El drama de los desahucios continúa, en medio de un contexto de aparente recuperación económica. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410 ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble ). Son, sin embargo, cifras menores a las registradas un año antes.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas ante los juzgados cayeron un 29% en 2016, mientras los lanzamientos practicados descendieron el 6,4%.

La Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas en las que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2016, con aumentos del 9% y del 5,6%, respectivamente. Los descensos fueron especialmente significativos en la Comunidad Valenciana (39,6%), en Galicia (39,2%) y Navarra (38,8%) y superiores al 30% en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.

La estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales muestra que de más de la mitad de los lanzamientos, un 54,2 % equivalente a 34.193, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 26.397 (un 41,9%) se produjeron tras una ejecución hipotecaria, y los 2.447 restantes, por otras causas.

Los lanzamientos por impago de alquileres se redujeron durante el pasado ejercicio un 4,2%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 9,7%.

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Por comunidades autónomas, Catalunya (con 14.069, el 22,3 % del total nacional)- fue donde se practicaron el año pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia, con 9.635.

Si se tienen en cuenta sólo aquellos provocados por la ley de arrendamientos urbanos, también Catalunya encabeza la clasificación, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364.

De los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Valencia se registraron 5.398; en Andalucía, 5.193; y en Cataluña, 4.452.