El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo objetivo es garantizar que los bancos y otras instituciones financieras cumplan con sus obligaciones hacia los clientes, respondiendo a las quejas por préstamos hipotecarios injustos así como a la exclusión financiera, especialmente de las personas mayores.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció que el cambio hacia la banca online, que se aceleró durante la pandemia, ha dejado a una parte de la población más expuesta a la exclusión financiera.

"A este fenómeno de la transformación digital se une la asimetría entre los clientes y las entidades financieras que caracteriza un ámbito que es el que más quejas recibe de los ciudadanos, que está sujeto a una muy alta litigiosidad.", declaró Calviño en una rueda de prensa.

La nueva autoridad, cuya creación se recoge en un anteproyecto de ley, aglutinará las funciones que hasta ahora desempeñaban el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Asumirá las competencias de esos organismos en la regulación de las entidades financieras, las sociedades de inversión, las empresas de pago y las de servicios financieros (también llamadas fintech) o proveedores de criptoactivos.

En España, los códigos de buenas prácticas han tenido en el pasado un éxito dispar, como en el caso de los contratos hipotecarios, donde se dio margen a los bancos para renegociar directamente las condiciones con los clientes. Las reclamaciones hipotecarias siguen siendo la mayoría de las presentadas ante el Banco de España.

Esta Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero dependerá del Ministerio de Economía y su servicio será gratuito para los clientes financieros. Se financiará a través de una tasa estimada en 250 euros, cobrada a la empresa financiera implicada, por cada reclamación aceptada.

Todavía no se ha fijado un calendario para el avance del proyecto de ley ni para la creación del organismo.