MADRID.- Es la hora de comer y Antonio coloca platos, vasos y cubiertos. Hoy toca lentejas y se han pegado un poco. Sentado a la larga mesa hecha con tableros, se sube las mangas dejando entrever un tatuaje. La palabra “Espartano” ocupa la mitad de su antebrazo. Se lo tatuó hace unos meses, en mitad del conflicto laboral alrededor del cual gira ahora su vida. Él es uno de los 300 espartanos de Fuenlabrada a los que se refiere el gran dibujo hecho a mano, en blanco, negro y rojo, que preside la improvisada caseta en la que va comer un día más.

Ya ha pasado un año, pero 278 de los trabajadores de la planta embotelladora de Coca-Cola de Fuenlabrada siguen resistiéndose a su despido en el “Campamento Dignidad”, como han bautizado a una cabaña construida con retazos de madera, palés y plásticos a la entrada de la fábrica. Una vieja estufa de leña aclimata el interior, a veces en exceso. Las paredes esconden su precariedad bajo recortes de prensa de sus manifestaciones, carteles y un gran surtido de sartenes y cacerolas. La parte de la acera que les queda dentro del chamizo delimita una cocina, que es de butano y con un fregadero sin grifo. En esos escasos 30 metros cuadrados hacen la comida, descansan lo que pueden, ven la televisión o recopilan datos para preparar la próxima acción judicial contra la empresa, y normalmente se hace todo al mismo tiempo.

La empresa Coca-Cola Iberian Partners decidió cerrar esta fábrica hace un año, junto a otras tres en España, y puso en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que finalmente afectó a casi 2.000 trabajadores entre despidos, traslados y prejubilaciones, aunque ha sido declarado nulo por la Audiencia Nacional. Los sindicatos comenzaron a movilizarse rápidamente contra los despidos y los cierres, pero una empresa con 900 millones de euros de beneficios anuales pudo permitirse una de esas ofertas que pocos se atreven a rechazar, menos aún en plena crisis: bajas incentivadas, prejubilaciones y bonificaciones a los que decidieran aceptar un traslado de ciudad.

El ERE afectó a casi 2.000 trabajadores entre despidos, traslados y prejubilaciones

Todos pasaron por el aro menos este colectivo de empleados de Fuenlabrada que nunca comprendió el motivo real por el que una empresa quiere cerrar la segunda fábrica más productiva, la más moderna de Europa y en la que ha invertido miles de millones. Aunque intuyen que ser la fábrica con el mejor convenio colectivo de todas, que renovaron justo la mañana antes de que les comunicaran el cierre, tiene algo que ver.

Al final, fueron los únicos despedidos forzosamente, y ahora los jueces han dicho que tienen que ser readmitidos. “La empresa dice que somos una minoría radicalizada, y es verdad, pero son nuestros derechos y los de todos los compañeros lo que defendemos”, dice Asenjo sacando orgullo de clase obrera. No es extraño, ya que es el portavoz del campamento, miembro del comité de empresa de la fábrica por CCOO y uno de los interlocutores de la infructuosa mesa de negociación que se abrió al principio.

Su único objetivo diario es seguir resistiendo “hasta la victoria”, como dice el dibujo de los espartanos. Y la victoria pasa por que la planta reabra. Ellos son optimistas, saben que es cuestión de tiempo que el Tribunal Supremo obligue a Coca-Cola a reabrir. “Yo dejé dentro las botas y la ropa para cuando vuelva” apunta sonriente Fernando, a quien después de dos décadas querían enviar a Barcelona. Además la espera va estar subvencionada por la propia compañía, obligada a abonar los salarios de todo el año que llevan sin trabajar, más las nóminas que correspondan hasta que el Supremo se pronuncie. “Lo que han hecho es una chapuza, y lo sabíamos desde el principio”, añade.

“A mí me querían mandar a A Coruña”, dice Antonio. Pero aquí tiene dos hijas en plena adolescencia, a su mujer, su hipoteca y todo lo que conlleva haber trabajado más de 20 años en la misma empresa. No está dispuesto a empezar de nuevo “sólo porque Daurella (presidenta de la empresa) quiera ganar más dinero”, añade.

“Lo que han hecho es una chapuza, y lo sabíamos desde el principio”

“Buenas. Os traigo un poco de leña”, anuncia una cabeza que se asoma por la puerta. Es José Luis, un empleado municipal de mantenimiento de zonas verdes a quien el Ayuntamiento de Fuenlabrada (PSOE) ha ordenado que les lleve los restos de los árboles que sanea cada día. No es la única muestra de apoyo político. Hasta ese campamento se han acercado Cayo Lara, Tania Sánchez (IU), Iñigo Errejón, Rafael Mayoral (Podemos), Antonio Miguel Carmona (PSOE), “hasta Rosa Díez (UPyD) vino un día a explicarnos por qué su partido no apoyó una pregunta en el Parlamento Europeo que promovían IU y Podemos”, subraya Asenjo.

La empresa vulneró la huelga

Asenjo apenas se mueve de la esquina de la mesa y no levanta la vista del ordenador ni para hablar. Lleva toda la mañana contando los días de huelga de cientos de trabajadores. Más de dos meses de salario que van a reclamar porque la compañía vulneró su derecho de huelga con prácticas de esquirolaje reconocidas por el juez. “Llevamos un año con movilizaciones casi diarias. En el campamento siempre hay alguien las 24 horas y además hacemos turnos de guardia en las entradas por si la empresa envía a los operarios para desmotar la maquinaria y poder alegar que esta fábrica ya no existe. La mitad estamos con gripe, bastante mermados”, relata mientras se toma un sobre para el resfriado.

“Muchas grandes empresas tienen los ojos puestos en cómo sale este ERE"

La posibilidad de que Coca-Cocola desmonte la fábrica se hizo realidad hace 15 días, cuando la Policía se presentó en el campamento ordenando su retirada mientras unos operarios entraban en el interior de la enorme planta. Iberian Partners aseguró que sólo quería hacer inventario, “pero eso se hace con cuadernos y no con llaves inglesas y gatos hidráulicos, que es lo que tenían esos trabajadores”, contrapone Iván mientras palia el frío de la tarde de invierno junto a la hoguera de un bidón en uno de los puestos de guardia. Asegura que se les filtró una circular de la empresa en la que habían fijado esa operación para el 12 de enero, tres días antes de que ocurriera. Finalmente un grupo de ellos saltó la alambrada de la fábrica y obligó a salir a aquellos misteriosos hombres vestidos con un mono gris, mientras la policía cargaba contra los trabajadores en el exterior.

Pese al cansancio y las décimas de fiebre, están orgullosos de su lucha. No sólo plantan cara a la multinacional más famosa del mundo, argumentan, también están enmendando la reforma laboral del PP, diseñada por el bufete de abogados Sagardoy, artífice de este ERE que, de momento, está resultado un fiasco. “Muchas otras grandes empresas tienen los ojos puestos en cómo sale este ERE. Si una empresa con beneficios millonarios puede despedir y cerrar fábricas, por qué no iban a hacerlo ellas”, asegura Fernando mientras recorre el perímetro de la fábrica.

Durante el paseo, que dura más de un cuarto de horas, explica con nostalgia las distintas zonas de la planta. “Este es el sector de embase en vidrio, hacíamos 26.000 cajas de refresco al día”, dice señalando un gran nave rodeada de cajas rojas vacías. “Eso de allí es la depuradora de agua, todavía está en marcha y ella sola puede abastecer a toda la ciudad”, añade al tiempo que indica con la cabeza y las manos en los bolsillos. “Cada vez que escucho el ruido sé que está funcionando. Por eso sé que esta fábrica va a volver a abrir”, sentencia.

El sol se pone en el Campamento Dignidad. Pronto el ruido del generador a gasolina que les proporciona electricidad dejará de escucharse, sólo tienen que esperar a que se active el alumbrado municipal. Ellos pasarán allí bastante tiempo, “porque la justicia es muy lenta”, pero aprovechan para recordar el lema que llevan un año repitiendo: “Si Madrid no fabrica, Madrid no consume”. La compañía asegura que el boicot no ha tenido mucho impacto, pero la imagen de marca de la “chispa de la vida” o la “fábrica de la felicidad” ha quedado en entredicho.