El Gobierno de coalición centra en tres colectivos que suman en torno a siete millones de personas, y en sus hogares, la batería de nuevas medidas de ayuda para hacer frente a las consecuencias de la tendencia alcista de la inflación, intensificada con la guerra de Ucrania. Se trata de los cuatro millones de trabajadores y autónomos que ingresan menos de 14.000 euros que cobra el SMI o menos por no llegar a una jornada completa; el millón largo de parados cuyo único ingreso al cabo del año es la prestación (la media es de 884 euros) y buena parte de los 2,9 que la compaginaron con un salario; y, también, los algo más de 450.000 perceptores de pensiones no contributivas de jubilación (264.737) y de invalidez (180.332), cuya cuantía media no alcanza los 500 euros.

El Gobierno inyectará de aquí a fin de año en las rentas de esos colectivos 5.500 millones de euros mediante un cheque de 200 euros mensuales para los tres primeros y con un aumento del 15% de las pensiones no contributivas, lo que adelanta la aplicación del acuerdo en ese sentido que el ejecutivo cerró a principios de mes con EH Bildu.

A estas medidas, anunciadas este mediodía por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se les unen la prórroga de seis meses del grueso del escudo social y el anterior decreto contra la inflación (descuentos en el bono social, veto a desahucios, cortes de suministros básicos, tope a los alquileres), la rebaja del IVA de la luz al 5% para hogares y pequeños negocios con una potencia contratada de menos de 10 Kw, que supondrá una merma de 3.600 millones en la recaudación tributaria, y otras dos decisiones de ámbito indiscriminado como el mantenimiento del descuento de 20 céntimos por litro de carburante y las rebajas del 50% en los billetes de transporte público y del 30% en los abonos (ampliable por comunidades y ayuntamientos).

Esta última medida tiene, junto con el efecto de la subvención a los usuarios habituales del transporte público, otro de llamada para su utilización cuyo objetivo es reducir la demanda de carburantes mediante la desincentivación del uso del vehículo privado. "Supone una apuesta por promover cambios reales en la movilidad que reduzcan el consumo del petróleo", celebró Greenpeace, organización que "valora positivamente que se implique a ayuntamientos y comunidades autónomas en el importe de las ayudas".

14.000 millones a pagar y no ingresar con el impuesto a las eléctricas en el aire

"Este Gobierno tiene claro a quien sirve, que es a la clase media y trabajadora de este país", dijo Sánchez, que aseguró que los dos decretos anticrisis, a los que asignó un coste de 14.000 millones (el equivalente a un punto del PIB), contienen un avance de 3,5 puntos de la inflación.

No obstante, esos 14.000 millones también son la cuantía que crecerá el descuadre de las cuentas del Estado siempre que el Gobierno siga sin actuar en la columna de los ingresos. Algo que por lo pronto queda postergado aunque el presidente anunció para "las próximas semanas" una proposición de ley de PSOE y de UP para elevar la presión fiscal sobre las empresas energéticas, creando este impuesto a las eléctricas y que entre en vigor el 1 de enero de 2023.

Sánchez, que también cifró en "un 80%" la rebaja acumulada de los impuestos que gravan la luz, apuntó a esa nueva figura fiscal cuando deslizó que "el Gobierno está preparando un nuevo impuesto", algo que alinearía a España con países como Italia, Grecia y Reino Unido, los cuales, según indica un reciente informe de Oxfam-Intermón, aplican gravámenes específicos de entre el 25% y el 90% a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas por el alza de los precios.

"Las medidas son necesarias y hacen frente a gran parte de los problemas que tiene la sociedad, pero no a todos. Se atiende a la población en situación más vulnerable, pero cada vez es más patente la necesidad de una reforma fiscal para que quienes más dinero están ganando con esta crisis contribuyan más para salir de ella", señala el economista Carlos Sánchez Mato, que considera que a la parte socialista del Gobierno "le han temblado las piernas a la hora de meter mano a los beneficios extraordinarios de las elites".

El aplazamiento de las reformas fiscales, formalmente anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la misma mañana que se presentaban las conclusiones del comité de expertos en las e iban a basarse esas modificaciones de la política tributaria, entraña el riesgo de "un aumento del déficit tras el que vendrán llamadas a recortar gastos", añade Sánchez Mato, quien apunta que, no obstante, "no hay antecedentes en España de la adopción de medidas de esta magnitud para la gente que peor lo pasa, pero también para la gente corriente".

"No ha mencionado la negociación colectiva"

Julio Rodríguez López, de Economistas Frente a la Crisis, señala el "alcance" de las medidas, con un "modelo paliativo" que "ayuda a las clases más vulnerables y también a las medias", al tiempo que llama la atención sobre su "coste presupuestario" y el hecho de que "las medidas de financiación se quedan para un proyecto de ley del que no ha dado muchos detalles" más allá de que el impuesto "afectará a empresas energéticas que se hayan visto beneficiadas por el aumento de los precios" de la electricidad y de los derivados del petróleo.

Rodríguez destaca la ausencia de referencias en la intervención del presidente a varias de las principales amenazas que, junto con la inflación, se proyectan sobre la economía española: la inminente subida de los tipos de interés, anunciada por responsables del BCE (Banco Central Europeo) para primeros de julio, y sus efectos sobre la deuda pública y sobre el conjunto de la economía española; el pinchazo del consumo, que comienza a lastrar la actividad como componente principal de la demanda, y el patente divorcio entre el vigor de los registros del empleo y la languidez de los del PIB, y, también, el gripado de la negociación colectiva como herramienta que permita alinear salarios, beneficios e inflación y evite que la crisis se intensifique.

"Es necesario favorecer un proceso de negociación colectiva porque los salarios están sufriendo una gran pérdida de poder adquisitivo", sostiene el economista, que recuerda cómo los acuerdos de una mesa de ese tipo en los llamados Pactos de la Moncloa permitieron a finales de los años 70, y en plena crisis energética, reducir más de diez puntos de inflación, del 26,5% al 15%, en un solo año.

"No ha mencionado ese flanco", resalta Rodríguez, que considera que "referenciar los salarios al 4,9% que marca la inflación subyacente interanual es defendible" y tendría efectos beneficiosos para el conjunto de la economía española.