Dicen que en casa del herrero, cuchillo de palo. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato UGT en Madrid (FeSMC-UGT Madrid) vive un conflicto laboral en sus servicios jurídicos en el que las partes enfrentadas mantienen versiones tan contrapuestas como la noche y el día. El conflicto está tan enconado que amenaza con terminar en los tribunales. 

Todo empezó la semana pasada, cuando la dirección de FeSMC-UGT comunicó a cinco abogados que prestan desde hace años sus servicios legales como autónomos en el sindicato que si quieren seguir trabajando a partir del próximo 22 de junio tendrán que constituir una empresa y facturar a través de ella. La alternativa es dejar el trabajo, pues UGT ha limitado las contrataciones tras salir de un ERE recientemente. Estos cinco letrados trabajan como autónomos desde hace bastante tiempo—hay uno, con 75 años, que lleva 40 años colaborando con el sindicato— y tienen en su mayoría un contrato mercantil.

Si la opción es crear una empresa a través de la cual facturar, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Los afectados sostienen que eso no va a arreglar nada porque FeSMC-UGT "siempre ha tenido el servicio externalizado". De hecho, denuncian que la mayor parte del trabajo de los servicios jurídicos de FeSMC-UGT se deriva a un bufete de un antiguo compañero de trabajo del secretario general de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo. "Está todo el pescado vendido: son ellos los que gestionan el trabajo y los que eligen el cliente", sostienen los afectados. "Nos han estado engañando", sostienen.

Una de las personas afectadas va más lejos en su denuncia y pinta un panorama sombrío: abogados que trabajan sin contrato —relata el caso de un becario que cobra en tickets comida—; letrados que siguen trabajando con 75 y 68 años o que sólo cuatro de los once abogados que prestan sus servicios en la Federación tienen contrato laboral. Así cuenta su versión: "Esto es un submundo. La actual Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Madrid es el resultado de la fusión de tres antiguas Federaciones: la de Transportes, Hostelería y Sevicios. Esta era la única que tenía abogados contratados, aunque otros trabajaban como autónomos e incluso los había sin contrato. Los no contratados percibimos una cantidad fija al mes, independientemente de la carga de trabajo, e incluso en ocasiones tenemos que asumir parte del trabajo de los contratados". 

"Contratados para temas puntuales"

Antonio Oviedo, elegido secretario general de FeSMC-UGT en noviembre de 2016 cuando se produjo la fusión rebate estas acusaciones. "No hay gente sin contrato, eso no es verdad. Sí hay abogados que trabajan como autónomos, pero no son fijos en plantilla, están contratados para temas puntuales. En el caso de estos cinco abogados, ellos vienen dos días a la semana. Al unificar las tres Federaciones en una sola, se decidió aplicar un nuevo criterio para que todo funcionara mejor y que ellos tuvieran mejores condiciones. Nosotros no podemos contratar, por eso les hemos propuesto que creen una empresa".

Oviedo también rebate que los no contratados tengan que asumir parte del trabajo de los contratados: "Más bien es al revés. A veces los abogados del sindicato han tenido que hacer el trabajo de estos autónomos".

Oviedo reconoce que se externaliza parte el trabajo por necesidad, pero matiza que eso se ha hecho siempre, incluso mucho antes de que él llegara. Respecto al despacho de su compañero de trabajo, asegura que la Federación viene trabajando con este bufete "desde hace ocho o diez años, antes de que llegara yo".

También reconoce Oviedo que contratar "va a ser complicado" dado que para ello él necesita la autorización de la Federación estatal. El máximo responsable defiende que el sindicato ha actuado correctamente en todo momento y pone como ejemplo que está a punto de llegar a un acuerdo con uno de los cinco afectados para que pueda seguir prestando sus servicios.

Desde el otro lado, se quejan de que FeSMC-UGT "no ha hado solución a las dos personas mayores"; "Uno tiene 75 años y el otro 68, deberían estar jubilados ya", responde Oviedo. 

Las diferencias son tan notables que los afectados —al menos cuatro de ellos— amenazan con ir a los tribunales a partir del día 22. "No tenemos nada que ocultar ni que temer. Todo es demostrable. Si vamos a los tribunales, ganaremos o perderemos, aunque si perdemos y el sindicato tiene que pagar una indemnización de 700.000 u 800.000 euros esto puede suponer que otros compañeros se queden sin cobrar", responde Oviedo. El conflicto está servido y no parece que haya una solución cercana.