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Consejo de Ministros El Gobierno concede la última prórroga de 10 años a la plataforma petrolífera de Repsol en Tarragona

Casablanca es la única plataforma de España, de la que dependen 150 millones de euros en inversiones y 120 empleos

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Plataforma petrolífera Casablanca, frente a la costa de Tarragona, operada por Repsol.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un real decreto para otorgar la segunda y última prórroga a la concesión de la plataforma petrolífera Casablanca por 10 años más, después de que Repsol haya cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para su aprobación.

Por tanto, se otorga una segunda prórroga de la concesión a partir de este viernes 28 de diciembre de 2018 con vigencia hasta el 27 de diciembre de 2028, tras la última concedida el 17 de marzo de 2009 por un periodo también de 10 años.

Propiedad de Repsol y situada frente a las costas de Tarragona, Casablanca es la única plataforma petrolífera de España. La concesión de explotación de hidrocarburos de la planta fue otorgada por un real decreto de 1978 por un período de 30 años, con dos periodos adicionales de diez años cada uno.

Según informaron fuentes del sector, había en juego unas inversiones totales cercanas a los 150 millones de euros durante estos últimos 10 años de prórroga de la concesión.

La producción actual de petróleo en la plataforma Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado -a precios de hoy, en torno a los 60 dólares por barril- de 40 millones de euros. Su producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

A eso hay que sumar el conjunto de actividades en el área de transporte, logística o suministros que se generan alrededor de la instalación, que representa una actividad tractora, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

La plataforma genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, siete millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales, principalmente).