Los gobiernos central y vasco acuerdan el Cupo hasta 2026, que fija la aportación anual en 1.472 millones

La Comisión Mixta del Concierto Económico Vasco, formada por los gobiernos central y vasco y las tres diputaciones forales, ha aprobado este jueves la nueva metodología de Cupo para el quinquenio 2022-2026 (la aportación de Euskadi a las arcas del Estado por los servicios que recibe), que fija la cuantía líquida provisional del año base en 1.472 millones de euros (1.467 millones, una vez restada la compensación por Álava). La renovación de la Ley Quinquenal del Cupo vasco, donde se mantiene el índice de imputación en el 6,24%, se produce después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el PNV para no enmendar a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

La nueva metodología de cupo para 2022-2026 establece un importe muy similar al importe que actualmente estaba abonando el País Vasco al Estado con el anterior quinquenio. Eso sí, en este cupo base no está integrada como carga asumida la valoración de las políticas activas de empleo, que se instrumenta anualmente como compensación del cupo líquido a pagar al Estado.

Los importes definitivos se dividen en el cupo líquido de 2021 (1.403 millones de euros), las compensaciones financieras (definitivo 2021 y provisional 2022) y valoración de políticas activas de empleo (definitivo 2021 y provisional 2022).

Esta nueva metodología de cupo para los próximos cinco años tendrá que ser ratificada por el Congreso y el Senado próximamente, al tratarse de una norma, que se tramitará en forma de leyes de artículo único.

El Cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior, cuya cuantía se determina en leyes quinquenales pactadas por los dos gobiernos. La metodología aprobada mantiene el índice de imputación en el 6,24 %, un porcentaje establecido hace cuatro décadas en función de la población y del peso de la economía vasca en el conjunto del Estado.

La última vez que se firmó este acuerdo fue en julio de 2017, durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Asimismo, se ha acordado en el seno de esta Comisión la concertación de dos nuevas figuras tributarias, que tienen que ver con gestión medioambiental: el impuesto esepcial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. De este modo, estas dos nuevas figuras tributarias pasarán a recaudarse por las Haciendas vascas. También se adaptará el Concierto Económico a los cambios introducidos en el Impuesto sobre los Gasesos fluorados de Efecto Invernadero.

Lo que finalmente no se ha introducido, por el momento, ha sido los nuevos impuestos a la banca y energética, sobre los que el Gobierno ha llegado un acuerdo con Bildu en el Congreso de los Diputados. El consejero vasco Pedro Azpiazu ha reconocido que existen contactos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretarlo.

Por otra parte, la Comisión ha ratificado el acuerdo suscrito por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco el 28 de septiembre de 2022 en materia de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2023, estableciéndose el valor del déficit en el 0,6 %, a la vez que el objetivo de deuda pública queda fijado en el 13,5 % para ese ejercicio, ha indicado el Ministerio de Hacienda en una nota informativa.