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Isidro 1952 Decenas de mujeres afrontan un futuro incierto en una pesquera gallega endeudada

El Juzgado Mercantil de A Coruña asignó un administrador concursal a Isidro 1952, que firmó a favor de la aplicación del ERE que contempla el despido de 131 trabajadores. Ellas siguen yendo a trabajar y no han cobrado desde noviembre.

Las trabajadoras en una protesta. /CIG
Las trabajadoras en una protesta. /CIG

Isidro 1952 es una empresa mayorista de marisco en A Coruña. La entidad comenzó sus problemas económicos desde la puesta en marcha de un centro en Cambre en 2016 dedicado a la elaboración del sushi para Lidl. La compañía no pudo hacer frente a los gastos ya que invirtió hasta 100 millones, de manera que la peor parada ha sido la plantilla, en su mayoría mujeres. De momento, no saben quiénes son las afectadas de esos 131 despidos, que supone prescindir del 60% de la plantilla. Por miedo a perder el trabajo siguen yendo a trabajar, en teoría tienen contrato indefinido, pero no han cobrado desde noviembre.

Isidro 1952 en su origen se llamaba Isidro de la Cal, una histórica firma pesquera coruñesa. Cuando cambió de nombre cuatro directivos se hicieron cargo de ella y los problemas empezaron. En total, Isidro consta de seis centros: fábricas de congelados y ultracongelados, piscifactorías de truchas en Baio, Carballo y Louro, criaderos de rodaballo en Lorbé y criadero de ollomol en Valdomiño. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecta a todas las instalaciones.

La presidenta del comité de empresa, Olga Rodríguez, cuenta que “lo más grave”, además del despido venidero, es que no han recibido sus nóminas. Desde un primer momento, la entidad apenas se ha comunicado con la representación social, tampoco lo hizo cuando entró en preconcurso de acreedores y el personal se enteró meses más tarde. Es por eso por lo que las trabajadoras están en vilo pidiendo explicaciones a la dirección, al igual que la implicación de la Xunta de Galicia.

El Gobierno autonómico dejó 23 millones en la compañía. La Conferencia Intersindical Galega (CIG) instó a que se involucrase en la “búsqueda de una solución” que dé “viabilidad y futuro” a los empleos y a la actividad productiva. El mal estado de la economía empresa ya ha tenido consecuencias, no solo para la plantilla, también para los pescados que crían: 1,2 millones de besugos de la planta de acuicultura marina de Lorbé llevan meses sin comer, debido a los pocos recursos de la compañía. Para la Xunta, una vez visitadas las instalaciones, la situación era de “normalidad”.

La dirección de la empresa comunicó que fraccionaría el pago de los salarios en cuatro partes al mes. La falta de liquidez de Isidro 1952 provoca que no se pueda comprar materia prima para producir. La empresa adquiere entonces estos productos día a día para elaborar sus pescados, de manera que no puede realizar una estrategia de mercado para ofertar un producto más competitivo. Isidro 1952 es puntera a nivel tecnológico y una de las principales empresas del país en este sector, sostiene la CIG.

El 17 de enero el propietario y presidente Pablo García Gascó, comunicó que Carlos García Martín adquiría la compañía a pesar de las deudas con la intención de retirar el ERE. Su objetivo era mantener todos los puestos de trabajo y ubicar a la compañía gallega “en el lugar que les corresponde”. Para él era un reto. Primero, procuró tranquilizar al personal y pedirle su apoyo, y en un principio, la representación social de la empresa estaba satisfecha con lo que prometía.

Sin embargo, García Cascó comunicó una semana después que la compraventa por parte del nuevo inquilino se anulaba. El empresario coruñés, García Martín, dueño de Feca-Neón y Óptica Gallega, arrastraba aprietos de sus otros negocios. Según el secretario xeral de la Federación de Industria de Comisións Obreras (CCOO) en A Coruña, Arturo Julián, el interesado incumplía una cláusula del contrato. El comprador fue demandado por las empleadas de Óptica Gallega por deberle varias nóminas. Además, también tiene antecedentes penales por delitos de estafa y falsificación, según ha informado La Opinión.

De esta manera, el Juzgado del Mercantil número 1 de A Coruña declaró que el administrador concursal debe ocuparse de gestionar la empresa. De momento, decidió aplicar el ERE. El comité social ya había avisado a la dirección de que “no pueden mantener estas medidas de recorte en el contexto del concurso” porque, además de dejar indefensas a las trabajadoras, “cualquiera decisión sobre el empleo, las condiciones laborales o la gestión económica de la compañía tienen que adoptarse con la aprobación de la administración concursal”. Y así fue. A la espera de que la jueza firme los despidos.