Que un examen sea largo, no significa que esa difícil. El que pasa esta mañana en el Parlamento Europeo Christine Lagarde, candidata a suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo, parece resuelto antes de comenzar. Se espera que la mayoría de los 60 eurodiputados que conforman la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo den su visto bueno a la candidata esta tarde.

La francesa ofrecerá las líneas generales que regirán con casi toda seguridad la política monetaria de la zona euro en los próximos ocho años en una sesión de preguntas que irá desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A las 6, los 60 eurodiputados que interrogan a Lagarde emitirán sus votos. “No creo que tenga ningún problema [para ser elegida]”, opina una fuente del Partido Popular Europeo.

Entre los 60 eurodiputados que forman parte de la comisión están cuatro españoles: Jonás Fernández (PSOE), José Manuel García-Margallo (PP), Luis Garicano (Ciudadanos) y Ernest Urtasun (ICV).

Además de las preguntas obligadas, como la reforma del euro o la orientación de la política monetaria de los próximos años, se espera que los eurodiputados formulen cuestiones más técnicas, como el impacto en la economía de las criptomonedas, como el Bitcoin, o Libra -la nueva moneda de Facebook-. Otro cantar son las respuestas que dé Lagarde. Fuentes consultadas por Público creen que serán “vaguedades”.

En las 48 páginas de respuestas escritas que Lagarde ya envió a los eurodiputados hace unos días se vislumbran pocos cambios respecto a la actual política del BCE: el mantra del objetivo del 2% de inflación interanual continúa inmutable. Lagarde apuesta por continuar con los estímulos monetarios de Mario Draghi, incluida la política de tipos negativos que el BCE podría reforzar en su reunión del jueves de la semana próxima.

Incluir criterios medioambientales en la política monetaria europea que ayuden a alcanzar los objetivos de los Acuerdos de París es una de las novedades más importantes que Lagarde ofrece en su avance por escrito.

Se espera que los diputados también pregunten a Lagarde por su implicación en el caso Tapie. En 2016, la candidata a la presidencia del BCE fue condenada por negligencia tras haber dado el visto bueno a una indemnización pública de 403 millones de euros, contra la opinión de sus asesores, al empresario francés Bernard Tapie, tras un oscuro arbitraje en la venta de Adidas en 1993.

José Gusmão, vicepresidente de la comisión que vota la moción y miembro del Bloco de Esquerda portugués, opina que la implicación de Lagarde en este caso la inhabilita para el puesto: “No da las garantías de credibilidad que la institución necesita”, explica en declaraciones a Público.

La Izquierda europea votará en contra

El nombramiento de Lagarde forma parte del paquete de puestos de liderazgo que los líderes europeos acordaron tras una cumbre maratoniana hace dos meses. Por ello, no se espera que los partidos mayoritarios se opongan.

Sin embargo, la Izquierda europea sí votará en contra. Reprochan a Lagarde su papel al frente del Fondo Monetario Internacional, del que era directora hasta el mes pasado, parte de la troika detrás de las políticas de ajustes que sufrieron países como España, Portugal y Grecia durante la crisis financiera.

“El equipo de Christine Lagarde está comprometido con la ortodoxia económica y los programas de ajuste”, denuncia José Gusmão. “Tenemos muy presente ese currículo y no queremos que alguien con ese perfil y recorrido acabe teniendo responsabilidades de esta importancia”.

La opinión de que den los eurodiputados hoy no tiene carácter vinculante, pero una resolución negativa sí podría acarrear algún problema a los líderes de los 28 jefes de Estado y de Gobierno cuando emitan su palabra final en la próxima cumbre europea de mediados de octubre. Si los líderes no siguen la opinión de la cámara “sería una confrontación inaceptable”, denuncia Gusmão.

Antes de que los jefes de Estado se pronuncien, la candidatura de Lagarde pasará por dos filtros más: un voto en el pleno del Parlamento Europeo votará en pleno y la opinión del Consejo de Gobierno del BCE.