La defraudación de fluido eléctrico, es decir, la sustracción de electricidad de la red mediante enganches clandestinos para consumirla en viviendas o explotaciones, se ha disparado en España coincidiendo con la desmesurada alza de precios de la energía iniciada hace ya más de un año. Un factor que se suma a la proliferación de plantaciones indoor (en interior) de marihuana, cuyos promotores optan a menudo por esa vía para cubrir unas elevadas necesidades de energía que, de pagarla precios de mercado, se comería sus eventuales márgenes la mayoría de las veces.

"Se está dando una casuística propia por el aumento de los precios de la luz, que hace que mucha gente no se pueda permitir pagar el megawatio a los precios a los que está llegando", explica el teniente Moreno, jefe de la Sección de Investigación Criminal de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, que recuerda cómo, al mismo tiempo, este delito "aparece muchas veces relacionado con investigaciones sobre plantaciones de marihuana indoor".

"Son invernaderos instalados dentro de casas o de almacenes que funcionan 24 horas al día durante seis o siete meses, y que consumen elevadas cantidades de energía para mantener la ventilación, el riego y la iluminación sobre las plantas con potentes bombillas LED para cultivar las plantas", explica.

Entre ambos vectores, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que incluyen los registros del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y los cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), la cifra de denuncias en los siete primeros meses de este año alcanza las 3.057, un volumen que solo se había alcanzado el año pasado (3.094), cuando comenzaron a acelerarse los precios de la electricidad.

La frecuencia de los enganches clandestinos pulveriza la de la anterior crisis

Las cifras de 2021 y 2022 superan entre un 18% y un 40% las de los cuatro ejercicios anteriores, mientras que las de imputados y detenidos, que superan el millar en siete meses en los dos últimos años, lo hacen entre un 42% y un 83%, lo que permite hacerse una idea de cómo ha aumentado la frecuencia de esta infracción.

Entre 2009 y 2017, cuando la pobreza energética alcanzó en España cotas desconocidas como consecuencia de la crisis iniciada con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el número de asuntos de defraudación del fluido eléctrico que llegaba a los juzgados osciló entre los 1.067 y los 4.170, aunque únicamente en dos ocasiones, en 2014 y 2015, se superaron los 3.000 en todo el ejercicio.

Este tipo de infracciones no suele conllevar la detención de los sospechosos, y mucho menos su encarcelamiento, salvo que esté relacionada con otras de mayor gravedad como el cultivo o la producción de plantas o sustancias catalogadas como estupefacientes.

De hecho, tampoco es habitual cuando está vinculada a casos de ocupación de viviendas, ya que tanto una como otra solo están castigadas con multas, de tres a doce meses con cuotas diarias proporcionales a la capacidad económica del acusado, que suele ser escasa, para la defraudación y de tres a seis para la usurpación de inmuebles. En el primer caso, con la obligación de indemnizar a la compañía o al particular afectado por la cantidad defraudada.

Lo más habitual en ambos casos, tanto para viviendas como para plantaciones, es que las captaciones se realicen en la red de distribución de las compañías o en la del alumbrado público, mientras que los enganches en casas habitadas son escasos.

"El defraudado suele ser una compañía distribuidora"

"El defraudado es normalmente una compañía eléctrica distribuidora, que suele acompañar la denuncia con un informe que incluye una estimación económica" de los efectos del enganche, para cuya ejecución "se requiere la intervención de un contacto que tenga ciertos conocimientos técnicos", mayores cuando se trata de alimentar plantaciones indoor. No es frecuente la comparecencia de los ayuntamientos aunque las captaciones se localicen en la red de alumbrado público.

No obstante, en ocasiones también se dan instalaciones complejas, como el tinglado que abastecía a un total de 19 viviendas en Pedrola (Zaragoza), detectado por la Guardia Civil en mayo a raíz de un incendio en una de ellas y por la que, además de los usuarios de las casas, están siendo investigados dos electricistas que carecen de acreditación profesional y que fueron sorprendidos cuando trataban de reactivar los enganches tras la primera intervención policial.

La detección de las sustracciones de fluido eléctrico tiene dos vías principales. Una se encuentra en las investigaciones sobre las plantaciones y la otra procede de las compañías, que "disponen de mecanismos de control para detectar cuándo se puede estar produciendo una defraudación" en función de las variaciones del consumo en determinadas zonas y fechas, señala Moreno.

Esta infracción es, en cualquier caso, distinta de la que se produce con la manipulación de contadores de luz y de gas para rebajar la factura, terreno en el que organizaciones de consumidores como la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) han conseguido la condena judicial de varias compañías eléctricas por prácticas abusivas con los clientes, a los que imponían sanciones de hasta 2.000 euros más un recargo en los recibos sin disponer de pruebas sobre la autoría de las alteraciones.

"En ocasiones las compañías eléctricas imputan a sus clientes un fraude en los contadores y les imponen sanciones que los tribunales han considerado abusivas", explica Enrique García, portavoz de la OCU.

Los robos de cobre y aluminio se doblan en un año

Paralelamente, la crisis de las cadenas globales de suministros y el encarecimiento de las materias primas, que ha situado la cotización de la tonelada de cobre y la de aluminio entre los 2.300 y los 5.000 dólares en los mercados internacionales, mientras el primero de esos materiales lleva prácticamente dos años por encima de los 8.000 euros en Londres, ha disparado también la sustracción de estos, una suerte delictiva que ha provocado episodios como la interrupción del servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona hace unas semanas.

Los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad indican que el robo de cobre, especialmente, y de otros metales conductores, como el aluminio y el hierro principalmente, se ha disparado este año con 2.296 casos de enero a julio que no andan lejos de duplicar los 1.238 del mismo periodo del año pasado y de triplicar los 897 del anterior, en el que estas prácticas se vieron afectadas por los confinamientos y las restricciones de la movilidad.

"Instamos a los propietarios de las chatarrerías a las que normalmente se intenta vender esos metales a que dispongan de documentación que permita demostrar el origen del material", explica el teniente Moreno, que anota cómo, aunque los ladrones "entregan el cable, las placas y las barras tal como las sustraen, resulta muy complicado determinar la procedencia".

El teniente señala como factores principales de ese aumento de la actividad de este tipo de delitos "la subida de los precios y el abandono de las zonas industriales y residenciales" en las que tienen lugar las sustracciones, en las que se suelen utilizar vehículos de carga para transportar los alijos y a menudo también para arrancar los objetos en los que se encuentran los metales.