El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado sancionar con 920.000 euros a Telefónica Móviles de España por vulnerar los derechos de consumidores y usuarios en materia de información, y por otro lado ha acordado sancionar con 828.000 euros a CaixaBank, como sucesora de las entidades Cajasol y Banca Cívica, por "ocultar información en materia de participaciones preferentes".

De esta forma, según ha informado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, se ha acordado una triple sanción a Telefónica Móviles de España por importe total de 920.000 euros por infracciones de carácter "muy grave" relacionadas con la información a consumidores y usuarios.

Vázquez ha explicado que el expediente ahora resuelto tiene su origen en la campaña de inspección del servicio de telecomunicaciones del año 2011. Estas tres infracciones se tipifican como "muy graves" al concurrir circunstancias como "haberse cometido de forma continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un elevado número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado". Telefónica recurrirá vía judicial la sanción impuesta por la Junta de Andalucía, según han señalado fuentes de la empresa.

Por otro lado, la Junta ha acordado sancionar con 828.000 euros a CaixaBank como "sucesora universal" de las entidades extintas Cajasol y Banca Cívica por "ocultar información relevante sobre la legislación en materia de participaciones preferentes.

Vázquez ha apuntado que esta sanción a CaixaBank es fruto de expedientes abiertos a cada una de las extintas entidades y tiene su origen en 483 reclamaciones recibidas por los servicios de consumo de la Junta.

De esta forma, de acuerdo con los procedimientos sancionadores, "se considera probado que Cajasol primero y Banca Cívica después ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de estas participaciones preferentes".

Estos hechos, según explica Vázquez, son constitutivos de tres infracciones "muy graves" según la Ley andaluza, toda vez que "son práctica continuada o habitual, producen una alteración social grave, originando alarma o desconfianza entre los consumidores, y por haberse realizado explotando la especial situación de indefensión o inferioridad de determinados consumidores".

La Junta ha dejado claro que como atenuante se valora la "colaboración activa" mantenida por CaixaBank para atenuar los efectos de estas infracciones cometidas por las dos entidades desaparecidas. Así, Vázquez ha destacado el "esfuerzo" de la entidad para alcanzar acuerdos con los afectados por los preferentes y resolver las reclamaciones interpuestas en su día.