La Audiencia de Palma ha iniciado este miércoles el juicio a seis hermanos Ruiz-Mateos (José María, Javier, Zoilo, Alfonso, Pablo y Álvaro) por presunta estafa agravada y por insolvencia punible en la compra de los hoteles Beverly Playa de Paguera y Beverly Park de Maspalomas, en diciembre de 2008.

Los seis directivos de Nueva Rumasa se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 7 años de prisión para cada uno, porque el ministerio público considera que aparentaron una solvencia inexistente para que los dueños les vendieran su participación en las sociedades propietarias de los dos establecimientos.

Presentaron garantías y avales personales "inveraces" y una vez obtenida la entrega de los hoteles no pagaron el precio de adquisición de 11,7 millones, que nunca tuvieron intención de abonar, e inmediatamente hipotecaron los inmuebles e hicieron desaparecer los fondos obtenidos, recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Para demostrar esta insolvencia el fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha presentado una serie de documentos que demostrarían que antes de la compra de los hoteles Beverly los hermanos Ruiz-Mateos "estaban cerca de la insolvencia"

El fiscal ha retirado el delito de falsedad documental y, entre los 14 documentos que ha presentado, algunos de ellos nuevos, se encuentra "una especie de memorándum" en el que parece que "se contienen las coordenadas frente a la línea de defensa de las querellas" donde se lee una conversación de los hermanos en las que se lee: "Papá decidía y accedíamos porque él nos lo pedía". Esto va, considera Carrau, dirigido a que él asumiera "toda la responsabilidad".

Por su parte, la defensa de los Ruiz-Mateos ha negado este miércoles la responsabilidad de estos en la presunta estafa en la compra de los hoteles Beverly Playa y Beverly Park en Mallorca y Gran Canaria, respectivamente y confía en una "sentencia absolutoria".

Así, el abogado defensor de los directivos de nueva Rumasa, Juan Manuel Gallardo, ha pedido "la nulidad de la declaración" como testigo de Joaquín Yvancos, ya que, según ha explicado, "en el momento de los hechos era el abogado del padre y de los hijos".

Según argumenta el letrado, con su declaración como testigo y con la presentación de distintos documentos considera que ha violado "el secreto profesional". Así, dice que "escandaliza que el que era el abogado en el núcleo de los hechos haya declarado como testigo" cuando, tal como ha manifestado, "era quien más dominaba y controlaba" y ha sido "quien ha podido aportar más de 6.000 folios de documentación".

Respecto a las defensas de las siete entidades consideradas responsables civiles, el abogado defensor de Carcesa ha destacado que "no es imputable la responsabilidad civil" a su defendida y la defensa de Promontoia Holding 36 ha argumentado que se desconocía "todo lo relativo" a las operaciones investigadas y que actuó como "adquiriente de buena fe".

Por su parte, el abogado de Cala Pins también ha dicho que la entidad que defiende debería "abandonar" el proceso y "darse por liquidadas" las cuestiones referidas a ella.

El defensor de Euromontajes ha argumentado que su empresa es "una perjudicada más". "He presentado un conjunto de facturas que demuestran que mi representado ejecutó la obra y a día de hoy todavía le deben crédito", ha dicho para después añadir: "Paradójicamente estamos aquí defendiéndonos como responsable civil cuando somos perjudicados".

Estafa agravada, insolvencia y falsedad documental

En concreto, están acusados, de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad en documento mercantil, Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos, además de Jose María Ruiz-Mateo, su padre, empresario fundador de Rumasa y Nueva Rumasa, fallecido en septiembre de 2015.

Según el escrito de acusación, los hermanos Ruiz-Mateos "jamás tuvieron intención de pagar el precio" y tras obtener las participaciones inmediatamente hipotecaron los inmuebles, de forma que era inviable la recuperación de los mismos. Los fondos de las hipotecas no fueron destinados ni al pago del precio, ni a la actividad de los hoteles sino que se desviaron a beneficio particular