Bergondo es un pequeño municipio de 6.500 habitantes ubicado en el cinturón rururbano de A Coruña que ha decidido que la condición necesaria para crecer y desarrollarse pasa por no dar ni una oportunidad a la economía del ladrillazo.

Gobernado en coalición por el PSOE y Anova –una de las tres patas de En Marea-, acaba de enviar a la Xunta un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que admite que las gélidas previsiones demográficas para los próximos lustros, unidas a las consecuencias del crac inmobiliario y al stock de viviendas ya existente, obligan a apostar por un modelo bien distinto del que venía aplicándose. El municipio forma parte de la reserva de la Biosfera de As Mariñas-Terras do Mandeo –el río que origina la ría de Ares y Betanzos-, y está estructurado en pequeñas parroquias congregadas en torno a los pazos y las iglesias medievales desde los que la Iglesia y los señores feudales ejercían su poder sobre el campesinado.

Durante el final del siglo pasado, especialmente durante los años ochenta y noventa, esa ancestral base agraria que se había mantenido más o menos estable se vio trastocada por la huida de población autóctona y la proliferación de segundas residencias. Muchas familias de la provincia, sobre todo de la ciudad de A Coruña, optaron por Bergondo como lugar ideal para levantar su vivienda de verano o su fin de semana, atraídas por la placidez de sus playas y bosques y por sus buenas comunicaciones –por Bergondo pasan dos autovías, la de Madrid y la que conecta el eje atlántico de Galicia desde Ferrol hasta Portugal-. También, cómo no, por la laxitud de una normativa urbanística regida por unas normas subsidiarias de hace un cuarto de siglo.

Bergondo está pegado a Miño, el municipio donde la inmobiliaria Fadesa proyectó una colosal urbanización con más de 1.200 viviendas, entre pisos y adosados, y que se convirtió en una de las imágenes representativas de la crisis. Convertida hoy en una ciudad fantasma, Costa Miño arrastró a la quiebra a Fadesa y a Martinsa, la inmobiliaria con la que se fusionó poco antes de provocar el mayor concurso de acreedores de la historia de Europa.

“No podemos basarnos en previsiones irreales, por sentido común y porque además la normativa nos lo impide. Lo que reconoce el borrador del PGOM es una situación más realista. Apostamos por un crecimiento sostenible, lo que puede parecer un tópico porque son las palabras de moda, pero es que es así”, asegura la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, al frente del Gobierno local desde hace nueve años.

Según el documento, las segundas viviendas llegaron a representar al comienzo del milenio un 40% del parque residencial de la localidad. Desde entonces ese porcentaje se fue reduciendo, pero en dos tramos temporales separados por el abismo de la crisis: entre el 2000 y el 2007 el Ayuntamiento concedió 525 licencias de obra nueva, casi cuatro veces más de las 107 que otorgó entre el 2008 y el 2015. Mientras tanto, la cifra de habitantes permanecía prácticamente estancada en ese período. Y según el PGOM, incluso podría caer hasta el año 2030.

La regidora insiste en que reconocer esa situación no significa que se vayan a poner trabas a la construcción, pero sí al desorden con que se venía construyendo hasta ahora. “Cuando creces poco a poco a través de normas subsidiarias, vas desordenando el territorio. Y un plan es para ordenar, no para obrar”, aclara.

El PGOM explica con ejemplos prácticos los problemas derivados de esa “densificación sin planificación” en un medio rural: la red viaria se ha quedado obsoleta y resulta inapropiada para soportar la convivencia entre peatones y automóviles; se ha creado un modelo económico disperso que compromete una gran cantidad de suelo encareciendo notablemente las infraestructuras; se ha imposibilitado la provisión apropiada de equipamientos y servicios públicos a los vecinos, a los que se discrimina en su acceso a ellos en función de su lugar de residencia; se ha comprometido la sustentabilidad ambiental con la fragmentación de los ecosistemas naturales... “Este proceso fue especialmente dinámico durante la década pasada con una media de 93,5 viviendas [nuevas] al año. Actualmente esta cifra se ha reducido a siete viviendas por año, por lo que nos encontramos en un período muy apto para la restructuración y la mejora del hábitat”, aseguran los redactores del borrador.