@JairoExtre

MADRID.- El ERE de la embotelladora de Coca-Cola en España parece el cuento de nunca acabar. Son ya tres años de conflicto laboral, pese a dos sentencias judiciales que declaraban nulos los despidos y que aseguraban que Coca-Cola vulneró los derechos de los trabajadores durante la huelga indefinida que mantuvieron contra el cierre de la fábrica de Fuenlabrada.

Este miércoles, el Tribunal Supremo tendrá que volver a pronunciarse después de que, en abril de 2015, avalara la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nulos los despidos y obligaba a readmitir a los trabajadores en su anterior puesto de trabajo, con las mimas condiciones laborales y con el mismo horario. Una tarea complicada cuando ya se habían desmantelado las cuatro fábricas que la embotelladora anunció que cerraría en Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante.

"La empresa siempre ha seguido una política de hechos consumados", denuncia Juan Carlos Asenjo, responsable de la sección sindical de CCOO en lo que queda de la fábrica madrileña.

Fueron los empleados de Fuenlabrada y el sindicato CCOO los que dieron la batalla hasta las últimas consecuencias. La suya era la planta más moderna, más productiva y con mejores condiciones laborales. El buque insignia de Coca-Cola Iberian Partnes, compañía resultante de la fusión de las cinco embotelladoras del refresco de la Península. Hoy forma parte de otro grupo aún más grande, Coca-Cola European Partners, el mayor embotellador de Coca-Cola y derivados del mundo y que, desde hace siete meses, cotiza en bolsa.

Fue este plan de macrofusión empresarial el que motivó el ERE. Más de 1.200 trabajadores se vieron afectados. La empresa anunció más de 700 despidos, acometidos casi todos con bajas incentivadas, y decenas de familias que serían obligadas a cambiar de ciudad si querían mantener el empleo. 

La mayoría aceptó las condiciones de salida, pero no los llamados espartanos, unos 300 empleados de Fuenlabrada que no estaban dispuestos a aceptar un ERE que, como dictaron los jueces, no se ajustaba a derecho.

Tras los varapalos judiciales, la empresa se vio obligada a readmitir a estos trabajadores que se convirtieron en un quebradero de cabeza, aunque fácil de sobrellevar mientras los accionistas se embolsaban suculentos dividendos hace apenas un año. La solución de la compañía para readmitir a los empleados fue reconvertir la desmantelada fábrica madrileña, que en su día acogió a 800 trabajadores, en un centro logístico y tecnológico.

Así fue como presentó el proyecto a la Audiencia Nacional, que avaló la operación. "Mantiene milimétricamente las categorías profesionales, los salarios y horarios que tenían los trabajadores antes de que la fábrica se convirtiera en centro logístico", decía el auto.

Con el visto bueno judicial, la empresa anunció la reapertura del centro de trabajo, pero CCOO recurrió ese auto de ejecución y es el Supremo el que decide si Coca-Cola está cumpliendo la sentencia o no a día de hoy.

Un "proyecto fantasma"

Asenjo, que ha sido el portavoz de los trabajadores desde que acamparon a las puertas de la fábrica de Fuenlabrada, es uno de los readmitidos en el centro logístico.

Asegura que en nada se parecen los actuales puestos de trabajo a los que había antes del cierre, que están allí parados la mayor parte del tiempo porque no tienen tareas designadas o que, simplemente, pasan los días moviendo embases vacíos. "El químico de la planta ahora es jardinero", aseguró en rueda de prensa la pasada semana. Considera que el centro logístico es "un proyecto fantasma" que la compañía utiliza para no cumplir la sentencia y que los 175 trabajadores que están allí son "víctimas de un mobbing colectivo” para que tiren la toalla y acaben marchándose.

Los readmitidos denuncian que no ha habido readmisión, que la solución de Coca-Cola es "una burla a la justicia" y que la "credibilidad de los tribunales" depende de lo que diga el Supremo en este nuevo litigio."Tres años después, ni estamos en el mismo puesto de trabajo ni cobramos lo mismo. No hay una tutela judicial efectiva", critica Asenjo, respaldado por su sindicato.

Puede que el Supremo vuelva a darles la razón, pero parece una utopía pretender que un juez obligue a una empresa a reabrir una fábrica que ha cerrado, tenga o no motivos para ello.