La Fiscalía Anticorrupción ha endurecido sus posiciones en su escrito de acusación en el juicio por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia en lo que respecta a las personas físicas que llevan ocho meses en el banquillo, pasando de acusar a sólo cuatro exdirectivos de la entidad a señalar a 14 de ellos, pero no ha hecho lo propio con las personas jurídicas en el punto de mira de las acusaciones particulares y populares personadas en la causa.

La representante del Ministerio Público Carmen Launa ha dado a conocer este lunes su escrito de acusación definitivo en el juicio por la ruinosa salida a bolsa de Bankia, en la Audiencia Nacional. El texto es duro con parte de los acusados -eleva de 5 a 8 años y medio la petición de cárcel para Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad documental-, si bien también plasma la justificación de la Fiscalía para no acusar penalmente a Bankia, su matriz, BFA, y la auditora Deloitte.

Launa entiende que el caso de BFA y Bankia cuadra con la exención de responsabilidad para personas jurídicas que recoge el artículo 31 bis del Código Penal, y que hace referencia a aquellas que “adopten y ejecuten con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza, o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. “El comportamiento de BFA/ Bankia como corporación acredita el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial”, reza el texto. “La conducta corporativa de Bankia demuestra el compromiso de sus actuales dirigentes con una cultura de cumplimiento corporativo que alcanza a la exención de la pena que pudiera corresponderle”. “Todas estas consideraciones pueden hacerse extensivas a su matriz BFA”, apunta.

Lo justifica afirmando que el socio mayoritario de Bankia, el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria -FROB- promovió una remodelación de la cúpula de la entidad en mayo de 2012, casi un año después de la ruinosa salida a Bolsa de julio de 2011. Incide en que esto supuso el cese de algunos directivos y la reformulación de las cuentas anuales de 2011, descubriéndose la verdadera situación económica de Bankia.

En segunda instancia, la Fiscal recuerda que Bankia investigó el uso de las tarjetas black entregadas a algunos de sus directivos por la propia entidad entre los años 2003 y 2012, y que esto se saldó en 2017 con una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional a medio centenar de exdirectivos -entre los condenados está el propio Rato, que debe afrontar una pena de cuatro años y medio de cárcel-.

En última instancia, recuerda que Bankia “procedió a partir del 18 de febrero de 2016 a devolver el importe íntegro de su inversión inicial” a todos los pequeños accionistas que compraron títulos en la salida a Bolsa, en julio de 2011 -cuatro años y medio antes del inicio de las devoluciones. “Y en ambos casos les abonó unos intereses compensatorios del 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión”, apostilla el Ministerio Público.

Y, en lo que respecta a Deloitte, la Fiscalía argumenta que le sería aplicable esta exención de responsabilidad. Afirma que, al ser “una sociedad profesional regida por la ley”, los socios de la firma son autónomos, y por tanto son los únicos responsables de su actuación. “La actuación profesional de los socios que la integran se rige, por mandato legal, por los principios de absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de su trabajo de auditoría”, sostiene el Ministerio Público.

Además, se sirve de esta “autonomía” para acusar al socio de Deloitte, Francisco Celma, para el que desde este lunes pide dos años de cárcel. Según Anticorrupción, es Celma, y no Deloitte, el “responsable de firmar el informe de auditoría que acompaña al Folleto de Emisión depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores [CNMV]”, antes de la salida a Bolsa. “La firma de la que es socio no interviene, ni puede intervenir, de forma que la responsabilidad que recaiga sobre la actuación auditora lo será sobre el socio auditor, y no sobre la firma o sociedad profesional a la que pertenece”.

El escrito de acusación, de 100 páginas, recoge en sus últimos folios que la Fiscalía pide esta absolución “sin perjuicio de sus responsabilidades civiles”. A este respecto, cuando reclama que los acusados Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Celma indemnicen “conjunta y solidariamente por partes iguales” a los inversores minoristas personados en el procedimiento, sí reclama que Bankia, BFA y Deloitte respondan como responsables civiles subsidiarios.

Con todo, la sesión de este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) ha resultado algo desordenada por momentos; tras la Fiscalía han tomado la palabra el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) y otras tantas acusaciones. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha decidido dar a las defensas una semana para estudiar los escritos de acusación, para retomar las sesiones el martes 30 de julio.

Hasta la fecha, y aunque no se sienta en el banquillo de los acusados, el Banco de España ha sido protagonista involuntario de buena parte de las sesiones -sí se ha visto representado por un selecto grupo de testigos-. Como su rol, las reticencias a comparecer de Christine Lagarde, que hace días dejó la presidencia del FMI para ocuparse de la del Banco Central Europeo (BCE) han marcado el juicio. 

La dureza de la Fiscalía con Rato y Olivas

En otro orden de cosas, el escrito del Ministerio Público está cargado de reproches hacia Rato y hacia el expresidente de Bancaja y exnúmero dos de BFA, Olivas. Al primero le acusa de falsedad contable y estafa a inversores; al segundo por la supuesta falsificación de las cuentas -para él reclama 5 años de cárcel-.

La fiscal defiende que la caída de Bankia -que acabó tragándose más de 22.000 millones del rescate público a la banca- en ningún caso puede entenderse como un elemento separado de la “inadecuada gestión” de Caja Madrid y Bancaja, comandadas por Rato y Olivas, y en las que aprecia “deficiencias de gestión”-. También destaca su “especial responsabilidad” en que el debut bursátil se consumara “sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial” de Bankia.

A Rato le reprocha haberse valido de su popularidad y “prestigio” como vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y de su cargo como director gerente del Fondo Monetario Internacional para encarnar "el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad'. Considera probado que “en todo momento” pilotó la salida a Bolsa.

Olivas, siempre según la Fiscalía, habría estado al tanto de la “inconsistencia del proyecto”, y pese a ello no se opuso a la salida a Bolsa, aunque la entidad estuviera dando a los inversores “información incompleta e inveraz que ocultaba la situación crítica de Bankia”.