MADRID.- El Canal de Isabel II sólo sancionó con una suspensión de empleo y sueldo de tres meses a los altos cargos de la empresa pública responsables del pago de los 1,4 millones “por obras no realizadas” a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A, en concurso se acreedores. Así lo ha admitido el actual director general de la empresa encargada del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, Adrián Martín López de las Huertas, durante la sesión parlamentaria de la comisión de deuda.

Tres técnicos del Canal de Isabel II certificaron indebidamente que unos servicios contratados se habían cumplido e hicieron que la empresa pública pagase 1,4 millones por unas obras que no se llevaron a cabo entre mayo y agosto de 2011 en Majadahonda.

En aquellos años, López de las Huertas era el director de ingeniería del Canal y por sus manos pasó el informe en el que se solicitaba el pago millonario a la compañía privada. “Se necesitó su aprobación para que el Canal pagase esos 1,4 millones”, ha puntualizado el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez. También pasó por su mesa el documento disciplinario llevado a cabo por una empresa externa al Canal, Inncive S.L, que no derivó a ningún órgano superior que pudiera investigar esta cuestión.

PSOE-M y Podemos han acusado en la sesión de la comisión de deuda a López de las Huertas de conocer y no denunciar ante la Fiscalía el pago “por obras no realizadas” y la actuación de sus tres técnicos. “Al jefe y a la subjefa de departamento sólo se les suspendió de empleo y sueldo durante tres meses y al otro técnico, que tenía un puesto inferior de director de obra, directamente se le echó de la compañía”, ha señalado el diputado socialista Pedro Santín.

Sesión parlamentaria de la comisión de deuda de la Asamblea de Madrid. A.I.

En su declaración, López de las Huertas no ha negado que se pagase esa cantidad millonaria a Joca Ingeniería y Construcciones S.A y ha admitido que la empresa privada exigió mucho más al Canal. La compañía demandó a la encargada del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y exigió –ante el Juzgado Mercantil nº1 de Badajoz, lugar en el que se encuentra la sede de Joca– que el Canal les pagara otros 3 millones más por una modificación en los contratos de obra. El director general no ha aclarado si finalmente se pagaron o no.

“No sé si hay muchas irregularidades o no, pero siempre les damos la vuelta a las mismas”, ha declarado el alto cargo de la empresa pública respecto a su gestión. Según este responsable, él no tenía por qué saber “todo lo que pasaba en el Canal” ni tampoco si Joca estaba en concurso de acreedores. También ha negado que la compañía privada haya vuelto a trabajar con ellos.

Los dos partidos de la oposición, Podemos y PSOE-M, también han criticado a la dirección del Canal de Isabel II por no haberse personado en el concurso de acreedores de la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A, para que se devuelva ese dinero a los contribuyentes y han incidido en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que toda persona que tenga conocimiento de conductas presuntamente delictivas tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades.