El despacho del abogado Javier Cremades, amigo personal de Ángel Ron (presidente del Banco Popular hasta el 20 de febrero de este año), ha presentado una querella contra Emilio Saracho (presidente del Banco Popular en el momento de su venta) y el mexicano Antonio del Valle (accionista de la entidad), acusándolos de hundir el banco para enriquecerse, según informa El Confidencial.

La denuncia fue interpuesta el día después del rescate del Popular por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), cuyo secretario general es el mismo Javier Cremades.

La querella alega que del Valle, poseedor del 4% del capital del Popular, filtró a los medios informaciones negativas sobre la entidad, tratando de hundir la cotización del banco para poder enriquecerse con posiciones bajistas. Para alcanzar sus fines, del Valle habría impulsado la sustitución de Ángel Ron por Emilio Saracho, antiguo compañero suyo en la firma JP Morgan, esperando que diese manga ancha a sus intereses frente a la inflexibidad de Ron. Los demandantes reconocen que no tienen conocimientos concretos de la existencia de posiciones bajistas dentro del Popular.

Algunos analistas ponen en duda este planteamiento, al estimar que no se han presentado suficientes pruebas que lo sustenten. Así mismo, señalan que Antonio del Valle se habría visto perjudicado por la bajada de las cotizaciones de sus acciones, a no ser que las posiciones bajistas hubiesen sido superiores a la cuota de capital en su poder, lo que la ley obliga a hacer público.

Los demandantes piden responsabilidades personales por parte de Emilio Sarracho y Antonio del Valle. En cambio, la denuncia exculpa a Ángel Ron de la crisis en el Popular, aduciendo que, en el momento de su destitución, los ratios de capital  de la entidad estaban 400 puntos básicos por encima de lo exigible, que las cuentas de 2016 estaban auditadas, que superó los "exigentes test de resistencia" y que tenía en marcha un plan de venta de activos, cuya "completa ejecución probablemente hubiera evitado la ruina acontecida".

Fuentes cercanas al despacho de Cremades y a Aemec han confirmado a Público la interposición de la querella y han explicado que seguirán adelante con la demanda pese a la disposición del Grupo Santander a ofrecer soluciones a los accionistas del Banco Popular que hayan perdido dinero.

"Pensamos que no puede haber posturas que contribuyan a crear alarma entre los accionistas y desemboquen en falta de liquidez. Se tiene que proteger al accionariado y eso es algo que nos se ha hecho", afirman a Público. Además, defienden que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería haber previsto la posibilidad de la toma de posiciones cortas en el accionariado del Popular y que la caída de cotizaciones se podría haber evitado si el organismo hubiese tomado medidas similares a las implementadas esta semana en el caso del Liberbank. 

Las mismas fuentes han explicado a Público que Aemec  ha presentado una acción de responsabilidad contra el presidente y el consejo de administración del banco y un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia por la resolución de la Junta Única sobre la intervención y posterior venta del Banco Popular.