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ERTES Las empresas en ERTE se han ahorrado más de 30.000 millones en sueldos y cotizaciones

Los 7.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social exoneradas se suman a los salarios por valor de 23.000 a los que están vinculadas, lo que equivale a una sexta parte de la factura laboral del sector privado, mientras los más de 6,6 millones de trabajadores afectados han ingresado 13.400 como prestaciones.

Cientos de miles de empresas, la inmensa mayoría de ellas pequeñas y medianas, se han visto beneficiadas por los ERTE durante la pandemia.
Cientos de miles de empresas, la inmensa mayoría de ellas pequeñas y medianas, se han visto beneficiadas por los ERTE durante la pandemia. Eduardo Bayona

Los ERTE han ahorrado más de 30.000 millones de euros a las empresas en las que estaban contratados los 6,6 millones de trabajadores que han sido incluidos en esta herramienta extraordinaria para afrontar el impacto de la pandemia en el mercado laboral, según los datos de los ministerios de Trabajo y de Inclusión.

El nivel de uso de los ERTE en estos ya casi quince meses de pandemia, en los que las empresas privadas se han visto exoneradas de la sexta parte de su factura salarial, se generalizó hasta el punto de que algo más de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena de empresas del sector privado, para la protección de los y las cuales fue diseñada la medida, han pasado por ellos.

Según indica el Gobierno en sus respuestas a una batería de preguntas parlamentarias del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, el número de "altas iniciales" de los ERTE, es decir, de trabajadores incluidos por primera vez en un expediente, ascendía a finales de mayo a 6.615.357, lo que supone más de la mitad de los 12,81 millones de asalariados del sector privado que la EPA (Encuesta de Población Activa) contabilizaba en 2020 en España y menos de un punto por debajo de esa cota de los 13,44 del año anterior.

Esos trabajadores habían recibido hasta el mes pasado prestaciones por valor de 13.384 millones de euros que equivalen al 70% del salarios proporcional a la parte de la jornada que tenían suspendida y que suponen uno de los principales componentes de la factura de protección del desempleo, que en el primer año de crisis pandémica se disparó hasta los 45.000 millones de euros.

"Este Gobierno ha protegido a los trabajadores por encima de la UE. Un 30% de la población activa de nuestro país ha sido protegida, mientras que la media europea ha sido de un 25%", sostiene Heredia, para quien "esa es la diferencia: en la última crisis, un Gobierno del PP aprobó la más dañina reforma laboral, dejó tirados a los trabajadores y recortó la protección por desempleo. El objetivo ahora es que nadie se quede atrás".

Más de 30.000 millones de euros en ahorros salariales y sociales

El Ministerio de Inclusión cifra en casi 7.000 millones de euros las cotizaciones de cuyo pago a la Seguridad Social se han visto exoneradas las empresas que desde mediados de marzo del año pasado se han acogido a los ERTE, la inmensa mayoría de ellas microempresas y pymes.

Esos cerca de 7.000 millones de euros en cotizaciones no recaudadas están vinculados con salarios brutos por valor de 23.300, lo que sitúa el beneficio de los ERTE para los empleadores por encima de los 30.000 millones a falta de incluir los datos del mes de mayo.

Ese volumen de dinero equivale al 7,52% de los salarios del país entre abril de 2020 y marzo de 2021, que los datos de la Contabilidad Nacional del INE (Instituto Nacional de Estadística) cifran en 409.721 millones de euros, y a un 5,5% de las cotizaciones sociales de ese mismo periodo, que ascienden a 127.199.

La sexta parte de la masa salarial del sector privado

No obstante, la cuota de los sueldos de los asalariados del sector privado asumida por los ERTE sería en realidad prácticamente el doble, ya que los datos sobre masa salarial de la Contabilidad Nacional incluyen en un único bloque a los autónomos y a los empleados públicos, cuyos formatos laborales no pueden acogerse a los ERTE.

Teniendo en cuenta ese matiz, los expedientes de regulación de empleo extraordinarios por la pandemia habrían cubierto en torno a la sexta parte de la masa salarial del sector privado empresarial del país.

Esa inyección de dinero público, que permitió en mayo del año pasado, en la fase de mayor uso de esta herramienta de relaciones laborales, mantener ‘hibernados’ hasta 3,18 millones de empleos de 533.206 empresas, que a su vez quedaban exoneradas de los costes salariales y sociales de la ocupación suspendida, ha permitido, junto con otras medidas del escudo social como los avales del ICO y las moratorias crediticias, un sostenimiento de las rentas familiares y societarias que se ha traducido en la conservación de medio millón de puestos de trabajo al margen de los directamente protegidos por los ERTE.

Junto con los expedientes de regulación por fuerza mayor, el cese de actividad de los autónomos incluyó hasta mediados de mayo exoneraciones de cuotas por valor de 3.000 millones de euros y el pago de 6.600 en prestaciones que cubrían el 70% de las bases de cotización.

La "cara b’ de los ERTE: 23 millones en salarios fraudulentos

No obstante, los ERTE también tienen ‘cara b’: los más de 4.500 empresarios a los que la Inspección de Trabajo había cazado haciendo trampas con los expedientes de regulación hasta el 9 de marzo de este año, en lo que supone prácticamente el primer año de aplicación de esta medida, habían cargado a la Administración de manera fraudulenta salarios por más de 23 millones de euros, a una media de 5.140 euros por empresa.

Ese volumen de fraude, endosado a las arcas públicas mientras los empleados continuaban trabajando con el contrato suspendido o en tramos de jornada cubierto por el ERTE, se corresponde con los 7.074.865 euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social que recogen las actas de infracción cerradas hasta esa fecha.

El 9 de marzo, la Inspección había cerrado 29.407 de las 36.565 inspecciones de ERTE iniciadas "a fin de controlar posibles supuestos de fraude".

Las 4.588 actas de infracción levantadas como consecuencia de ellas, que conllevan sanciones por un importe de 21.965.702 euros, suponen que los inspectores detectan fraudes en casi la sexta parte de las actuaciones.

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