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Globalvía logra que un juez deje en suspenso el primer rescate de una autopista

El grupo de convesiones, controlado por tres fondos de pensiones internacionales, reclama 31 millones al Consell pde Mallorca por la resolución anticipada del contrato de concesión del Túnel del Soller

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El túnel de Sóller, situado en la isla de Mallorca bajo la sierra de Alfabia. E.P.

Globalvía ha logrado que un juez deje en suspenso in extremis el que iba a ser el primer rescate de una autopista por parte de una Administración Pública con el fin de suprimir el pago de peaje por parte de los usuarios de la infraestructura.

Se trata del túnel de Soller de Palma de Mallorca, que Gobalvía explota en concesión desde 1997. El Consell de la ciudad acordó el pasado mes de marzo rescindir anticipadamente este contrato concesional y recuperar la gestión del túnel para liberarlo de peaje a partir del próximo 1 de septiembre.

Con anterioridad, a finales de 2013, culminó el proceso de captación de fondos que comenzó en noviembre de 2011, por el que los tres fondos de pensiones, hoy accionistas de Globalvia, firman un acuerdo con el que se comprometen a aportar 750 millones de Euros para facilitar el desarrollo de su cartera actual de concesiones, así como para acometer futuras inversiones.

No obstante, Globalvía elevó el rescate a los tribunales ante las discrepancias surgidas con el Consell sobre el importe que la compañía considera que le corresponde por la suspensión adelantada del contrato. En su demanda, el grupo de concesiones controlado por tres fondos internacionales pidió como medida cautelar que se suspendiera la rescisión del contrato y el rescate del túnel hasta que no se resolvieran las diferencias económicas.

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma de Mallorca resolvió este pasado viernes in extremis, a apenas una semana de que el próximo 1 de septiembre se hiciera efectivo el rescate del túnel, aceptar la medida cautelar y dejar en suspenso la rescisión de la concesión hasta que no se dirima el contencioso económico.

Globalvía reclama 31 millones de euros al Consell por la resolución anticipada del contrato de concesión del Túnel del Soller, en función de la inversión realizada en la infraestructura pendiente de amortizar y del lucro cesante correspondiente a los cinco años que aún quedaban de contrato de explotación.

Este importe casi duplica al de 17,4 millones que el Consell de Mallorca considera que debe abonar a la concesionaria en función de sus valoraciones.

Recurso del Consell

El Consell ya ha anunciado que elevará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en contra de la decisión del Juzgado de lo Contencioso.

De su lado, Globalvía, que de momento mantiene la gestión del túnel y su peaje, manifestó en un comunicado su intención de "seguir defendiendo sus intereses legalmente ante los tribunales", además de manifestar estar "a disposición de la Administración pública en todo momento".

En un comunicado, la compañía que preside Juan Béjar reitera la "discrepancia" que ha mostrado "desde el inicio" con el rescate de la vía, "tanto por las razones que se invocan para justificarlo como por los cálculos que soportan el importe que el Consell pretende abonar".

Así, el grupo de concesiones reitera que "defenderá sus derechos en los tribunales, sin dejar de "prestar la máxima colaboración a la Administración concedente", y "manteniendo el compromiso de dar el mejor servicio posible a los usuarios del túnel mientras esté vigente el contrato de concesión".

Globalvía cuenta desde 1997 con el contrato de explotación del Túnel de Soller, cuyo plazo de concesión se extiende aún hasta 2022. Se trata de una infraestructura de 3,1 kilómetros de longitud que salva la sierra de Alfabia en el trayecto entre Palma de Mallorca y Soller, y que contabiliza una media de 4.400 vehículos diarios.

Globalvia nació en 2007 fruto de la unión de los intereses en el sector de las infraestructuras de FCC y Bankia. Desde Marzo de 2016, los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido) son los propietarios del 100% de las acciones de la compañía.