En los últimos años, los trabajadores han sufrido un amplio recorte de sus derechos. Las reformas laborales del PSOE y del PP han dejado a los empleados en una situación de mayor vulnerabilidad que la que tenían hace 15 años, pero ¿cuáles han sido los principales derechos que se han perdido?

 Reducción de la indemnización por despido improcedente

Antes de la reforma laboral del año 2012, la indemnización por despido improcedente era de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades (para saber cuál es el máximo de indemnización que se puede conseguir, o se va a tener que pagar, es necesario coger el salario mensual y multiplicarlo por las mensualidades). Ahora, los trabajadores despedidos de forma improcedente reciben una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Por el momento, el nuevo Gobierno no tiene pensado subir las indemnizaciones ya que desde el Ministerio de Trabajo han asegurado que se "priorizará endurecer las condiciones para que las empresas no puedan romper los contratos unilateralmente".

Se da más importancia a los convenios de empresa que a los colectivos o de sector

Esta medida consiste en dar más importancia al convenio que firme cada empresa con sus trabajadores que a lo estipulado en convenio colectivo o de sector. De esta forma las empresas pueden reducir los derechos y sueldos de los trabajadores.

Es importante destacar que, si los trabajadores y la empresa no se ponen de acuerdo, la empresa puede elegir poner su convenio por encima del convenio de sector.

Eliminación de la autorización administrativa para realizar un ERE

Ya con la reforma del PSOE, para realizar un despido colectivo bastaba con alegar pérdidas o la previsión de tenerlas en el futuro, pero con la reforma del PP esto fue un paso más allá.

Desde 2012 se añadió como posible causa para presentar un ERE "la disminución persistente de ventas o ingresos". Además, eliminaron la necesidad de autorización administrativa, dejando la competencia a la patronal.

Descuelgue salarial

El descuelgue es una medida legal que permite a los empresarios dejar de aplicar el convenio colectivo en varios aspectos como la jornada, los turnos o el sistema retributivo.

Esta medida ya la dejó entreabierta la reforma de Zapatero, y el Partido Popular la remató en el año 2012. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Argumentar cuestiones técnicas, organizativas o económicas (en este último punto basta con argumentar descenso de ingresos ordinarios o ventas dos meses consecutivos).

Estas cuestiones son relativamente sencillas de argumentar y con ellas se pueden bajar salarios y retirar pluses.

 Eliminación de los salarios de tramitación

Una de las medidas que pasó más desapercibida de la reforma laboral del PP fue la suspensión de los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación son los salarios que la empresa debía abonar a un trabajador en caso de un despido procedente fuese declarado improcedente.

Por ejemplo, si una empresa despedía a un empleado por causas organizativas y el trabajador acudía a los tribunales para denunciar que se trataba de un despido improcedente, consiguiendo que el juez le diese la razón, el empresario debía pagar los salarios que hubiera tenido que percibir el empleado en el caso de haber seguido en la empresa hasta el día de la sentencia.

Despido procedente por causas económicas

Con la reforma laboral del año 2012 se establece que el despido puede ser procedente si la empresa justifica pérdidas alcanzadas o previstas o una caída de las ventas durante tres trimestres. Con un despido procedente la empresa pagaría 20 días a los trabajadores por año trabajado. 

Con la reforma laboral se facilitaron los despidos por causas económicas.

La jubilación

El Gobierno de Zapatero llevó a cabo una gran reforma de las pensiones en el año 2011, aumentando la edad de jubilación de 65 hasta 67 de forma progresiva. También en esta reforma se incrementó el número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, de los últimos 15 años de vida laboral a los últimos 25 años. 

Ley mordaza como forma de atemorizar a trabajadores y ciudadanos

La ley mordaza consiguió que se limitase severamente el derecho a huelga, a manifestación y libertad sindical ya que se imponían multas por  perturbar el orden. Los sindicatos siempre han sido muy críticos con esta ley ya que al sancionar a aquellas personas que hacían huelga por reivindicar derechos laborales se les podía sancionar.

Los jóvenes también han perdido derechos

El portavoz de RUGE (área joven de UGT) ha explicado a Público que la crisis económica también ha incentivado la pérdida de derechos de los jóvenes. "La temporalidad y parcialidad de los contratos en gente joven también es una pérdida de derechos. Estamos hablando de que estas personas no han podido independizarse ni desarrollarse como deberían. Además, la creación de diferentes modelos de contrato para joven (becas, prácticas, formación…) ha conseguido que éstos cubran trabajos estructurales por muy poco dinero" , ha explicado.

Por su parte, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha asegurado que es necesario la derogación completa de la reforma laboral para recuperar los derechos de los trabajadores. "En España hay muchos trabajadores pobres y por ello hay pobreza infantil, desahucios... no podemos derogar únicamente los aspectos más lesivos", ha asegurado.