El Gobierno dijo el martes que devolverá 1.900 millones de euros (2.150 millones de dólares) a las empresas eléctricas del país después de que el Tribunal Supremo dictaminara que se les había cobrado ilegalmente por el uso del agua.

Las empresas eléctricas, entre ellas Iberdrola, Acciona o Endesa y una unidad de la portuguesa EDP, habían presentado una demanda para recuperar un cargo retroactivo impuesto en 2015 por el anterior Gobierno conservador a las centrales hidroeléctricas.

El Tribunal Supremo de España dictaminó en mayo que era ilegal imponer el gravamen, que correspondía a 2013 y 2014, con carácter retroactivo.

La ministra de Energía, Teresa Ribera, dijo el martes tras la reunión semanal del Consejo de Ministros que la tasa "se ha considerado ilegal por parte del Tribunal Supremo y nos obliga a restituir lo cobrado durante estos años".

El sistema eléctrico español obtuvo unos ingresos demasiado bajos para cubrir sus costes entre 2000 y 2013, acumulando una deuda de más de 30.000 millones de euros con el aval del Gobierno.

Madrid introdujo el impuesto hidráulico en 2015 como parte de un intento de contener este déficit de tarifa, que según el organismo de control de la competencia de España había alcanzado los 14.300 millones de euros en 2020.