El PSOE y Unidas Podemos han registrado una enmienda conjunta al proyecto de ley de la Autoridad del Cliente Financiero para que, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, los bancos garanticen la atención presencial al menos dos días laborables por semana con un mínimo de seis horas de atención al público cada uno de ellos.

Los socios del Gobierno de coalición buscan reforzar la atención bancaria tanto en municipios pequeños como a los clientes mayores de 65 años y a las personas con discapacidad.

Con este pretexto, PSOE y Unidas Podemos proponen también proveer sistemas de atención preferente a las personas mayores en las oficinas bancarias durante un periodo mínimo de tres horas diarias. Para ello, en cada oficina presencial al cliente, habrá una persona que asuma el cargo de "gestor del mayor", con funciones específicas de asistencia a este colectivo en su interacción con la entidad.

Además de estas propuestas, también busca el Ejecutivo establecer en los bancos un servicio de atención telefónica personalizada sin coste adicional y que sea operativo durante todo el horario comercial enfocado en el colectivo de personas mayores.

Nuevas funciones de supervisión del Banco de España

El Ejecutivo busca también dotar de nuevas funciones supervisoras al Banco de España. De hecho, en la misma enmienda que despliega medidas de refuerzo de atención a colectivos de mayores y pequeños municipios, PSOE y Unidas Podemos también proponen que el Banco de España pueda recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora, así como a terceros a los que dichas entidades hayan subcontratado actividades o funciones operativas, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina.

Con el fin de que el Banco de España pueda obtener dichas informaciones, o confirmar su veracidad, las entidades y personas mencionadas quedarían obligadas a poner a disposición del Banco de España "cuantos libros, registros y documentos considere precisos", incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de datos, sea cual sea su soporte físico o virtual.

En este marco, las entidades referidas tendrían obligación de habilitar, en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos para la eficacia de sus sistemas de comunicación electrónica, en los términos que este adopte al efecto.