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La presión de los oligopolios Los gigantes del ladrillo pujan por más de 30.000 millones de los fondos europeos

Las seis grandes empresas constructoras y de servicios, que se enfrentan en bloque a la inhabilitación para contratar con las administraciones españolas por varios casos de amaños, pujan por llevarse casi la mitad de los fondos Next Generation tras haberse hecho con el grueso del mercado en España y Latinoamérica.

Construcción edificios
Imagen de archivo de edificios en construcción en Madrid. Chema Moya / EFE

Las seis grandes constructoras españolas cambian de año en un sinvivir: aspiran a llevarse casi la mitad de los fondos europeos Next Generation en proyectos que lideran o en los que participan como socios. Al mismo tiempo, las investigaciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) van poniendo sobre la mesa cómo esas mismas empresas han participado en carteles que se dedican a amañar licitaciones de Adif o del Ministerio de Fomento, dos profundas muescas en su reputación que se añaden a las derivadas de la aparición de esos emporios en las pesquisas de los grandes casos de corrupción.

Esas sanciones, que suman multas por un valor cercano a los 180 millones de euros (118 millones en el presunto cartel ferroviario y 61 millones en el carretero) y que afectan a filiales de los seis grandes del sector (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), además de a una docena de firmas ajenas a ellas, incluyen una demanda de la CNMC ante la Junta Consultiva de Contratos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que este organismo inhabilite a esas empresas para contratar con las administraciones públicas.

Sin embargo, esas demandas, la última de ellas de agosto de 2021 y la primera de la primavera de 2019, tardarán en ser resueltas, ya que tienen como requisito previo que las multas cobren firmeza y para eso deben pronunciarse antes la Audiencia Nacional y el Supremo, algo que puede tardar varios años en ocurrir.

¿Y qué ha sucedido mientras tanto? Los mercados de la construcción, las infraestructuras y los servicios, dominados por estos grupos, han seguido funcionando con la normalidad que ha permitido la pandemia, lo que ha incluido nuevas adjudicaciones de contratos públicos para todas ellas; en algunos casos, por los mismos organismos que sufrieron los efectos de los cárteles.

De hecho, ese grupo de empresas concentra a los aspirantes a gestionar el grueso de los fondos Next Generation que la UE prevé ir transfiriendo a España para consolidar la recuperación de la crisis pandémica: los proyectos que lideran esas seis empresas o en los que participan optan a 33.320 millones de financiación, ya sea en construcción de infraestructuras de comunicaciones, energía o saneamiento o mediante actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas particulares.

Esa cifra equivale al 47,6% de los 70.000 millones a fondo perdido que la UE prevé ir transfiriendo a España conforme vayan cerrándose las reformas normativas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactado con Bruselas.

Así, según la información que han ido difundiendo en los últimos meses esos mismos grupos, las principales carteras de expectativas serían las de ACS, que plantea proyectos por 4.000 millones a través de Dragados y otros 25 por 4.500 con el resto del emporio; Acciona, con 7.000 concentrados en la energía, y OHLA, que aspira a hacerse con el grueso de los 6.820 destinados a rehabilitación de viviendas asociado con Endesa y Bankinter.

Seis empresas controlan más del 85% del mercado

Ferrovial, que lidera 37 proyectos y figura como socio en otros 24, puja por 5.000; mientras Sacyr y FCC optan a conseguir otros 3.000 cada uno, aunque los responsables de este último grupo lo presentan como "expuesto", es decir, con eventuales opciones, de participar en iniciativas que alcanzan los 35.000.
Seis empresas controlan más del 85% del mercado.

Esos fondos europeos a los que aspiran solo en España, sin incluir los que puedan recibir en el resto de los países comunitarios en los que operan, equivalen a algo más de la mitad de la cifra de negocio que esas seis grandes empresas mueven al cabo de un año.

Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), la facturación conjunta de esos grupos sumó en 2019 un total de 62.695 millones de euros, una cifra que envuelve dos particularidades: más del 60% lo aglutina el grupo ACS, que ya es el principal contratista del planeta, y un porcentaje superior a los dos tercios lo generan en el extranjero, donde conglomerados como el que preside Florentino Pérez o Ferrovial tienen más del 80% de su negocio, de manera similar a lo que ocurre con Santander y BBVA en el sector bancario y, en menor medida, con Endesa e Iberdrola en el eléctrico.

La implantación en el extranjero de las constructoras españolas, cuyo sexteto central se ha ido configurando a base de fusiones y concentraciones desde la atomización de los años 80 y en línea con los procesos centrípetos generalizados a escala global, sitúa a su bloque como el segundo del planeta por facturación, con 70.680 millones de euros que únicamente superan los 120.010 de China y que sacan un 50% de ventaja a los 46.910 de Francia, tercero en la lista.

Esas cifras también indican que más del 85% del negocio de todo el sector español de la construcción en términos globales se concentra en esos seis grupos principales.

Dinámica paralela

"En España hay seis grandes compañías que se han ido comiendo a otras pequeñas constructoras mediante fusiones y absorciones, en ocasiones después de quiebras, para ir adquiriendo una posición de dominio en el mercado", explica Pedro Ramiro de OMAL, el Observatorio de Multinacionales de América Latina, que anota cómo "la tendencia a la concentración de esas empresas no es otra cosa que la tendencia global del capitalismo", la cual, de hecho, se manifiesta en otros sectores como las telecomunicaciones, el agua, el turismo y los seguros y, en los últimos tiempos, también en las funerarias, los puertos y la alimentación.

"La expansión del poder corporativo ha ido siempre ligada en España a la dinámica de concentración y centralización del poder empresarial", señala Ramiro, que destaca cómo esos procesos se aceleraron tras la transición, con "la entrada de España en la UE, el tratado de Maastricht y el inicio de las reformas neoliberales", de manera que "empresas que eran centrales en el anterior modelo empresarial se van concentrando, fusionando y absorbiendo entre ellas para ganar músculo financiero y tamaño y, con ello, acometer después la expansión transnacional".

Para Ramiro, se trata de "una dinámica imparable que va paralela a la concentración del poder económico en muy pocas manos, sobre todo vinculadas a grandes fondos de inversión y conglomerados financieros y a grandes empresas que se controlan unas a otras".

En este sentido, añade, "el caso más evidente es el de Black Rock, un fondo que está en muchas de las empresas del Íbex35, y del que podría decirse que lo controla. Pero no solo eso: hay muchas participaciones cruzadas de BBVA, de Telefónica o de CaixaBank en otras grandes compañías. Hay una centralización del mando operativo".


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