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Goldman Sachs pagará 195 millones por una denuncia de discriminación de género

Evita así el juicio por dificultar de manera sistemática el ascenso de sus profesionales mujeres, además de pagarles menos que a sus colegas varones y perjudicarlas en los procesos de evaluación.

14/07/2021 Oficinas de Goldman Sachs en Londres.
Oficinas de Goldman Sachs en Londres. Europa Press

Goldman Sachs, uno de los mayores grupos de banca estadounidense, ha llegado a un acuerdo extrajudicial para resolver una demanda colectiva en el que se acusaba a la entidad de discriminación laboral por razones de sexo. Goldman pagará 215 millones de dólares, lo equivalente a 195 millones de euros a las demandantes.

El acuerdo impide así que se celebre el juicio previsto para el próximo mes. Se acusaba al banco de dificultar de manera sistemática el ascenso de sus profesionales mujeres, además de pagarles menos que a sus colegas varones y perjudicarlas en los procesos de evaluación.

La demanda fue presentada en 2010 por parte de cuatro ejecutivas en representación de 2.800 mujeres que trabajan o han trabajado en tres divisiones del gigante financiero: banca de inversión, gestión de inversión o división de seguridad. Las afectadas argumentaron que habían sufrido una política de "discriminación colectiva de género" por parte de la empresa.

Una de las denunciantes originales, Allison Gamba, mostró su aprobación al pacto: "Mi objetivo en este caso fue siempre el de apoyar a las mujeres fuertes de Wall Street, y estoy satisfecha de que el resultado conseguido haga avanzar la igualdad de género".

El acuerdo supone que 71 millones de la cantidad acordada irán a cubrir los costes judiciales, mientras que el resto se repartirán entre las denunciantes, que recibirán en promedio 47.000 dólares cada una, según el New York Post.

No se trata solo de un acuerdo económico, ya que también se obligará al banco a un compromiso de evaluación externa de sus políticas, que deberán realizar expertos independientes. La evaluación deberá realizarse al menos durante tres años para asegurar que se cumplan "resultados precisos, confiables y no sesgados", además de comprobar la "equidad de pago" para evitar cualquier clase de brecha salarial.

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