La economía catalana crece pero no se traslada a los hogares

La economía catalana mantiene un buen ritmo si nos atenemos a las cifras que publican los organismos oficiales. La última, la del Producto Interior Bruto (PIB), se ha dado a conocer hace pocos días por parte del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que muestra que el PIB de Catalunya creció un 0,7% durante el segundo trimestre y un 3% en el último año. Sin embargo, otra estadística difundida por el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), la del Índice de Precios al Consumo (IPC), muestra el reverso de la realidad.

Los datos macroeconómicos indican que la economía catalana se sitúa por encima de la media estatal y comunitaria, pero la escalada inflacionaria, impulsada por la energía, los carburantes y la alimentación impiden que esta bonanza se traslade al ámbito doméstico. Esta pérdida de poder adquisitivo, unida a las dificultades para recuperar las bajadas de salarios, el incremento desigual de las rentas, la subida de la deuda de las familias o la incertidumbre de las empresas en relación con sus decisiones de inversiones conforman un cóctel que dibuja los retos pendientes de la economía.

En su análisis de los datos del PIB, el propio Govern admite un "encarecimiento del coste de vida y la progresiva pérdida de poder adquisitivo generada por la crisis de Oriente Medio". La evolución de la demanda interna, sostenida por el aumento del consumo de los hogares y de las administraciones públicas, hace concluir que la actividad económica va al alza. Pero la coyuntura se revierte si el foco se pone en la riqueza por habitante.

En agosto, el IPC ha subido cinco décimas en Catalunya, subiendo al 4% interanual. La del mes pasado es la subida más alta desde marzo de 2023. En un mes, los precios crecieron un 0,6%, impulsados por la electricidad, el gas y los combustibles. Ante este escenario, los salarios siguen perdiendo adquisitivo real, sin haberse compensado aún las pérdidas de sueldo del anterior periodo inflacionario, derivado del inicio de la guerra en Ucrania en el año 2022.

Deuda y economía doméstica

Mientras el PIB refleja el pulso de la macroeconomía, la inflación muestra una fotografía más realista del reparto de la riqueza, de los salarios y el impacto en determinados colectivos de las desigualdades sociales. Así lo detalla la investigadora en justicia financiera del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) Nicola Scherer. En este sentido, afirma que "el encarecimiento de la energía ya se está notando en la adquisición de alimentos en las rentas de las familias vulnerables".

Algunas consecuencias de esta realidad, según indica Scherer, son la pobreza energética y la falta de recursos de muchos hogares para afrontar las recientes olas de calor. Asimismo, advierte de un efecto de la crisis en femenino, ya que "todavía son las mujeres las que gestionan la economía de los hogares y el cuidado de las personas que viven en ellos, viéndose obligadas a recurrir a préstamos que incrementan la deuda de las familias". Según previsiones del Banco de España, este endeudamiento alcanzará el 65% de la renta. Para Scherer, la deuda se está convirtiendo en un elemento esencial para sostener la economía doméstica.

Ante esta situación, la investigadora insta a que las empresas acuerden subidas de sueldos con los representantes de los trabajadores para que estos absorban el impacto de la inflación en sus rentas disponibles. Paralelamente, reclama "una reducción de la jornada laboral para mejorar las condiciones del mercado de trabajo". Scherer critica las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, ya que considera que "solo sirven para incrementar la deuda de las familias porque la inflación está ocasionada por una caída de la oferta fruto de factores geopolíticos y la especulación con bienes de primera necesidad".

Medidas de intervención

A consecuencia de la guerra de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, la oferta energética se ha reducido de forma drástica, lo que ha provocado una espiral inflacionista. Por este motivo, el sindicato CCOO Catalunya exige a la Administración "continuar impulsando medidas de intervención en los precios con el fin de minimizar el impacto de la inflación". El Gobierno tiene previsto retirar buena parte de las medidas fiscales, como la bonificación de los carburantes, a finales de septiembre.

Desde el punto de vista estructural, el sindicato reclama la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales de ámbito catalán. Este órgano ya se constituyó en el año 2022, con la crisis de las materias primas y energéticas, pero sólo tenía alcance estatal. Ahora, CCOO Catalunya cree que resulta "necesario disponer de este instrumento de control lo antes posible". Así, según la organización, se podrían utilizar los datos extraídos para afrontar los procesos de negociación colectiva.

Para Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, los datos del IPC son preocupantes, no por su intensidad, como por la previsión de que sea el inicio de un periodo sostenido de inflación elevada. En este contexto, precisa que "la consecuencia para las empresas es que ya no pueden planificar contando con una normalización rápida de los costes". Por esta razón, solicita que el Gobierno del Estado aclare qué régimen fiscal aplicará al gasóleo profesional mientras prosiga la incertidumbre en los mercados. La entidad advierte de que si no se decide compensar el diferencial de precios y éste salpica los costes empresariales, la espiral puede "perjudicar la posición competitiva de las pymes y poner en cuestión esa ventaja".

Expertos, sindicatos y empresas coinciden en que la escalada de la inflación hace necesaria una acción paliativa de los gobiernos para proteger a determinados colectivos ciudadanos y profesionales más vulnerables y expuestos a este bache. Algunas voces claman por volver a la casilla del año 2022, con un transporte público gratuito y bonificado y una congelación normativa en el incremento de los precios de los alquileres.