El diálogo social de esta legislatura es, quizá, el más productivo de la historia. Han sido 14 los acuerdos (algunos tripartitos y otros bipartitos) que el Gobierno, los sindicatos y las patronales han cerrado en un contexto sin precedentes marcado por la pandemia del coronavirus y por la guerra entre Rusia y Ucrania (y sus consecuencias socioeconómicas).

De las mesas de negociación han salido los ERTE, la reforma laboral, las subidas del salario mínimo interprofesional (una potestad legislativa del Gobierno, pero que ha sido consensuada con los agentes sociales, aunque las patronales no siempre ha participado del pacto), o la novedosa regulación de plataformas digitales (conocida como ley rider).

Sin embargo, el 2023 no pinta, a priori, como una continuación de ese fructífero pactismo que ha marcado buena parte de la legislatura. A mediados del pasado año esa tendencia ya se vio interrumpida, y las patronales comenzaron a descolgarse de negociaciones de reformas que se estaban llevando a cabo en el seno del diálogo social con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos CCOO y UGT.

Algunas voces apuntaron a que esto se podría deber a que la CEOE estaba inmersa en un proceso de renovación de su cúpula y de elecciones internas para elegir a su presidente. Sin embargo, tras la reelección de Antonio Garamendi la situación no cambió. Entonces, se apuntó a que la tendencia pactista del 2020 y del 2021 se debió en buena medida a las graves situaciones sobrevenidas con la pandemia y con la guerra, y que en el 2022 las patronales habían vuelto a sus niveles de acuerdo habituales.

El 2023, avisan desde Comisiones Obreras, el diálogo social puede estar incluso más amenazado. Esto es así porque es un año electoral en el que prácticamente todos los actores políticos estarán inmersos en un ambiente de precampaña y de campaña continuo que podría obstaculizar sobremanera los procesos del diálogo social y sus negociaciones.

En este sentido, desde el sindicato piden "responsabilidad" para que ni el Gobierno ni las patronales se dejen llevar por un "fervor electoral" que es incompatible con la discreción, la prudencia y los plazos del diálogo social. Además, esta amenaza llega en un momento que en las organizaciones sindicales consideran crucial para el futuro de la economía y del empleo.

La inflación, un conflicto de reparto

Aunque los datos macroeconómicos y de empleabilidad del 2022 han sido mejores de lo esperado, el pronóstico que Comisiones hace de este 2023 recién iniciado está lleno de cautelas y riesgos. Este año arrastra y apunta a la cronificación de uno de los problemas que se iniciaron en el anterior ejercicio: la inflación. Más que la inflación general (que sí se ha visto reducida tras la puesta en marcha de medidas como la denominada excepción ibérica), el principal problema está en la denominada inflación subyacente, debido al elevado precio de los alimentos.

En CCOO apuntan directamente a que la causa de la inflación son los beneficios empresariales. En un informe elaborado para marcar las líneas estratégicas en 2023, el sindicato defiende que "la inflación no tiene solo su origen en el incremento de los precios internacionales, sino también en el aumento de los precios internos impulsados por unos márgenes de beneficio disparados".

Para Comisiones, en la línea de lo defendido por Olivier Blanchard, exdirector del Servicio de Estudios del FMI; y Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, la inflación es el resultado de un conflicto de reparto. "En el caso español", añaden en el sindicato, "lo que hay que repartir es la pérdida de bienestar provocada por el aumento de los precios".

En este sentido, defienden la necesidad de redistribuir este coste entre los beneficios empresariales, los recursos públicos y los salarios. En CCOO destacan que la marcha de la economía el pasado año (mejor de lo esperado) se debe, fundamentalmente, a dos factores: la existencia de un ahorro en muchas familias generado durante la pandemia, periodo en el que el consumo se redujo drásticamente por las restricciones sanitarias; y el despliegue de políticas públicas y medidas por parte del Gobierno con cargo al erario público (medidas de protección social y de las empresas, el tope al gas, rebaja de los precios del transporte público, descuento en los carburantes, bajada de impuestos...).

Sin embargo, estos factores, advierten, no parece que se vayan a prolongar durante todo 2023. El ahorro de las familias, lejos de ser ilimitado, ya se estaría agotando (y en muchos casos estaría ya agotado), y las medidas desplegadas por el Gobierno tienen carácter temporal y no son estructurales (ya han caído algunas, como el descuento a los carburantes).

Ante esta situación, CCOO aboga por iniciar una serie de negociaciones que redistribuyan los costes de la inflación subyacente teniendo en cuenta un punto de partida clave: "Las empresas españolas, encabezadas por la gran patronal, han desertado de asumir la parte que les corresponde de este aumento de costes y el Gobierno no ha trabajado para armar una respuesta coordinada que operara un reparto equilibrado entre empresarios, trabajadores, contribuyentes y rentistas".

En este sentido, en Comisiones plantean varios ejes que, a su juicio, resultarían muy relevantes a la hora de repartir los costes de la inflación. En primer lugar, apuestan por una negociación rápida para una subida del salario mínimo interprofesional en 2023 que oscile entre 1.082 y 1.100 euros. El informe de los expertos del Ministerio de Trabajo sitúa la horquilla de subida (diseñada para cumplir con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio) entre 1.046 y 1.082 euros.

En segundo lugar, una reforma de las leyes de contratos públicos y de desindexación de la economía española, que en la actualidad impiden repercutir los incrementos de salario que se pactan en los convenios colectivos a todas aquellas actividades ligadas a externalizaciones de la Administración Pública. 

En tercer lugar, el desbloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la patronal, el pacto de referencia para que empresas y trabajadores fijen sus condiciones salariales. El empresariado ha rechazado la propuesta sindical de ligar las subidas de salarios a la inflación (con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo) porque, a su juicio, se trata de un indicador genérico que no tiene en cuenta las necesidades específicas de cada empresa y de cada sector.

Por este motivo, desde CCOO se ha propuesto establecer un baremo salarial que tenga en cuenta dos variables: la evolución de los precios y la situación económica de las empresas. En un momento en el que la mayoría de los empresarios están teniendo beneficios, Comisiones se abre a que se valore la marcha de la economía empresarial a la hora de actualizar las cláusulas de revisión salarial, una propuesta que cumpliría con la exigencia de la patronal de atender a cada situación específica.

Con el reto de repartir los costes de la inflación sobre la mesa, habrá que ver si los procesos electorales y la campaña permanente no dinamitan un diálogo social cuyo historial ha sido muy productivo en tiempos de crisis y emergencias.