El Gobierno calcula en 1.800 millones de euros el coste del rescate de las nueve autopistas quebradas que está acometiendo este año, según indica en la actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas este lunes. Esta estimación supone una rebaja del 10% respecto a la de 2.000 millones realizada en el anterior plan, el remitido el pasado otoño.

Asimismo, el Ejecutivo indica que prevé atender gran parte de este impacto del rescate en las arcas públicas con los hasta 1.000 millones de euros que confía obtener con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, prevista en la segunda mitad del año.

El coste que el rescate supone al Estado corresponde al pago de la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Se trata de un concepto recogido en los contratos de concesión para estos supuestos por el que se debe pagar a las empresas actualmente concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que aún no habían recuperado mediante el cobro de peaje.

El Ejecutivo rebaja esta factura en tanto el sector y los fondos acreedores de las autopistas mantienen que asciende a entre 4.000 y 4.500 millones de euros.

El Gobierno debe calcular y pagar la RPA de cada una de las nueve autopistas en los seis meses posteriores a la resolución de cada uno de sus actuales contratos de concesión.

En tanto trabaja en rescindir estos contratos, el Ejecutivo está asumiendo las vías con el fin de que se mantengan en servicio para los usuarios.

Rescate en marcha

Desde el pasado mes de febrero, el Ministerio de Fomento, a través de Seittsa, ya se ha hecho con seis de estas vías.

De las tres que quedan por rescatar, el Departamento que dirigir Íñigo de la Serna tomará otras dos radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el próximo 10 de mayo, y la AP-41 Madrid-Toledo cuando el juez dicte su liquidación.

El próximo paso del plan diseñado por Fomento será sacarlas de nuevo a concurso el próximo mes de junio. Las vías se licitará en dos lotes, uno con todas las ubicadas en Madrid y alrededores, y el otro con las dos de Levante (la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera).

Estas nueve infraestructuras suponen casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red de autopistas de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y suman deuda de 3.200 millones.