Un gallego que resida en Santiago y que trabaje en Vigo se gastará durante su vida laboral en los peajes de la autopista que une ambas ciudades algo más de 153.000 euros. Es decir, el precio de un piso. Quizá suene exagerado, por lo barato, en algunas zonas de España. Pero según los portales inmobiliarios, en Vigo, en Santiago y en las otras cinco ciudades gallegas con más de 50.000 habitantes se pueden encontrar viviendas de tres habitaciones y más de 100 metros cuadrados por ese dinero. Incluso por menos.

La Autopista del Atlántico o AP-9, la vía de pago que vertebra las provincias atlánticas de Galicia desde Ferrol hasta la frontera portuguesa, es la principal arteria de comunicación terrestre de la comunidad. Franco encargó su construcción en agosto de 1973 a un consorcio de bancos y cajas a los que les firmó en el Pazo de Meirás una concesión de 39 años. El primer tramo se abrió en 1979 para unir  A Coruña con Santiago, y los últimos, por el norte hasta Ferrol y por el sur hasta Tuy, en 2003.

Se trata de un complicado proyecto de ingeniería que cubre 200 kilómetros de trayecto y atraviesa una complicada orografía llena de ríos, rías y montes. Su infraestructura estrella es el Puente de Rande, un viaducto atirantado de 1,5 kilómetros que salva la ría de Vigo y que en su día llegó a ser el segundo puente del mundo con más distancia entre pilares.

Según el acuerdo de concesión inicial, los gallegos debían haber dejado de pagar peajes en la AP9 en el 2012. Pero el Gobierno de Adolfo Suárez amplió el plazo al 2013, el de Felipe González lo prorrogó hasta el 2023 y el de José María Aznar, hasta el 2048. En el 2005, el PP la privatizó y se la vendió a Sacyr Vallehermoso, que en el 2008 se la revendió a Itínere.

Negocio redondo

La autopista costó alrededor de 1.500 millones de euros y es un negocio redondo. Ya ha recaudado más de 3.000 millones en peajes, a razón de 400.000 euros al día, como recogía el periodista Carlos Punzón en un artículo en La Voz de Galicia. Las tarifas han subido más de un 1.700% desde que se abrió el primer tramo, más del triple de lo que ha crecido desde entonces el índice de precios al consumo. "Uno de cada tres euros que pagan en peajes sus usuarios se convierte en beneficio bruto. Descontando los impuestos, uno de cada cuatro euros pasa a la columna de beneficio neto, generalmente para ser repartido como dividendo entre los accionistas", apuntaba.

Para ese gallego que vive en Santiago y trabaja en Vigo, no hay otra que dejarse el precio de una hipoteca en la autopista. Son 15,95 euros el trayecto de ida vuelta, casi 80 euros a la semana, entre 300 y 400 euros al mes. Multiplicado el precio semanal por 46 semanas al año y por 42 años de vida laboral si el trabajador empieza su carrera con 25 años y se jubila con 67, sale el precio del piso.

Pero insistimos en que el currante no tiene otra opción. De Santiago a Vigo por la AP-9 son 87 kilómetros y una hora de viaje. Por carretera, casi 100 kilómetros y dos horas y media -cinco ida y vuelta- cruzando travesías, ciudades y pueblos con semáforos, stops y pasos a nivel. Ni siquiera Google Maps se plantea eso como alternativa viable.

Muchas empresas sí tienen que hacerlo. Enviar un camión de los grandes desde Ferrol a la frontera con Portugal son 109 euros por viaje, sin contar la vuelta. Cinco a la semana salen por 28.340 euros al año. Es decir, los costes laborales de contratar por un año a un trabajador con un salario medio de los salarios medios que se pagan en Galicia. Por cierto que en la mayoría de los peajes de la AP9 casi no quedan cobradores humanos. Entre el Vía T y los cajeros de cobro automático, es difícil encontrárselos salvo en las salidas de las grandes ciudades.

En febrero de este año, el Congreso de los Diputados aprobó con los votos de toda la Cámara, salvo los de Vox, admitir a trámite una añeja reclamación unánime del Parlamento de Galicia para traspasar a la Xunta las competencias sobre la AP9, que hasta ahora permanecían en manos del Estado. En la sesión intervinieron varios diputados de la Asamblea gallega y diputados de Galicia en el Legislativo estatal. 

"Sólo aspiramos a mejorar mediante la gestión directa la relación entre los ciudadanos, las empresas, el territorio y esta infraestructura", dijo Diego Calvo, del PP.  "Hoy es más caro desplazarse de Vigo a A Coruña que de Vigo a Madrid", afeó el socialista Gonzalo Caballero. "Ya es hora de tener una AP-9 gallega y libre de peajes", añadió Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego. "Además de ser gallega, tenemos que trabajar para que la AP-9 vuelva a ser pública", apostilló el diputado en el Congreso y secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino.

Aunque la firma concesionaria propiedad de Itínere, Autopistas del Atlántico SA (Audasa) prefiere no pronunciarse sobre el tema, quienes defienden que la autopista debe seguir siendo privada y de pago argumentan que la AP-9 ocupa el puesto número trece de España en coste de peajes por kilómetro, que liberarla de ellos violaría el principio de seguridad jurídica al vulnerar el derecho de Itínere a amortizar la inversión que hizo con su compra, y que la gratuidad sólo significaría cambiar los "peajes en sol" por "peajes en sombra".

Eso quiere decir que los costes de mantenimiento, ampliación y amortización de la vía recaigan en todos los contribuyentes y no sólo en quienes la usan (8,9 millones de vehículos al año). Ese modelo de "peajes en sol", sostienen, es el que han escogido la mayoría de los países de Europa, desde Portugal a Alemania.

El Gobierno español, que aún mantiene las competencias sobre la AP-9, ha programado una inversión de 2.300 millones de euros para bonificar los peajes de aquí al 2048 y reducir así las tarifas a razón de unos 85 millones de media de gasto público al año. Es una ingente cantidad que afectará a unos 15 millones de trayectos anuales con descuentos de hasta el 100% en los viajes de vuelta, pero la medida ya ha recibido algunas críticas porque sólo beneficiará a quienes tengan instalados dispositivos de pago eléctronico, que gestionan los bancos y de los que la mayoría de usuarios carecen.

¿Es de verdad esa medida la mejor solución? Volvamos a la extrapolación del principio: si nuestro esforzado trabajador pusiera uno de esos dispositivos Vía T en su coche, en vez de dieciséis euros por la ida y vuelta de Vigo a Santiago pagaría, a partir de ahora, ocho. Cuarenta a la semana. Es decir, 1.840 euros al año. Más de 42.000 euros de aquí al 2048, cuando, en teoría, termina la concesión de la autopista. Más o menos la entrada de un piso en una de las capitales gallegas.

Lo cierto es que, aunque se traspasen las competencias a la Xunta, tampoco cabe esperar que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo vaya a contribuir a la rebaja de peajes. Hace unas semanas anunció que iba a bonificar los de dos vías de pago de titularidad autonómica, la AG-55, que une A Coruña con Carballo, y la AG-57, entre Vigo y Baiona. Pero sólo para familias numerosas que realicen un trayecto de ida y vuelta en un periodo de 24 horas y que, por supuesto, utilicen el telepeaje.