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Anticorrupción pide la imputación de Procisa por contratar a Villarejo en la pugna por la herencia de García Cereceda

Solicita dirigir el procedimiento contra las tres mercantiles en que se escindió la inmobiliaria de la urbanización de lujo La Finca como herederas de su responsabilidad penal.

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Vivienda unifamiliar de la urbanización de lujo La Finca, de la inmobiliaria Procisa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la imputación como persona jurídica de la inmobiliaria Procisa por el encargo que su administradora Susana García Cereceda habría hecho al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo entre 2012 y 2014 para posicionarse en la pugna por la herencia de su padre y garantizar los intereses de la empresa.

Se trata de un paso más en la pieza separada número 3 del caso Tándem, denominada Land, en la que además de García Cereceda están investigados el también promotor de la urbanización de lujo La Finca (Madrid) Francisco Peñalver y su responsable de Seguridad, David Fernández, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Ahora, Anticorrupción pide la imputación de Procisa a través de las tres sociedades en que se segregó en el año 2016, en tanto que herederas de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir la primera: La Finca Global Assets (oficinas); La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios (residencial) y La Finca Somosaguas Golf.

Según argumenta la Fiscalía, corresponde dirigir el procedimiento contra las tres empresas en aplicación del artículo 130.2 del Código Penal, por el que la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará "a la entidad o entidades en que se transforme", quede fusionada o absorbida y "se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión".

Ese sería el caso de las tres nacidas de Procisa, pues los delitos de cohecho continuado y revelación de secretos objeto de la imputación se habrían cometido antes de la escisión y "por varios de sus directivos, que habrían actuado en nombre y en provecho directo o indirecto de la entidad por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica".

Tres fases de ejecución, dos tramos de pagos opacos

El proyecto Land arrancó en 2013, se desarrolló durante un año, tenía tres fases y atendiendo al plan de facturación contratado (un primer nivel de "investigación exhaustiva" con un precio de 275.000 euros y un segundo nivel de "rentabilización de los resultados" por 150.000 euros más), cumplió sus objetivos al menos, parcialmente: Villarejo y su socio Rafael Redondo facturaron 340.252 euros de los representantes de Procisa, que negociaron el encargo "en nombre" de la empresa.

"Los indicios existentes en la presente pieza corroborarían con una extraordinaria claridad que el pago efectivamente se ejecutó de forma opaca en los términos que las partes pactaron, de manera que los acuerdos sobre la facturación que se plasman en las grabaciones incautadas concuerdan a la perfección con la simulación de los conceptos y las fechas facturadas", dice el escrito.

Anticorrupción expone así que la empresa de Villarejo emitía facturas por conceptos ficticios y en Procisa "maniobraban para que su ilicitud quedara enmascarada durante el proceso de contabilización y pudiera además redundar fiscalmente en beneficio de la sociedad".

La primera fase, Land 1, estaba centrada en Jaime Ostos Alcalá, marido de la otra gran heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda, e hijo del célebre torero. El encargo se selló en febrero de 2013 y en marzo, Villarejo ya tenía un informe preliminar que define el proyecto como "contextualización socio económica y familiar dentro del escenario en que se mueve Jimi para manipular a Viola (el mote que pusieron a Yolanda) e intentar ejercer el control de su patrimonio y rentas".

De acuerdo al resumen de la Fiscalía Anticorrupción, se trataba por un lado de "investigar si el matrimonio celebrado entre ambos en EEUU era válido y podía surtir efectos en España" dado que estarían en gananciales; y, por otro, "conocer sus debilidades/irregularidades" para después "rentabilizar la información" obtenida, así como "generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa".

Land 2 se desarrolló a continuación y con el foco puesto en el conocido como arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, amigo íntimo de Luis García Cereceda y su esposa. El primer informe llegó en mayo de 2013 con objetivo de investigar su esfera patrimonial y "especialmente, en su vida íntima con el fin de conocer sus debilidades y difundir información en los medios de comunicación que perjudique su honorabilidad", según explica Anticorrupción.

Intxicación informativa, informes de origen ilícito

El objetivo, "poder presionarle y que Procisa obtuviera una posición de ventaja en los contenciosos económicos entablados por Torres contra la empresa" con una estrategia similar a la aplicada con Ostos, pero "llegando a conseguir a través de dichas maniobras de intoxicación informativa por medio de los contactos de Villarejo en la cadena Tele5 que Joaquín Torres abandone su colaboración periódica en el programa Sálvame mediante la divulgación de informaciones ultrajantes en el programa Cazamariposas de la misma cadena".

Por último, Land 3, para la "búsqueda de información íntima" de Silvia Gómez Cuétara que la disuadiera de la pugna por la herencia. Villarejo incorporó a su informe un trabajo elaborado por la agencia de detectives Método 3 y datado el 18 de julio de 2012 que la propia Gómez Cuétara les había encargado sobre la estructura de todas las empresas de su difunto esposo.

La cuestión es que ese documento obraba en esas fechas en poder de la Policía Nacional, dado que en febrero de 2013 Método 3 fue registrada por orden de un juzgado de Barcelona y todos sus discos duros, intervenidos. Villarejo se habría hecho así con el informe "de forma ilícita", pues no contaba con permiso de ninguno de los implicados ni con autorización judicial. Hasta la fecha no se ha esclarecido cómo llegó a sus manos.

Consiguió además para sus clientes datos de posicionamiento y tráfico de llamadas telefónicas de Ostos, Yolanda García Cereceda, Torres, Gómez Cuétara y dos amigos de éstos, así como desarrolló "otras medidas de seguimiento personal directamente dirigidas a conocer vínculos de carácter estrictamente íntimo que les permitieran posteriormente utilizarlos como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes".

No obstante, no era la primera vez que trabajaban con el polémico comisario, pues ya en 2012 le habían pagado 21.830 euros por un informe sobre tres empresas con las que tenían un litigio y la juez de Pozuelo que había de resolverlo. En total se abonaron "desde la mercantil Procisa" 362.082 euros en tres años a las empresas de Villarejo y con "el máximo de opacidad", tal y como lo habían acordado.

Para ejecutar todos estos proyectos, Villarejo y Redondo no estaban solos, pues según Anticorrupción, contaron con la colaboración a cambio de precio de otros funcionarios policiales también en servicio activo que se los facilitaran, los "equipos humanos de apoyo", tal y como los describían en sus informes.

El comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y los policías ya retirados Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, están investigados por este asunto y niegan su implicación.