Las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales, información sobre su personal, el respeto a los derechos humanos, cuestiones de índole social o sobre cómo tratan de evitar la corrupción.

Así figura en el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros de este viernes sobre información no financiera de grandes empresas, a través del cual se transpondrá la directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales.

Según ha informado el Ejecutivo, el aumento de información no financiera en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales sobre estas cuestiones permitirá "identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad".

Asimismo, el anteproyecto también aumenta la exigencia de información en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

Salud, seguridad, emisiones, consumo de agua...

En concreto, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, la directiva europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.

En relación a los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción. La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa, según el Gobierno, contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.

Obligatorio para empresas de más de 500 empleados

Las empresas deberán presentar esta información incluyendo una descripción de las políticas y resultados en estas materias, incorporando esta información al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.

Estos cambios normativos afectan a empresas grandes, que durante el ejercicio tengan una media de más de 500 empleados, y que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, y que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros, o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

A partir de ahora, el texto será remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentaria. Con esta transposición se modifica el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

Compensación, liquidación y registro de valores

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la adaptación a la normativa comunitaria la regulación sobre compensación, liquidación y de registro de valores.

El objetivo de estos cambios es permitir la adaptación de Iberclear (la plataforma española de pagos y liquidación de valores) a Target2-Securities (la plataforma paneuropea de la que formará parte desde septiembre de este año y reforzar la protección de las garantías otorgadas en las operaciones de compensación y liquidación de valores).

La primera de las fases en las que se estructura la reforma, ha dicho el Gobierno, ya está completada. En virtud de ella, las operaciones sobre valores de renta variable se compensan en una cámara de contrapartida central y pasan a liquidarse en dos días hábiles utilizando un sistema de saldos.

En la segunda fase, se adapta la plataforma de liquidación de la renta fija española (CADE) al nuevo sistema y se realiza la migración del conjunto del sistema a Target- 2 Securities en septiembre de 2017.

Para esta segunda fase, procede ahora modificar el Real Decreto 878/2015 para concretar la aplicación de éste a los valores de renta fija, señalar la fecha de aplicación de la reforma para la renta fija y flexibilizar algunos aspectos operativos, ha informado el Ejecutivo.