El expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, ha negado ante el juez que cometiera algún tipo de fraude fiscal en una operación con el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, y ha defendido que le cobró 500.000 euros por asesorarle y mediar en la venta de unas acciones de su empresa eólica en una operación que fue "beneficiosa" tanto para el propio Cotino como para Bancaja -entidad que presidía- e Iberdrola -donde era consejero-.

Olivas, que está imputado en Madrid por la quiebra de Banco de Valencia, se ha pronunciado así en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia, donde este martes se ha sentado en el banquillo de los acusados junto al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, por un presunto fraude a Hacienda. También está acusada la mujer de Olivas.

Tanto Olivas como Cotino se enfrentan a una pena de tres años de prisión, tal y como solicita provisionalmente el ministerio fiscal, por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Asimismo, se les reclama el pago de una multa de 202.700 euros. El ministerio público no acusa a la mujer de Olivas.

Olivas y Cotino, en el banquillo de los acusados / EFE

 
En concreto, según mantiene la fiscal, supuestamente el empresario pagó 580.000 euros a una sociedad de José Luis Olivas por unos trabajos que no existieron y por los que Vicente Cotino se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda.

Esta acusación ha sido negada tanto por Olivas como por el propio Cotino. La operación se centraba en la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)- a Iberdrola. En concreto, Cotino, dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa, le pidió a Olivas que le ayudara a vender el 25% de activos a la compañía eléctrica. A cambio, y si se obtenía una plusvalía de 39 o 40 millones, le ofreció pagarle 500.000 euros más IVA.

Al respecto, Olivas ha defendido que realizó este asesoramiento a Cotino, fructificó la venta y, por este motivo, cobró esos 500.000 euros a través de una sociedad que compartía con su mujer, Imarsol. Aprovechó su trabajo para intentar vender también a Iberdrola el 20% de acciones de Bancaja: "Yo defendía los intereses de Bancaja y de Cotino, porque hablábamos de un total del 45% del accionarado. Y para ser sinceros, también los intereses de Iberdrola, porque Iberdrola quería tener un parque eólico en la Comunidad", ha argumentado.

"Actuaba -ha agregado- para hacer un favor a Bancaja, porque tampoco tenía ninguna obligación. Yo era un ejecutivo y quería hacer un favor a Bancaja por mi situación. Y también actuaba en nombre de Cotino porque me hizo un encargo. Trabajaba para Cotino y ayudaba a hacer una operación beneficiosa para Bancaja, que iba a obtener una plusvalía de 39 millones de euros y se iba a ahorrar la intervención de un intermediario", ha insistido.

"Actuaron para defraudar a Hacienda"

Para el fiscal, Cotino y Olivas operaron "con ánimo de defraudar a la Hacienda pública", para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol, "cuya causa y finalidad se desconoce".

Para ello, los acusados "crearon un documento que aparentaba ser una factura" firmada por Olivas -la única que emitió Imarol en 2008-, en la que se documentaba que el cobro por Imarol a Sedesa de ese importe se debía a "unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento" en la venta por Sedesa Inversiones a Eneda de su 25 % en Proyectos Eólicos Valencianos.

Ese asesoramiento "no existió", según el fiscal, ya que esa venta la realizó la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente el Grupo Asedes, "sin intervención alguna" de Olivas.

Para el fiscal, ese pago fue "una liberalidad" de Vicente Cotino a Olivas, "que en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el impuesto de sociedades".

Por su parte, José Luis Olivas aseguró en noviembre de 2014 en un comunicado que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que afirmó que podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones.