"La inflación esta afectando a todas las familias, pero no de la misma manera", señaló este miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que dibujó un panorama de aumento de la desigualdad y de la pobreza como consecuencia de la inflación, cuyos efectos están siendo más intensos en los hogares de menor renta, aunque sin llegar a ofrecer recetas para afrontar ese fenómeno más allá de abogar por aplicar medidas de apoyo.

"En los últimos meses, los hogares con menor renta han sufrido una inflación superior como consecuencia de que, entre estos hogares, tiene un mayor peso el gasto en bienes de primera necesidad, que son los que han mostrado un mayor encarecimiento relativo recientemente", señaló Hernández de Cos.

Según los datos del Banco de España, mientras la inflación media se situaba entre abril de 2021 y marzo de 2022 en el 4,9% (la interanual alcanzaba el 9,8%) ese indicador se acercaba al 6% para la cuarta parte de las familias con menos ingresos mientras apenas superaba el 4% para el 25% de las de mayores rentas.

Solo la factura de la energía y los alimentos, que son dos de las gamas de productos que más están subiendo, se comen la cuarta parte del gasto de los primeros mientras no llegan a la sexta para los segundos.

"Apoyo a los hogares de rentas más bajas"

Sin embargo, el gobernador del Banco de España no llegó a ofrecer recetas concretas para hacer frente a esos aumentos de la desigualdad y de la pobreza, más allá de considerar "deseable centrar los esfuerzos" de la política fiscal "en el apoyo a los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y a las empresas más vulnerables a esta nueva perturbación".

En este sentido, Hernández de Cos abogó por "seguir ajustando las condiciones de acceso al IMV [Ingreso Mínimo Vital], de forma que cumpla eficazmente con su objetivo de erradicar la pobreza extrema y evitar efectos indeseados", y por aplicar "un impulso significativo de la oferta de vivienda en alquiler" mientras planteaba que medidas como la limitación de rentas que plantea la Ley de Vivienda "podrían no tener el efecto deseado o incluso, en el medio plazo, suponer efectos adversos".

"Una inflación tan elevada agrava la situación de quien menos puede adaptarse a ella, que son los pensionistas y los asalariados", anota Julio Rodríguez, de Economistas Frente a la Crisis, que recuerda cómo, en contraposición, "las empresas sí pueden trasladar los aumentos de costes a los precios".

La generalización de esa última decisión está provocando, según la mayoría de los analistas, un agravamiento de la inflación, un criterio que comparte el gobernador del Banco de España: "somos más pobres, eso es ineludible", admitió, al tiempo que reclamaba "un acuerdo nacional para el reparto de los daños, y recalco lo de los daños".

"Las empresas, en un intento de mantener sus márgenes, están trasladando esos incrementos de los costes a los precios", aseguró, como consecuencia de lo cual "se está produciendo una caída significativa de los salarios reales".

Se refería al frustrado pacto de rentas entre los dos grandes sindicatos y patronales, para el que sugirió como líneas maestras tanto evitar trasladar todo el aumento de costes a los precios como no indexar los salarios a la inflación ni incluir cláusulas de salvaguarda de toda la merma de poder adquisitivo.

Un acuerdo que incluya a pensionistas y funcionarios

"La evolución debe ser acorde a la situación del país y de cada empresa", señaló, mientras abogaba por incluir las nóminas de los funcionarios y los pensionistas en ese acuerdo, lo que, por otro lado, algo que no deja de tener un aire de sugerencia al Gobierno para que se siente en esa mesa y la lidere como patrón de esos dos últimos colectivos.

"También sería aconsejable que se evitaran fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda, con el objetivo de reducir el riesgo de una realimentación entre los incrementos de salarios y precios", dijo el gobernador, que consideró "conveniente que el pacto de rentas contemplara compromisos plurianuales en lo relativo tanto a los incrementos salariales como a la protección del empleo".

El planteamiento no dista mucho, o sí, del que anota Rodríguez, que aboga por recuperar la fórmula de los Pactos de la Moncloa de 1977 (entonces con la inflación en el 28%), aunque con un matiz de calado: "Lo que no puede ser es tener una inflación tan alta y unas revisiones salariales tan bajas".

"Es positivo que haya un acuerdo salarial con una garantía que permita recuperar una parte de poder adquisitivo", explica, para lo que propone vincular las subidas a la inflación prevista en lugar de a la pasada y limitar la salvaguarda a una parte de ese merma del salario real, algo que, por otro lado, entraña la posibilidad de tirar a la baja del IPC.

Para las pensiones apuesta por subidas por tramos, alineadas con el aumento del coste de la vida en las franjas de menores ingresos y no tanto en las de mayor cuantía.

Los tipos de interés agravarán la mengua de los salarios

¿Y qué ocurrirá si ese pacto, o esa distribución de las cargas derivadas de la superposición de crisis, no sale a flote? Está por ver, como la hipótesis contraria, aunque algunos de los datos y análisis que fue desgranando el gobernador del Banco de España apuntan a que, en cualquier caso, no alcanzarlo no parece que fuera a ayudar a reducir la desigualdad ni su tendencia creciente.

"Eludir esa responsabilidad", señaló, haría que los efectos de la inflación fueran más intensos, lo que provocaría "perdidas de empleo y de competitividad" en un país cuyo mercado de trabajo tiene "la temporalidad y el paro de larga duración" como "principales problemas" y que se sitúa como uno de los que menor "probabilidad de reempleo" ofrecen tras la pérdida de un trabajo.

A eso se le suma que "probablemente" los tipos de interés subirán en junio para abandonar los registros negativos en septiembre, y que el impacto de una medida de ese tipo en las economías familiares es más intenso cuanto menores son los ingresos; es decir, que contribuiría a ensanchar las brechas de desigualdad al añadir esa medida un nuevo mordisco a los bocados que la inflación lleva meses dando a los salarios reales y las rentas de menor cuantía.