MADRID.- Diez años largos después de su promulgación en 2004, la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales sigue siendo papel mojado. Según un reciente estudio de la EAE Business School, las grandes empresas y las administraciones públicas aún pagan a sus proveedores con mucho retraso. Las pymes y los autónomos son los más perjudicados por ello, y en algunos casos esa circunstancia les aboca incluso a cerrar sus negocios.

En general, el plazo medio de pago de las operaciones comerciales en España es actualmente de 95 días, el doble de la media europea, que está en 47, según el estudio de la EAE Business School, dirigido por el profesor Pere Brachfield. La comparación también resulta desfavorable para nuestro país en el caso de las facturas vencidas y no abonadas, que aquí ascienden al 5,7%, frente al 2,85% que representan en el conjunto de la UE.

Las empresas que más remolonean a la hora de pagar son curiosamente las mayores, debido a la posición de superioridad que ocupan en relación con sus proveedores. Si nos ceñimos a las sociedades no financieras del Ibex 35, el plazo medio está en 169 días; es decir, casi seis meses, el triple de lo que marca la ley, con la consiguiente perturbación en la tesorería de quienes le suministran bienes o servicios.

Los peores pagadores

Dentro del Ibex, no obstante, hay sectores en que la situación es todavía más dramática: las constructoras y las inmobiliarias, por ejemplo, pagan a 288 días; los servicios y el comercio, a 253, y la industria, a 230. En cambio, para cobrar tienen más prisa: la media de las grandes cotizadas se sitúa en 78 días (la mitad de lo que tarda en abonar sus facturas), mientras que la industria está en 112 y las constructoras e inmobiliarias en 125.

Pese a que el año pasado hubo una reducción del 30%, las administraciones públicas también se saltan a la torera el plazo máximo de pago establecido legalmente en 30 días. Especialmente sangrante es el caso de las autonomías, que por término medio apenas bajan de 43. Tres regiones hasta ahora gobernadas por el PP encabezan el ránking de peores pagadores: Aragón (77,5 días), la Comunidad Valenciana (74,4) y Extremadura (72,3).

Por temor a las eventuales consecuencias, la inmensa mayoría de las pymes y de los autónomos perjudicados por estas prácticas no reclaman ante los tribunales. Sólo un 17% lo hace, mientras que el 83% restante justifica su inhibición alegando que la justicia es demasiado lenta, siempre según el estudio de EAE Business School.