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Las empleadas del hogar denuncian estar abandonadas y piden una ampliación de medidas similar a los ERTE

Una treintena de organizaciones de empleadas del hogar de toda España han lanzado una campaña en redes para pedir a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se siente a hablar con el colectivo. Afirman que llevan meses intentando negociar el avance de sus derechos laborales sin éxito y piden que el subsidio extraordinario se agilice y extienda en el tiempo como se ha hecho con los Expedientes de Regulación de Empleo.

empleadas del hogar
Manifestación de empleadas del hogar

Marisa Kohan

A las empleadas del hogar se les está acabando la paciencia. Afirman que llevan meses pidiendo una reunión con los máximos responsables del Ministerio de Trabajo, pero que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Nada.
Por ello este miércoles una treintena de organizaciones que agrupan a estas trabajadores en todo el estado español iniciaron una campaña en redes sociales (#ContamosContigoYolanda) para pedir a la ministra Yolanda Díaz una reunión y que el ministerio ponga el foco en la situación de este colectivo.

Las ayudas prometidas en forma de subsidio para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por covid-19 han empezado a llegar con cuentagotas a estas trabajadoras, meses después de haber perdido sus trabajos. Ahora, ante la imposición de nuevas restricciones debidas al incremento de contagios de esta segunda ola, siguen desprotegidas y sin posibilidad de solicitar ninguna otra ayuda adicional.

Según fuentes del Gobierno, a finales de septiembre de este año la cifra de empleadas del hogar a las que se les había reconocido el derecho a cobrar el subsidio extraordinario era de 16.230 de un total de 50.614 solicitudes recibidas, lo que significa que sólo una de cada tres solicitantes habría accedido a las ayudas. Estos datos fueron facilitados por el Ejecutivo en respuesta a un pregunta parlamentaria de Más País. La respuesta también afirmaba que al menos 40% de las solicitudes estaban siendo "objeto de subsanación, por estar incompleta la documentación aportada".

Pero las cifras reales no son sencillas de conocer. Las propias empleadas del hogar afirman que según fuentes del SEPE (el Servicio Público de Empleo Estatal), a principios de octubre se habían acepado unas 25.000 solicitudes y que el número final de peticiones sobrepasa las 56.000. Si bien la cifra de quienes acceden al subsidio puede ir creciendo en el tiempo, la de las solicitantes no, porque el plazo para reclamarlo ya está cerrado.

El plazo para solicitar estas ayudas se abrió a finales de marzo y se cerró a finales de julio pasado, sin que haya existido hasta el momento ninguna prórroga adicional. Las organizaciones del sector recuerdan que las trabajadoras que han podido realizar los trámites y cumplir con los requisitos ha sido una ínfima parte las más 370.000 trabajadoras del hogar que están dadas de alta en la Seguridad social. El resto (se estima que hay en nuestro país cerca de 700.000 personas trabajando en este sector, de las cuales más del 90% son mujeres) ni siguiera han tenido la posibilidad de solicitar el subsidio por no tener papeles o por no estar dadas de alta en la seguridad social por parte de sus empleadores.

"Estamos viendo cómo en otros temas se está avanzando. Cómo, por ejemplo, se han prorrogado los ERTE hasta enero de 2021, pero en lo que respecta a nuestro subsidio extraordinario el plazo de solicitud acabó el 20 de julio y ya está. No se ha ampliado. No tenemos derecho a nada más y la situación continúa con los nuevos confinamientos que están complicando la situación de muchas compañeras", afirma Carolina Elías, presidenta de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), pero que habla en nombre del colectivo.

Un sector laboral sin derecho al cobro por desempleo

"Lo que queremos es sentarnos con la ministra Díaz para ver cómo podemos avanzar con el resto de derechos prometidos a nuestro colectivo: que al fin tengamos derecho a paro; entrar de pleno derecho en el régimen general de la Seguridad Social, con todos los derechos que conlleva, y saber en qué ha quedado la promesa hecha por este Gobierno de ratificar el convenio 189 de la OIT que reconoce los derechos de nuestro sector".

Según los últimos datos facilitados a miembros de estas organizaciones por la SEPE, calculan que más del 50% de las que solicitaron el subsidio no han tenido aún ninguna respuesta. "Estamos hablando que desde junio, cuando se levantó el estado de alarma, hasta ahora han pasado casi cuatro meses, que si los sumamos a los tres de confinamiento, hace siete meses que muchas de nuestras compañeras no cobran ninguna ayuda, ni tienen ingresos".

Elías se hace una pregunta retórica que probablemente espera que se la respondan desde el ministerio de Trabajo: "¿Cómo puede ser que siendo tan poquitas en comparación con el numero de ERTE, no tengamos siquiera una respuesta y que este subsidio haya sido de tan corta duración? Sólo suponía el 70% de lo que nuestras compañeras dejaron de ingresar por no poder trabajar en el estado de alarma", recuerda.

Si la situación y vulnerabilidad de estas trabajadoras que ya era complicada tras el confinamiento, ha venido a agravarse ahora con la segunda ola de la pandemia y las medidas de restricción al movimiento impuestas en muchas ciudades. Según relata Elías, en esta nueva situación algunos empleadores se han negado a dar a las trabajadoras ningún tipo de salvoconducto o justificante de desplazamiento en zonas con confinamientos como Madrid, "porque si no las tienen dadas de alta en la Seguridad Social no quieren que quede constancia ninguna". Por otro lado se han dado casos de empleadores que les han dicho a sus empleadas que no sigan yendo a trabajar porque viven en zonas confinadas y no quieres que los contagien. "Pero este 'quédate en tu casa' significa que tampoco cobran", añade Elías.

Este colectivo vuelve a recordar su petición de que se permita la regularización de los migrantes que lleven ya tiempo afincados en nuestro país y a exigir que los llamados sin papeles no tengan restricciones a la pruebas PCR y que puedan acceder a la salud.

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