MADRID.- Las políticas de ajuste han tenido efectos devastadores sobre la inversión pública en España. El conjunto del Estado licitó obras por importe de 40.355 millones de euros en 2007. A partir de entonces, la cifra empezó a descender y tocó suelo en 2012, tras llegar Mariano Rajoy a la Moncloa.

El Gobierno central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales dedicaron a tal fin sólo 7.442 millones en ese ejercicio, un 80% menos que antes del inicio de la crisis.

En 2013 y 2014, la licitación volvió a subir, aunque de forma muy moderada, hasta alcanzar los 9.172 y los 13.078 millones de euros, respectivamente. Hay que tener en cuenta que 2014 fue año preelectoral en los tres escalones de la administración y que, desde que las obras salen a concurso hasta su puesta en marcha, suelen transcurrir meses.

En 2015, hubo un nuevo descenso y la licitación se quedó en 9.395 millones. La primera mitad de 2016 se saldó con 4.536 millones.
​

Según datos recogidos por la patronal de las grandes constructoras Seopan, Gobierno, comunidades autónomas y corporaciones locales licitaron por importe de 162.403 millones de euros entre 2008 y finales de junio de este año. Se incluyen ahí tanto proyectos de edificación (viviendas, colegios, hospitales) como de obra civil (carreteras, puertos, ferrocarriles). Si se hubiera mantenido el nivel de inversión de 2007, se habrían superado los 340.000 millones durante esos ocho años y medio.

Los 180.000 millones de euros que se han dejado de invertir están repartidos de forma relativamente homogénea, aunque el mayor hachazo corresponde al ajuste presupuestario llevado a cabo por los diferentes ejecutivos regionales. La licitación de la administración central pasó de 16.283 millones en 2007 a 4.296 en 2015 (-74%); la de las comunidades autónomas, de 13.128 millones a 2.540 (-80%), y la de las corporaciones locales, de 10.954 millones a 2.559 (-77%).

El retroceso de este importante capítulo del gasto público no sólo supone un paso atrás en la mejora de los equipamientos sociales, sino que inflige también un grave perjuicio al crecimiento económico y al empleo. Afecta, además, a un sector ya duramente castigado por el desplome de la actividad privada y que ha acaparado buena parte de la destrucción de puestos de trabajo en España.