"Sigue habiendo fraude en la contratación temporal, o al menos la seguimos detectando. Baja mucho en números absolutos porque también lo hace el número de contratos, pero sigue existiendo", explica Carmen Collado, directora general de la Inspección de Trabajo. Lleva año y medio pilotando la institución, en un periodo que coincide con el inicio de la aplicación de la última reforma laboral, cuyo núcleo consiste en un cambio de las normas de contratación para, precisamente, reducir la temporalidad.

"El objetivo central de la reforma, y creo que lo ha conseguido, era reducir los escandalosos datos de temporalidad del mercado laboral español", señala Collado. Señala que esos cambios en los flujos de contratación "han alterado un poco el funcionamiento" del organismo, que se ha tenido que reorganizar para seguir desarrollando esa supervisión.

Las actuaciones de la Inspección conllevaron el año pasado la transformación de 227.000 contratos eventuales en indefinidos, una cifra que resulta algo más de un tercio inferior a la de 2021, cuando alcanzó los 370.000. Pese a ese descenso, sigue revelando la existencia de una importante bolsa de fraude en ese flanco del mercado laboral español.

La comparación de ese volumen de transformaciones de contratos con el número total de empleos eventuales -que, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), fueron una media de 3,64 millones el año pasado- indica que el 6,2%, uno de cada dieciséis, estaban cubiertos en fraude.

Esa ratio resulta inferior a la del 8,8% (uno de cada once) del año anterior, aunque esa relación se invierte si el volumen de conversiones se compara con los datos de contratación del Ministerio de Trabajo. En ese caso, la tasa de fraude alcanzó en 2022 al 2% de los contratos eventuales (11,28 millones) y se elevó dos décimas sobre la de 2021, cuando los acuerdos temporales ascendieron a 20,35 millones, lo que apunta a la cronificación de esa bolsa de fraude pese a las nuevas "reglas de juego".

Contratos que acaban en viernes y en 31

El fraude afecta tanto a los sueldos y las cotizaciones de los trabajadores afectados como a las recaudaciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social que deberían derivarse de ellos. Y consiste en cubrir puestos estructurales mediante contratos temporales, ya sean de días, de semanas o de meses, que permiten a los empresarios ahorrarse los costes salariales y sociales de los periodos en los que permanecen "vacantes" y de la parte proporcional de vacaciones que les correspondería por ellos.

En cualquier caso, datos como la concentración de finalizaciones de contrato en los fines de semana y de mes que muestran las estadísticas del Ministerio de Inclusión, con 43.775 en viernes y 141.606 el día 31 en marzo para una contratación de 276.773, apuntan a la existencia de prácticas fraudulentas en la contratación temporal.

Esas prácticas conviven con una evolución del mercado laboral en la que, según la EPA, el número de trabajadores con contrato indefinido pasó en un año de 12,45 a 13,6 millones. Mientras, la de eventuales caía de 4,16 a 3,64. Una evolución que ha tenido efectos directos en la masa salarial del país y, con ella, en el sostenimiento de un consumo privado del que en España dependen casi dos tercios del PIB.

Fraude en la mitad de los fijos discontinuos controlados

Con la reforma laboral ha pasado a la primera línea del debate partidista la figura del contrato fijo discontinuo, cuya existencia parece haber acabado de comenzar cuando la realidad es que se viene utilizando desde hace décadas para estabilizar relaciones laborales de temporada.

"Esa figura se ha fortalecido con la reforma, aunque, si bien estamos en alerta, debemos dejar pasar un tiempo para comprobar si se está haciendo un uso fraudulento de ella", explica Collado.

Según la EPA, el número de fijos discontinuos pasó de 351.200 a 501.000 en un año en términos de media, un crecimiento del 42% con el que, no obstante, su peso no llega al 3% del conjunto de los asalariados del país ni alcanza el 4% entre los indefinidos. Es decir, que su uso sigue siendo relativamente escaso.

La Inspección desarrolló el año pasado una campaña de control sobre este tipo de contratos formalizados por 14.695 empresas con las antiguas normas que arrojó un resultado inquietante: 26.593 de los 56.525 trabajadores supervisados, el 47%, se encontraban en situación irregular. Una cifra a la que hay que añadir los detectados por los inspectores en las actuaciones ordinarias, al margen de la campaña.

Los incluidos en el programa tenían contratos de diez meses y medio de duración, es decir, de una duración ligeramente inferior al tiempo de trabajo anual de cualquier indefinido si se descuentan los periodos de vacaciones.

Más de 39.000 falsos autónomos

Todavía fue mayor el volumen de regularizaciones de la situación laboral que arrojó el control de los falsos autónomos el año pasado: 39.044 en 13.452 actuaciones. En estas fueron detectadas 27.380 infracciones, lo que acarreó a esas empresas sanciones por valor de 122,2 millones de euros.

"El fenómeno del falso autónomo es tradicional y se combate desde hace tiempo en la Inspección. Aunque ha tenido más difusión en los últimos años, ha existido siempre y en múltiples sectores", explica la directora del organismo de control. Collado llama la atención acerca de cómo "la huida del derecho laboral es uno de los fenómenos que se están observando con la revolución tecnológica, que está abriendo nuevas vías de fraude con trabajos que ya no se realizan de una manera presencial".

De hecho, las estimaciones de la EPA apuntan a la existencia de una bolsa de 245.000 autónomos que desarrollan su trabajo integrados de manera fraudulenta en estructuras laborales de empresa. Una situación que se está extendiendo a lo que en su día fueron catalogadas como "profesiones liberales", caso de los gabinetes de arquitectos, los despachos de abogados o las clínicas privadas.

Esa digitalización de la economía y de las relaciones laborales, de la que forma parte la expansión de las plataformas de servicios, ha llevado a la Inspección a fortalecer su Herramienta de Lucha contra el Fraude, en la que un equipo de funcionarios se dedica al tratamiento masivo de datos en busca de indicios de irregularidades.

Tensión en las relaciones laborales en la Inspección

Las relaciones laborales, por último, atraviesan por una etapa de tensiones en el interior de la Inspección, en la que por primera vez se han convocado varias jornadas de huelga, que han tenido seguimientos masivos, ante el incumplimiento de los acuerdos de refuerzo de personal y de medios firmados en 2021.

"Tenemos el objetivo de modernizar y de reforzar orgánicamente y en cuanto a medios a la Inspección, y algunos cambios han generado cierta conflictividad, como suele ocurrir en estos casos", anota Collado. Muestra su "confianza en que en breve haya un resultado positivo" en la ampliación de la plantilla, pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Mientras tanto, la OPE (Oferta Pública de Empleo) de este 2023 incluye 455 plazas, cuando lo habitual era oscilar entre las cien y las doscientas por convocatoria, a lo que se suma la incorporación de 200 interinos en los últimos meses.