Uno de los errores que cometimos en la pasada legislatura fue buscar en el mercado de trabajo la solución a un problema que no estaba en el mercado de trabajo, sino en el financiero y en la falta de crédito. Caímos de lleno en la trampa de pensar que las reformas laborales podían ser la solución inmediata al problema del paro. Nos dejamos convencer por quienes piensan que la creación de puestos de trabajo depende exclusivamente de las leyes que regulan las relaciones laborales.

Sin embargo, las propias estadísticas nos han demostrado cuánto de falso había en todo esto. Mes a mes, con cada incremento del paro, todos hemos aprendido que ninguna reforma por sí sola crea empleo; que sin crecimiento económico y hoy nuestra economía está en punto muerto no se generan puestos de trabajo; que si el crédito no fluye y el crédito sigue sin fluir a familias y empresas, no hay forma de que se contraten nuevos trabajadores, porque sin crédito las empresas no tienen financiación y las familias no consumen lo suficiente; que los recortes, en fin, de las inversiones públicas para contener el déficit producen más desempleo, porque los trabajadores que prestaban los servicios a la ciudadanía que terminan cerrándose o limitándose a causa del recorte se van a la calle.

Mes a mes, los datos demuestran que la reforma laboral no crea empleo

Pues bien, ya sé que nadie escarmienta en cabeza ajena, y menos en política. Pero si todos hemos aprendido que una reforma laboral sin crecimiento económico, sin fluidez del crédito y recortando inversiones publicas es matemáticamente imposible que cree empleo, por qué se empeña el PP en hacer una nueva reforma. Algunos dirán que tiene el mismo derecho a equivocarse que tuvimos nosotros. Y pueden tener razón, si no fuera porque el país no está para repetir fórmulas que ya se han demostrado fallidas en la lucha contra el paro. Preocupa, además, el motivo que esgrimen aquellos que con más entusiasmo apelan al Gobierno del PP para que haga una nueva reforma laboral: 'Basta de paños calientes', ha dicho Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE.

Por duro que sea decirlo, no conviene olvidar que la crisis económica y las altas cifras de desempleo pueden utilizarse como contexto o como pretexto para una determinada actuación política. Los cinco millones de parados pueden ser, efectivamente, una dolorosa coartada para devaluar los derechos de los trabajadores. Y, de paso, para imponer unas reglas del juego en las relaciones de trabajo que jamás se hubieran aceptado en una mesa de negociación (ahí está, seguramente, el motivo por el que esta vez no ha habido acuerdo entre sindicatos y empresarios). Algo de eso hay cuando se esgrime lo de que basta ya de paños calientes; o cuando se repite que es el coste del despido lo que impide la creación de empleo; o que son los muchos tipos de contrato de trabajo existentes (que no son, por cierto, 43) los que favorecen la segmentación de nuestro mercado de trabajo; o que aplicar el Salario Mínimo Interprofesional está frenando el empleo de los jóvenes; o que los salarios pactados en convenio colectivo son los causantes de la destrucción de puestos de trabajo. Es como si acabar con los derechos de los trabajadores fuera la fórmula mágica para empezar a crear empleo. Y como si no hacerlo fuera una falta de valentía o coraje político y no pura convicción sobre la necesidad de preservar un mínimo de equilibrio entre trabajadores y empresarios.

El país no está para repetir fórmulas que ya se han revelado fallidas

Es verdad que el primer problema de nuestro país es el paro. Eso nadie lo niega. Pero lo que no se puede hacer es que para tener trabajo haya que renunciar a tener derechos. Debemos crear empleo, sí, pero no al precio de que los trabajadores queden sometidos al poder y la fuerza del empresario (es de eso de lo que realmente se habla cuando se dice que hay que volver a cambiar nuestro modelo de negociación colectiva). Debemos generar nuevos puestos de trabajo, claro que sí, pero no al precio de irradiar la precariedad y la prepotencia a lo largo y ancho de todo el mercado de trabajo (porque es eso lo que realmente significa la 'loada' figura del contrato único). Debemos mejorar nuestra tasa de desempleo, por supuesto que sí, pero no degradando el salario y demás condiciones de trabajo (que es lo que realmente se esconde cuando se habla desde algunos sectores de la falta de flexibilidad en nuestro mercado laboral).

Hemos cometido errores, pero tenemos la obligación de aprender de ellos. Y de preguntarnos: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por el espejismo de la creación de empleo en una economía asfixiada por la contención del déficit y la falta de estímulos para el crecimiento? ¿Tenemos que perder los derechos, todos los derechos? Cuando conozcamos la reforma laboral del PP, lo sabremos.