Más de 16.000 familias fueron desalojadas de sus viviendas durante los primeros nueve meses de la pandemia pese a las moratorias sobre los desahucios que fue aprobando el Gobierno, cuya vigencia convivió en la práctica con una vertiginosa aceleración de los lanzamientos judiciales tras finalizar el primer estado de alarma.

Los registros figuran en la última actualización de los Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que cifran en 29.406 las órdenes de lanzamiento ejecutadas y en 25.290 las practicadas "con cumplimiento positivo", lo que indica que algo más de 4.000 desahucios, casi uno de cada siete, no llegaron a materializarse en el desalojo y la entrega de la vivienda, según el caso, al banco o a al casero.

Pese a haber registrado un descenso del 54% en términos anuales, principalmente como consecuencia de las medidas del escudo social, entre abril y diciembre de 2020 fueron ejecutados 14.249 desahucios por impago de las rentas de alquiler, la práctica totalidad de ellos en viviendas arrendadas, y 4.523 por ejecución de hipotecas, un procedimiento que, según explican fuentes judiciales, afecta a la vivienda principal de familias en algo más de la mitad de los casos, lo que arroja un saldo de más de 16.000 grupos de convivencia. Las estadísticas judiciales no recogen el número de personas que se ven afectadas por los desalojos.

"La moratoria no cubrió a todo el mundo, solo a los casos más sangrantes", explican fuentes de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que apuntan que "los lanzamientos no aumentaron solo por la crisis. También hubo decisiones judiciales, como la que tomó el Supremo con la interpretación de las cláusulas del vencimiento anticipado, que reactivaron muchas ejecuciones que estaban paralizadas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE". 

La PAH ya advirtió entonces de que el escudo social era insuficiente y desmintió que estuvieran suspendidos todos los desahucios, sino sólo un subconjunto de aquellos afectados directamente por la covid", indican las mismas fuentes, que lamentan que "los datos ahora dan la razón a la PAH y no a la banca, pero es demasiado tarde para las personas desahuciadas".

"Son necesarias nuevas medidas"

La aceleración del número de lanzamientos por ambas vías, aunque de manera más intensa en el caso del alquiler, y el incremento del volumen de demandas de ejecución hipotecaria que están llegando a los juzgados tras la conclusión del primer estado de alarma anticipan el comienzo de una nueva situación de emergencia habitacional. "Son necesarias nuevas medidas" para proteger a inquilinos e hipotecados, reclaman desde la PAH.

El desplome de las rentas como consecuencia de la crisis económica asociada a la pandemia, que ha disparado hasta el 64% el porcentaje de familias que ya no llegan a fin de mes, y los elevados precios de los alquileres apuntan en esa misma dirección en el plano de los arriendos, mientras los socios de Gobierno, PSOE y UP, siguen sin ponerse de acuerdo acerca de qué contenidos debe tener la nueva Ley de Vivienda.

"Esto va mucho más lejos que el simple control de precios del alquiler, que ha estado centrando el debate mediático pero que no soluciona el problema para quienes están en crisis", sostienen fuentes de la PAH, que anotan que "únicamente la obligación de ofrecer alquiler social por parte de la banca puede dar estabilidad a este drama".

Por otro lado, el mercado hipotecario comienza a emitir señales de turbulencia: la Estadística de Ejecuciones Hipotecarias del INE refleja una inquietante aceleración de las demandas presentadas por los bancos para reclamar la entrega de viviendas de propiedad de personas físicas que no están cubriendo las cuotas de los créditos.

En términos anuales, el repunte al cierre de 2020 había sido de algo más de 2.000 demandas que, con un aumento del 27,4% en relación con el año anterior, sitúan el número de familias que ven amenazada la permanencia en sus casas en 9.407.

Ese registro, ligeramente superior al de 2018 (9.041) y muy inferior a la horquilla de más de 27.000 a casi 45.000 del periodo 2014-2016, cuando comenzaba la recuperación de la anterior crisis, revela una perturbadora cadencia de 180 demandas semanales cuyo ritmo se está acelerando: los 1.140 casos del segundo trimestre, el del confinamiento, se duplicaron en el verano de la desescalada (2.305) para triplicarse en el otoño de la segunda ola (3.760).
Hay que retroceder tres años y medio, hasta la primavera de 2017, para encontrar un registro trimestral de esa magnitud.

Otras 75.000 familias con riesgo de impago

A este cuadro se le suma el próximo vencimiento, a final de este mes de marzo, del grueso de las moratorias de pago de cuotas e intereses concedidas por los bancos, a cuya versión pública llegaron a acogerse más de 220.000 hipotecados cuyos créditos tenían pendiente de amortizar cerca de 20.000 millones de euros, un 4,2% del total del mercado.

"La moratoria hipotecaria quedó caduca muy pronto, era muy corta", apuntan fuentes de la PAH. De hecho, el riesgo de que su escasa cobertura pudiera provocar una nueva ‘indigestión’ de ladrillo, además de obligarle a efectuar provisiones millonarias, llevó a la banca a activar otra de carácter sectorial a la que se fueron trasladando buenas parte de los deudores que inicialmente optaron por la pública conforme esta vencía.

El final de esas moratorias abre un nuevo escenario de incertidumbre para decenas de miles de familias que siguen teniendo problemas para cubrir las cuotas de sus préstamos como consecuencia del deterioro de la actividad económica y del mercado laboral.

En el caso de Santander, y según reseña su informe de resultados de 2020, en diciembre habían vencido hipotecas por valor de 2.000 millones de euros en su mercado español, de las que un 23% estaban calificadas como de riesgo medio (15%) o alto (8%) de impago.

CaixaBank había clasificado cerca de 4.500 créditos en riesgo medio (3.892) y bajo (595) cuyo capital pendiente de amortizar se elevaba a 2.911 millones de euros, aunque esos datos iban a verse incrementados ya que el 65% de sus moratorias finalizan este trimestre, mientras que BBVA ha optado por anotar ya en su balance préstamos hipotecarios por valor de 4.100 millones en su negocio español.

Con el valor medio del crédito situado en 100.000 euros, solo las hipotecas que hace casi tres meses inquietaban a las tres principales entidades financieras del país suponen que 75.000 familias se encontrarían en riesgo de no poder afrontar las cuotas.