Tres países comunitarios con sistemas tributarios low cost para los grandes grupos empresariales -Luxemburgo, Holanda e Irlanda- provocan, cada uno de ellos, una erosión en las arcas públicas españolas mayor que la que le generan el conjunto de los paraísos fiscales extracomunitarios, según revelan los trabajos de la Icrict (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional), que acaba de actualizar sus estimaciones.

"La UE tolera esta situación", denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de la ONG de transparencia Oxfam-Intermón. "Nos cuesta asumir que Irlanda o Luxemburgo son paraísos fiscales", señala, al tiempo que dice que "España forma parte del grupo de cinco países que más dinero pierden con estas prácticas dentro de la UE".

Los datos recopilados por la comisión (aquí Estado por Estado), de la que forman parte economistas como Thomas Piketty o Gabriel Zucman, revelan un inquietante panorama en el que los seis países con sistemas tributarios low cost para grandes corporaciones hacen perder cada año algo más de 45.000 millones de euros a las cuatro principales economías de la UE (Alemania, Francia, Italia y España). Básicamente en el impuesto de sociedades, a base de facilitar el aparataje societario y tributario para que multinacionales de esos países localicen allí beneficios por valor de 346.000 millones de euros.

"Se nos llena la boca hablando de competencia y armonización en España y esto lo tenemos abandonado. Se ha ido creando la sensación de que solo hay offshoring en el Caribe, que lo hay, pero es más agresivo el que se produce dentro de la UE", señala Ruiz.

Tanto como para que esas cuatro economías principales vean esfumarse cada año una cifra casi cinco veces superior a través de los entresijos legales de sus socios comunitarios (45.335 millones por 9.404) que en los paraísos offshore: 20.430 y 4.537 desde Alemania, 12.535 y 2.875 desde Francia, 7.609 y 990 desde Italia, y 4.761 y 9.404 desde España.

Las mil filiales en España de un país con el PIB de Euskadi

El balance particular de España apunta a la fuga de 1.714 millones por Holanda, país en el que distintas multinacionales españolas declaran beneficios por valor de 6.856 millones; otra de 1.583 millones en Luxemburgo por ganancias por valor de 6.333, y a una más de 1.034 en Irlanda por unos resultados netos de 4.128, mientras en el conjunto del offshoring extracomunitario la pérdida asciende a 1.002 millones por unos rendimientos de 4.007, la mitad de ellos en Suiza.

A las cifras de los tres grandes países comunitarios de impuestos low cost para grandes empresas se les suman otros Estados. Bélgica, un país que decidió no gravar los dividendos como medio para captar matrices de grupos transnacionales y que actúa como sumidero de otros 349 millones de euros del impuesto de sociedades español por la localización allí de beneficios por valor de 1.397, fundamentalmente de los sectores químico y farmacéutico. Chipre, que genera una erosión de cinco por ganancias de veinte. Y Malta, cuya mella alcanza los 75 por rendimientos de 301.

"Lo estamos alimentando. Tenemos un problema cuando creamos la imagen de que la rentabilidad no depende tanto de la calidad del producto como de la creatividad fiscal para pagar los mínimos impuestos posibles", apunta la responsable de justicia fiscal de Oxfam-Intermón, que llama la atención sobre los fluidos vínculos del sistema societario español con el de Luxemburgo.

Este país, cuya actividad económica arroja como resultado un PIB que el año pasado superó por primera vez los 70.000 millones de euros, similar al de Euskadi, es el quinto por número de filiales de sus empresas en España: tiene 1.032, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), una cifra que únicamente superan Alemania (1.454), Francia (1.343), EEUU (1.269) y Reino Unido (1.166).

Esa vasta red de sucursales luxemburguesas, que ocupan a 172.000 empleados y cuyo volumen de negocio alcanzó en 2020, en plena pandemia, los 38.805 millones de euros (equivale a más de la mitad del PIB del país) tras subcontratar operaciones por 22.200, canaliza hacia las matrices radicadas en el micro Estado una parte importante de los beneficios que esas firmas obtienen en España.

El mecanismo, no obstante, opera también desde España hacia el exterior, donde las multinacionales españolas mantienen una malla de 5.972 filiales que suman un volumen de negocio de 187.963 millones y emplean a 714.652 trabajadores, también según los datos del INE.

El informe país por país de la Agencia Tributaria, cuya última edición se basa en los datos de 2019, ofrece algunas cifras de interés para conocer el entramado internacional de las grandes empresas españolas: las 124 cuya cifra de negocio global supera los 750 millones de euros declaran manejar 14.753 sociedades filiales, el grueso de las cuales (9.810) tienen su domicilio fiscal en el extranjero.

Esa malla societaria facilita que 23 de esos grupos acumularan ese año beneficios por 160.620 millones de euros, por los que pagaron un impuesto de sociedades de solo el 2,6%. Mientras que la presión fiscal general se queda en el 16,7% y la de los que solo pagan fuera en el 9,2%, muy lejos del 25% nominal de España en ambos casos y también en el segundo del 15% en el que el G-20 y la OCDE acordaron situar el tributo global a los beneficios empresariales.

La elevada productividad por empleado en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda

Por otro lado, la Agencia Tributaria llama la atención sobre cómo "aumenta la brecha entre la localización de ingresos e impuestos" de ese grupo de empresas, con una escala en la que el 64,5% de los activos y el 55% de la facturación están radicados en España pero solo declaran allí el 43% de su beneficio y "el 33% del impuesto que pagan". Y también pone el acento en un dato: "Las mayores productividades por empleado se concentran en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, en todas ellas más de tres veces la productividad media".

"Luxemburgo es el país más utilizado por las empresas españolas, junto con el estado de Delaware (EEUU)", indica Ruiz, que advierte de que "no hacer nada sobre este sistema solo beneficia a los países y las sociedades que los aplican y se benefician de ellos. El paraíso crea las condiciones, pero quien las utiliza es la empresa".

La Comisión Europea tiene previsto actualizar el próximo 4 de octubre su lista de paraísos fiscales, en la que no se prevé, ni de lejos, que pueda acabar siendo incluido alguno de esos seis países europeos, a los que el informe de la Icrict atribuye los siguientes registros: Irlanda importa el 61% de sus ingresos por beneficios empresariales al localizar distintas empresas en ese país ganancias por valor de 106.000 millones de euros; Bélgica, el 55% (46.000); Luxemburgo, el 49% (57.000); Holanda, el 28% (106.000); Chipre, el 92% (19.000), y, por último, Malta, el 36% (12.000).

La deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales

Entre los seis suman una deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales que dejan de tributar en los países de origen de las matrices de esos grupos multinacionales.

El impuesto global, que España, Alemania, Francia e Italia están dispuestos a aplicar mientras Polonia y Hungría pretenden vetarlo como palanca para inclinar a su favor negociaciones sobre otros asuntos en el ámbito comunitario, no entrará en el orden del día de la reunión del Ecofín, el órgano que reúne a los ministros de finanzas de la UE, convocada para octubre.

Este tributo debería actuar como un mecanismo de compensación que acabara elevando al 15% la presión fiscal para las multinacionales, que pagarían en el país de sus matrices lo que no acabaran desembolsando en el resto de áreas en las que operan.

"Las grandes empresas que operan a nivel transfronterizo y, sobre todo, las que están muy digitalizadas se aprovechan de la actual inacción política, mientras la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a una crisis del coste de vida y muchos países en desarrollo y mercados emergentes se enfrentan a una crisis de la deuda", concluye el informe de la Icrict sobre las medidas fiscales de emergencia para hacer frente a la crisis de inflación, en el que insta a los Estados partidarios del impuesto global a "seguir adelante y considerar sus propias medidas alternativas, formuladas si es posible de forma coordinada, para aplicarlas activamente y sin demora".