Las grandes empresas pagan impuestos por solo el 7,3% de sus beneficios

MADRID.- Las grandes empresas pagaron en impuestos apenas un 7% de los beneficios que obtuvieron en el año 2014, muy lejos del gravamen del Impuesto de Sociedades para dicho año, marcado en el 30%. Concretamente, el tipo efectivo fue del 7,3%, según datos de la Agencia Tributaria recogidos por Europa Press.

El tipo medio efectivo en grupos consolidados, que se mide por cuota liquida en relación a resultados contables, fue del 3,8% en el año 2011, del 5,3% en 2012, del 6,3% en 2013 y se estima que en 2014 cerró en el 7,3%, el mayor en siete años.

En lo que no son grupos consolidados, el tipo medio efectivo ha pasado del 16% de los años 2011-2012 al 15% en 2013 y se prevé que se sitúe en el 13,8% en 2014. De estas cifras se deduce que la subida del tipo efectivo de Sociedades estos años se ha concentrado en la gran empresa.

Según fuentes de la Agencia, casi toda la subida que ha experimentado el tipo efectivo estos años se debe a los cambios normativos que se han hecho en el Impuesto de Sociedades, aunque en el año 2014 también puede influir un poco la mejora económica que ha llevado a las empresas a mejorar su beneficio.

De hecho, la recaudación del Impuesto de Sociedades ha sido la que ha registrado un mayor incremento por los cambios implementados durante la crisis, al suponer 3.334 millones más en 2013 que en 2011. El IRPF se elevó en 148 millones y el IVA en 2.629 millones en este mismo periodo.

Así, el incremento que se ha propiciado en el Impuesto de Sociedades supera al incremento del IRPF e IVA juntos. Esto ocurre, según las fuentes, porque es cierto que algunas empresas tributaban a un tipo cero porque la normativa lo permitía.

Dentro del Impuesto de Sociedades, los ingresos por pagos fraccionados de grandes empresas y grupos consolidados se han duplicado al comparar el año 2011 con el 2014, al pasar de 7.600 a casi 16.000 millones, un 108% más. En cambio, los de las pymes han pasado de 1.900 millones a menos de 1.600 millones.

Por otro lado, las fuentes han revelado que las actuaciones de control sobre grandes contribuyentes han pasado de representar menos del 15% del total de las actuaciones de control en 2007 a una horquilla de entre el 22% y 26% entre 2013 y 2014.

De hecho, han precisado que la mitad de las 10 mayores sanciones tributarias interpuestas por la Delegación de Grandes Contribuyentes desde el año 1999 se pusieron en el ejercicio 2014.

Las fuentes han explicado también el anexo al Código de Buenas Prácticas Tributarias que refuerza la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas adheridas a este instrumento de buena gobernanza fiscal, mediante una serie de acciones que fomentan la transparencia y la seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según este anexo, las empresas se comprometen a revelar a la Agencia Tributaria su presencia en paraísos fiscales, los riesgos fiscales que consideren más relevantes, así como información sobre las operaciones más trascendentes desde la óptica fiscal aprobadas por sus respectivos consejos de administración.

También convienen en comunicar las operaciones societarias más significativas, la estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno y el catálogo de operaciones que se someten al consejo de administración de la entidad.

Además, entre otras actuaciones y decisiones a comunicar y explicar a la Agencia, se incluye el cumplimiento de los principios establecidos en el denominado 'Paquete BEPS' ('Base Erosion and Profit Shifting', Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE y la estructura de financiación de los grupos empresariales.

Según las fuentes de Hacienda, 86 empresas se han adherido ya al Código de Buenas Prácticas y se espera que prácticamente todas asuman el nuevo anexo que se ha incluido esta semana.

A su parecer, todas querrán hacer un esfuerzo para estar ahí porque les permite reducir la conflictividad con la Agencia Tributaria, las cargas administrativas y aumentar su reputación. De hecho, aún no se ha decidido, pero la Agencia ha estudiado la posibilidad de desarrollar un sello de calidad como se hace en otros países.

Aún así, las fuentes admiten que la adhesión de las empresas se producirá poco a poco porque tienen que estar en condiciones de cumplir con toda la información que hay que dar a la Agencia, que es mucho más de lo que se les exige legalmente. Además, a las empresas les ha costado "desnudarse" ante la Agencia por ser un organismo muy riguroso.