MADRID. — No son pocos los retos que tiene por delante la economía española en 2017 —aprobar unos Presupuestos o ajustar el déficit público, por ejemplo—, pero es más que probable que el principal de ellos no se resuelva: pensionistas y trabajadores están condenados a perder poder adquisitivo en un año marcado por la desaceleración económica.

La mayoría de los analistas prevén para 2017 una leve desaceleración. Los expertos incluidos en el panel de Funcas creen que la economía sólo crecerá un 2,4% del PIB, mientras que el FMI rebaja su previsión al 2,2%. Es muy posible que 2016 termine con un crecimiento del 3,2%. Sin embargo, en este año recién estrenado la economía española contará vientos de cola menos potentes que los del año pasado: el turismo, las exportaciones y el consumo no tirarán tanto. El precio del petróleo, al debilitamiento del comercio internacional, al ajuste presupuestario y a la progresiva normalización de la política monetaria a partir de mediados de 2017 también contribuirán al frenazo.​

Funcas ya anticipaba a mediados del mes pasado que la desaceleración vendrá de la demanda interna, en especial del consumo privado. El mercado de trabajo también se verá afectado: la creación de empleo, aunque sea precario, temporal y mal pagado, se resintió y sólo aumentará un 2% en 2017, frente al 2,9% del recién acabado 2016. Con esta tendencia, la tasa de paro se quedara en un 18,1% de media anual. Todavía demasiado alta.

Pero eso no es lo peor. Lo que de verdad va a afectar al bolsillo de los ciudadanos será el repunte de la inflación. Después de tres años en tasas negativas —en 2016 la tasa promedio del año fue de el -0,2%—, en 2017 las previsiones pronostican un incremento del IPC entre el 1,2% y el 1,5%. Hay incluso quien apunta que la tasa podrían llegar al 2%. 

En este escenario de repunte de la inflación, el perjuicio para pensionistas y trabajadores será más que notable. Para los primeros porque sólo cuentan con una subida de sus pensiones del 0,25%. Los sindicatos, que creen que la inflación llegará al 1,5%, ya han puesto el grito en el cielo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, incluso ha echado cuentas y ha puesto cifra en dinero contante y sonante a  la "raquítica" subida de las pensiones: supone de media 2,62 euros más al mes, pero dado que la pensión más habitual es la de 650 euros la mayoría cobrará en este 2017 sólo 1,62 euros más que en 2016.

Tampoco los trabajadores en activo tienen motivos para ser optimistas. Es cierto que se ha aprobado una subida del 8% del Salario Mínimo Interpeofesional (SMI) para 2017, pero no es menos cierto que todavía no se ha iniciado la negociación salarial para determinar el aumento para los trabajadores que no cobran el SMI, que son la inmensa mayoría.

Los sindicatos plantean que los sueldos pactados en los convenios colectivos aumenten entre el 4% y el 1,5% —"un suelo irrenunciable", en palabras de los dirigentes sindicales— para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Gobierno y empresarios, sin embargo, no parecen estar por la labor.

En su habitual entrevista del día de Año Nuevo en la cadena Ser, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se mostró partidario de ajustar los salarios a la situación económica, pero cifró el aumento salarial en el 1%, que es más o menos lo que subieron en 2016 los sueldos pactados en convenio (el 1,08%) y los de los empleados públicos. De fiarnos de esas declaraciones, se puede deducir que el Gobierno no parece dispuesto a llegar al 1,5% de incremento, entre otras razones porque cree que la inflación rondará ese 1%.

Pero hay un realidad difícil de obviar: con una subida que roza el ridículo para los pensionistas y la mayoría de los trabajadores sin saber cuánto subirán sus nóminas, el año ha empezado con las tradicionales subidas en energía —gas, butano o carburantes— de algunos impuestos especiales, por ejemplo el del tabaco, de los sellos de Correos y del IBI en casi 1.900 municipios.

En el capítulo de suministros energéticos, la subida del petróleo en las últimas semanas ha provocado un final de 2016 con las gasolinas en máximos que se prolongarán en este arranque de 2017. También habrá incrementos en las tarifas del gas y de la luz.

Y eso a pesar de que el Gobierno ha congelado los peajes -que suponen la mitad de los recibos de luz y gas-, la otra parte, el componente energético encarecerá las facturas. En el caso del gas, la tarifa de último recurso (TUR) sube una media del 3,5 % desde el 1 de enero

En la electricidad, y tras la implantación del nuevo sistema en la tarifa regulada o PVPC, el incremento del recibo dependerá de cómo evolucione el mercado mayorista, al alza desde hace unas semanas, por lo que también aquí se esperan precios más altos.

Por su parte, la bombona de butano sigue costando los 12,28 euros que marcó en noviembre y que se mantendrá hasta que se revise el tercer martes de enero.

En el capítulo de impuestos, el importe que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) sube a partir de hoy en 1.895 municipios españoles, mientras que bajará en 557 localidades. 
La variación se deriva de la actualización del catastro para 2.452 municipios.

A lo largo del año que acaba de empezar también podrían encarecerse las bebidas azucaradas después de que el Gobierno haya anunciado su intención de crear un impuesto específico sobre este producto por cuestiones de salud, aunque con una recaudación anual estimada de 200 millones de euros.