MADRID.- Varios de los exconsejeros de Caja Madrid que han declarado este viernes en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas black de la entidad han asegurado que conocieron de la existencia de las mismas en la Comunidad de Madrid, antes de incorporarse a la entidad financiera.

En la séptima jornada del juicio, el exrepresentante de corporaciones municipales en el consejo de Caja Madrid Fernando Serrano Antón ha revelado que se enteró de la existencia de las tarjetas "por primera vez" en la Comunidad de Madrid, donde le aseguraron que era "una retribución", con límite de gasto. En el mismo sentido, el exjefe de gabinete del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid José María Buenaventura ha explicado que el entonces viceconsejero de Hacienda y en la actualidad portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, le habló de la existencia de una tarjeta  opaca antes de que él entrara en Caja de Madrid en calidad de representante del gobierno regional.

En su declaración, Fernando Serrano Antón,  ha afirmado que si devolvió los 78.500 euros que se le imputaban fue por su "afán de colaboración con la justicia y por recomendación de mi familia, pero nunca por reconocer la responsabilidad porque entiendo que no he cometido ilícito alguno".
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"Me repugna entrar en todos estos gastos", ha dicho a la sala que preside la juez Ángela Murillo, antes de exponer algunos de los cargos que no identifica, ya que o bien se computaron como viajes cuando se realizaron "en un asador de pollos de Mollet del Vallès" o porque se efectuaron fuera del horario comercial.

Por su parte, Buenaventura Zabala, que recibió la tarjeta de manos del vicesecretario de Caja Madrid, Vicente Espinosa, ha explicado que "cuando me ofrecieron ser jefe de gabinete [de la consejería de Hacienda], por un lado se me habló de cuales iban a ser mis retribuciones para ese cargo y, por otro, como representante en la Caja". "Sobre las instrucciones, Espinosa lo que hizo fue corroborar lo que me dijo Ossorio, que era una tarjeta de libre disposición", ha dicho a preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Ha agregado que él le preguntó al alto cargo qué límite podría tener porque desde la Comunidad de Madrid se le había dicho que era de 25.000 euros. "Espinosa lo que vino es a corroborarme dicha circunstancia", ha sentenciado.

Buenaventura, que cargó 62.932 euros y al que el Ministerio Público pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros, ha añadido que su representación en Caja Madrid se entiende en el marco del acuerdo que tenía la Comunidad Autónoma con la caja extinta.