"Somos un cuerpo estatal, con un sueldo base igual en todo el país. La diferencia está en los complementos, que cada comunidad aplica como considera", explica Guillermo Herráiz, responsable de Enseñanza de CCOO en Aragón, organización que denuncia en un informe cómo los salarios medios finales de los maestros y profesores de la enseñanza pública pueden llegar a tener horquillas de alrededor de 9.000 euros.

Eso ocurre en la FP, donde entre los 31.808 euros brutos anuales de un profesor aragonés y los 40.796 de otro que trabaje en Euskadi se da una diferencia de 8.988, una brecha que se reduce ligeramente en las escuelas y los institutos.

Los cálculos incluyen, en todos los casos, los complementos que se cobran junto con los sueldos básicos por antigüedad, formación, desempeño de cargos u otros motivos como la insularidad.

"Las diferencias salariales entre territorios vienen determinadas por las retribuciones que tienen carácter autonómico, englobadas en las retribuciones complementarias", advierte el documento, que anota cómo "en la última década ha habido distintos recortes y congelaciones salariales en todo el Estado que se han traducido en una pérdida de poder adquisitivo docente".

En la enseñanza Primaria las diferencias se sitúan en los 5.740 euros que separan los 30.995 que paga el Gobierno de Aragón de los 36.736 que recibe un maestro en Ceuta, en este caso con un complemento específico por las peculiaridades del enclave, y en Secundaria ascienden a 8.244, de nuevo con los mismos territorios en los extremos aunque ahora con los registros en 34.726 y 42.970; siempre, en términos de salario bruto anual.

"Cada comunidad ha ido aplicando los complementos que ha considerado oportunos", remarca Herráiz, que asegura que "en Aragón hay un bloqueo de la negociación. Nos reunimos mucho con la Consejería de Educación pero apenas ha habido avances desde 2016. La enseñanza ha dejado de ser prioritaria".

En cualquier caso, los salarios brutos de cualquiera de esos tres segmentos de la enseñanza pública se encuentran claramente por encima del salario medio de 22.837 que, según las estimaciones del INE, recibe en España un trabajador con un empleo tipo, y se les aplica la subida del 0,9% que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para los sueldos públicos.

"Globalmente, si unimos nuestra última posición en materia de retribuciones, nuestro liderazgo en cuanto a horas lectivas y la alta tasa de interinidad, nos convierte en el profesorado con las peores condiciones laborales del Estado", concluye el informe, titulado El profesorado peor pagado de España.

El Gobierno de Aragón, que sostiene que en los últimos siete años ha reducido los ratios de alumnos por clase, el nivel de interinidad y el horario lectivo de los profesores de secundaria, matiza la posición del sindicato en el ámbito salarial: "en 2016 se aprobó la extensión de nombramientos de interinos hasta el 31 de agosto, permitiendo recuperar el cobro íntegro de las retribuciones de este colectivo los meses de verano", a lo que se añade que el primer llamamiento se efectúa el primer día hábil de septiembre, señalaron fuentes de la Consejería de Educación.

El estudio pone sobre la mesa dos constantes sobre las políticas salariales de las comunidades autónomas en materia de enseñanza: los enclaves africanos y los territorios forales ocupan los primeros puestos por la cuantía de los salarios tanto en Primaria como en Secundaria, mientras que inmediatamente por encima de Aragón en la cola se alternan en los dos casos tres de los gobiernos autonómicos emblemáticos del PP como son los de Madrid, Andalucía y Castilla y León.

La tendencia a pagar sueldos bajos de los gobiernos del PP

En la FP, Canarias desplaza a Navarra en el grupo de cabeza mientras en el de cola Catalunya ocupa el lugar de Madrid, lo que vendría a confirmar, con esa excepción y por pasiva, la tendencia a la cicatería de las administraciones de signo conservador en la enseñanza pública, reforzada también por la aparición de Galicia cerca de esos puestos de cola en los dos principales grupos.

Galicia, Andalucía y Madrid aparecen, por el contrario y por este orden, como los territorios en los que menor tasa de interinidad sufren los profesionales de la enseñanza, con un 5,2% en la primera de ellas y un 13,1% y un 14,3% en las otras dos cuando la media estatal se sitúa en el 22,6% y alcanza cotas superiores al 33% en Navarra, Catalunya, Euskadi y Aragón.

"La inestabilidad en el empleo docente (…) también afecta a la calidad docente, no porque el personal interino tenga menos capacidad para realizar su trabajo, sino porque la alta rotación de personal en un mismo centro educativo dificulta que los proyectos y programas que allí se desarrollan tengan la adecuada continuidad", señala el informe, que también dedica un apartado a la duración del horario lectivo.

Las "situaciones asimétricas" con la jornada lectiva

La llamada Ley Celáa, vigente desde mediados de 2019, recomienda "con carácter ordinario un máximo de veintitrés horas [semanales] en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general", aunque deja al criterio de las comunidades la determinación de esa jornada.

En realidad , solo en cuatro territorios, en Navarra, Euskadi, La Rioja y la Comunitat Valenciana, se aplica la jornada semanal de 23 horas en Primaria y en Infantil, mientras otras tres, Cantabria, Castilla y León y Catalunya, la han recortado a 23.

El seguimiento de la recomendación ha sido mayor en Secundaria y FP, con reducciones a 18 horas de carga lectiva semanal por profesor en La Rioja, Navarra, Euskadi, Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias y la Comunitat Valenciana y un régimen de 19 en Baleares, Cantabria, Catalunya, Extremadura y Castilla y León.

Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y los dos enclaves africanos son los únicos territorios que mantienen las jornadas más amplias en ambos casos.

Esas decisiones, señala el documento, han generado "situaciones asimétricas entre los distintos territorios y, en consecuencia, un agravio comparativo en las condiciones de los y las docentes en función de su enclave territorial", ya que, según el sindicato, "el aumento de la carga lectiva resta, de facto, tiempo para otras tareas docentes como la programación, la preparación de clases, evaluación, formación, corrección, atención a alumnado y familias o innovación".