebas de un exhaustivo proceso de formación, con los que realizaremos la última criba'.

Buckles dejó caer la posibilidad de pagar bonificaciones de 500 libras (640 euros) a los soldados que estén de permiso y tengan que renunciar a él para trabajar durante las competiciones.

La oposición criticó la improvisación del Gobierno y la responsable de Interior en el Partido Laborista, Yvette Cooper, afirmó que 'es incomprensible que a falta de 11 días para los Juegos, la ministra del Interior no sepa aún con cuántos guardias de G4S contará'. Cooper insistió en que 'en caso de necesitarse más soldados y policías, lo tienen que saber cuanto antes para poder prepararse'. May, por su parte, garantizó que 'el Gobierno empleará todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos'.

A 15 días de los Juegos Interior no sabía con cuántos agentes de G4S contaba La sensación de que la gestión del asunto no ha sido la más correcta se acrecentó al conocerse por el diario The Independent -que tuvo acceso al contrato- que en este no existe ninguna cláusula de sanción por incumplimiento, a pesar de lo expuesto por May en la Cámara de los Comunes al declarar que 'entiendo que hay sanciones contempladas en el contrato, pero será LOCOG quien deba tratar ese asunto con G4S'.

Por su parte, la compañía justificó la desviación en que el número de solicitudes para las algo más de 13.000 plazas superó las 110.000, 'no solo en Londres, sino en todo el país', habiendo realizado 50.000 entrevistas. En este sentido, el portavoz de la compañía aseguró a este medio que 'en los últimos días hemos realizado importantes progresos y la situación mejora día a día'.

Una mejoría cuestionada tras conocerse que G4S envío un comunicado a policías jubilados solicitando su incorporación al dispositivo de seguridad de los JJOO; o que, según The Guardian, a 14 días de la ceremonia de apertura, los guardias en activo aún no habían recibido los horarios ni los uniformes y ni siquiera habían sido formados en el manejo de las máquinas de rayos X. Entre las quejas de los guardias también figuraban haber sido asignados a sedes que se encuentran a cientos de kilómetros de sus domicilios.

El presupuesto destinado a la seguridad de los Juegos de Londres asciende a 553 millones de libras (algo más de 700 millones de euros), de un total de cerca de 11.000 millones de libras (casi 14.000 millones) -cifra que en los últimos meses creció en un 20% respecto a las previsiones originales-. La ministra del Interior dijo en la Cámara de los Comunes que todo el dispositivo 'ha sido meticulosamente planeado', tratándose de 'la operación de seguridad más compleja y de mayores dimensiones en el país desde la Segunda Guerra Mundial'.

Una seguridad, no obstante, que a no todos los países ha agradado y, de hecho, algunos como EEUU ya a finales del año pasado hicieron pública su intención de enviar un dispositivo de 1.000 agentes, entre los que se encontrarían 500 del FBI. Además, a comienzos de este año, como si de un presagio se tratara, saltó la noticia del extravío en un tren por parte de un policía de documentos relativos a la seguridad de los JJOO. Un ciudadano los encontró y los llevó al diario sensacionalista The Sun, que no dudó en publicar que contenían información sensible que 'podría haber ayudado a los terroristas de Al Qaeda a perpetrar ataques devastadores este verano'. La policía, entonces, negaría que la seguridad se hubiera visto comprometida por la pérdida del dossier.

Los hechos sorprenden dado que Reino Unido y, en especial Londres, presumen de su obsesión por la seguridad; sólo en la capital británica, se estima que el despliegue de cámaras de videovigilancia supera los cuatro millones. A ello se suma, además, la aportación de Scotland Yard, dotada con las tecnologías más vanguardistas en materia de rastreo de comunicaciones, como Listed X, aunque suscite la alarma de los activistas de derechos civiles. Una alarma que, dado el celo del Gobierno por salvaguardar la seguridad nacional, no parece importar en Downing Street como demuestra su firme intención de violar la privacidad de los usuarios en Internet.

De cara a los JJOO, una de las medidas de seguridad más polémicas ha sido la instalación de misiles antiaéreos en las azoteas de varios edificios residenciales. La decisión ha llegado a ser recurrida en los tribunales por algunas comunidades de vecinos, como es el caso de los residentes en Leytonstone, al este de Londres, que consideran que contar con los misiles en su azotea les podría convertir en objetivo de un ataque terrorista.

Asimismo, la Policía Metropolitana de Londres ha creado un grupo especial destinado a los servicios de seguridad en los hoteles. Este grupo es el encargado, entre otras funciones, de realizar las pruebas de seguridad en los hoteles (Protective Security Testing) que cubren desde el personal, los accesos de puertas, procedimientos de equipaje, fraude de tarjetas de crédito e, incluso, pasar una estancia secreta en el hotel durante una noche para comprobar in situ el funcionamiento de las medidas de seguridad.

Una de las vías de acceso al país es el Eurotúnel del Canal de la Mancha por el que viaja el Shuttle, tren con el que, por unas 55 libras (70 euros) si se compran los billetes con antelación, es posible viajar en coche desde la ciudad francesa de Calais a la británica Folkestone en un trayecto submarino de unos 35 minutos.

Público viajó en el Shuttle semanas previas a la celebración de los JJOO y, a pesar del fortalecimiento de las medidas de seguridad con motivo del evento deportivo, pudo comprobar in situ la ausencia de controles de pasaporte y registro de vehículos. Para acceder al tren con el vehículo y aparcarlo -durante el trayecto los pasajeros permanecen en sus coches- únicamente es necesario escanear el código de barras de la reservar y entrar en las instalaciones. Franqueados esos tornos, no se realizan controles de pasaporte ni se inspeccionan los vehículos que acceden al túnel submarino. Meses atrás, este medio realizó el viaje en sentido inverso con idénticos resultados.

Fuentes consultadas del ministerio del Interior británico rehusaron hacer declaraciones por considerarlo 'información sensible que puede poner en peligro la seguridad'. Por su parte, una portavoz de Eurotunnel Group, empresa que gestiona el Shuttle, mostró su sorpresa ante la carencia de controles de pasaporte. En todo caso, apuntó que, como 'no somos una empresa pública, no es nuestra responsabilidad realizar esos controles; eso es labor de los guardias de fronteras'. En cuanto a la inspección de los vehículos, la portavoz apuntó que 'hasta donde yo sé, se realizan registros aleatorios de los coches'.

G4S es una de las mayores multinacionales de servicios de seguridad del mundo, con cerca de 657.000 empleados repartidos en más de 125 países. El año pasado, la compañía facturó 7.500 millones de libras (9.500 millones de euros), dando muestras de que la crisis no le ha salpicado pues desde 2004 su beneficio neto ha crecido un 18%, superando los 530 millones de libras (671 millones de euros).

Asia es la región en la que más hombres tiene desplegados (39% del total), siendo África con casi 112.000 empleados (17%) donde dispara su margen de beneficios con casi un 10% frente al 5,4% de Norteamérica o el 7,3% de Europa. Según ha podido saber Público.es, los guardias contratados por G4S durante los JJOO cobrarán unas 8,50 libras (10,76 euros) a la hora, lo que supone 20 peniques más que el salario mínimo con el que es posible cubrir las necesidades básicas, establecido el año pasado por el alcalde de Londres, Boris Johnson.

G4S se hizo con el mayor contrato de privatización de la policía británica, el suscrito con la Policía del condado de Surrey por 1.500 millones de libras (1.900 millones de euros), aunque los resultados no parecen ser los esperados; tanto es así que la Federación de Policía del condado los califica de 'completo fracaso' (de 300 efectivos contratados, únicamente se habrían incorporado 20). Este contrato viene a sumarse al de la Policía de Lincolnshire, concurso ganado el año pasado y al que se presentaron 160 empresas y que cuenta con un presupuesto de 200 millones de libras (253 millones de euros) por 10 años.

Tras el escándalo de los JJOO, el precio de las acciones de la compañía bajó hasta un 15% y la posibilidad de que puje por los contratos de seguridad en Brasil para el Mundial de Fútbol 2014 y los JJOO 2016 parece remota. En cuanto a su consejero delegado, Buckles ha visto peligrar su puesto de 830.000 libras al año (1 millón de euros), aunque de ser despedido y según el diario Daily Mail, su finiquito podría rondar los 20 millones de libras (25,5 millones de euros).