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Dos imputados por las tarjetas 'black' siguen atrincherados en el Colegio de Economistas de Madrid

El decano, Juan Iranzo, y el tesorero, Estanislao Rodríguez Ponga, gastaron más de 300.000 euros con ese medio de pago fiscalmente opaco. Ante su negativa a dimitir, la oposición en el colegio ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones.

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Foto de archivo de Juan Iranzo. / EFE

MADRID.- El Colegio de Economistas de Madrid tiene dese hace casi un mes a dos altos cargos imputados en el caso de las tarjetas black (opacas al fisco) de Caja Madrid y de Bankia. Se trata del decano, Juan Iranzo, y del tesorero, Estanislao Rodríguez Ponga, que fueron elegidos en noviembre de 2011 para un periodo de cuatro años que expira a finales de éste.


La candidatura de Iranzo derrotó entonces a otra encabezada por Jorge Fabra, líder de Economistas frente a la Crisis, que obtuvo el 31% de los votos, frente al 69% de su rival. Esta plataforma se ha manifestado reiteradamente en contra las políticas de corte liberal aplicadas en los últimos años y de las que Iranzo es un destacado propagandista.

Colaborador habitual de los programas de televisión y radio situados más a la derecha del panorama mediático, el actual decano combatió las medidas económicas adoptadas por los últimos gobiernos socialistas. En cambio, ha aplaudido con pocas reservas la actuación de Mariano Rajoy, hasta el punto de proclamar en julio de 2014 que la crisis había terminado.

Ropa cara, joyas y lencería

Sólo tres meses después, en octubre, estalló el escándalo de las tarjetas black, de las que Iranzo fue uno de los beneficiarios mientras perteneció al consejo de administración y a la comisión de control de Caja Madrid. Con ese medio de pago, gastó 46.800 euros, según la documentación que obra en poder del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional.

Iranzo cargó a su tarjeta black ropa adquirida en establecimientos de lujo como Loewe y Louis Vuitton, joyas, lencería de la marca Women Secret y consumiciones en locales de ocio nocturno, entre otras cosas. Sólo después de conocerse lo ocurrido, devolvió el dinero utilizado e hizo las correspondientes declaraciones complementarias del IRPF.

Aunque siempre ha dicho que actuó correctamente y que no se arrepiente de nada, Iranzo también se vio obligado a dejar el consejo de administración de Red Eléctrica, el Consejo Económico y Social y hace poco el Consejo Asesor de Sanidad, puestos todos ellos a los que llegó de la mano del PP.

A lo que no tiene el propósito de renunciar es a su cargo en el Colegio de Economistas, ni siquiera después de que el juez Andreu le imputara el pasado 28 de enero junto con más de ochenta consejeros y directivos de Caja Madrid y de Bankia, según confirmaron ayer fuentes de la aquella institución.

“Gastos de representación”

La misma actitud mantiene Rodríguez Ponga, muy cercano también del PP, con el que colaboró entre 2001 y 2004 en calidad de secretario de Estado de Hacienda, siendo Aznar presidente del Gobierno. Su uso de la tarjeta black ascendió a 255.400 euros.
Rodríguez Ponga declaró ante el juez Andreu la semana pasada y aseguró que se trataba de gastos de representación, a pesar de que buena parte de ese desembolso lo hizo en los supermercados de El Corte Inglés. Iranzo está pendiente de ser citado para prestar testimonio.

Economistas frente a la Crisis, en un reciente comunicado, considera que la continuidad de un decano y de un tesorero imputados daña gravemente la credibilidad y la imagen del colegio y ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones.

Al colegio de Madrid están adscritos también los economistas de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo.