Cada vez pasa más en Barcelona: una empresa compra un bloque, echa a los inquilinos de su casa, reforma el edificio y pone los pisos en alquiler o en venta a unos precios mucho más caros. Pero algunos no se dejan expulsar, como Josep, de la Casa Orsola, y también Isi, de un bloque de la calle Tapioles. Los dos inquilinos forman parte de la treintena de familias afectadas por dos operaciones, una en el Eixample y la otra en el Poble-Sec, que se han organizado con el Sindicat de Llogateres y las redes de vivienda del barrio: "Es nuestra casa y no queremos marcharnos, y menos así", explica Isi a Público sentada en el comedor del piso donde lleva casi una década viviendo.

Isi vive en el cuarto piso de Tapioles, 15, con su pareja. En la puerta de al lado vive Elena, una amiga suya, desde hace siete años. Y en todo el edificio viven unas 25 personas en 11 hogares. "Hemos creado una comunidad muy bonita y no queremos irnos. No es solo el techo, son las vecinas, el médico, el bar, la tienda... Es nuestra casa", explica.

Hace unos meses, su edificio, propiedad de una familia del Maresme (Barcelona), lo compró Second House S.L. Esta empresa quiere realizar obras de mejora en la finca, entre ellas reforzar su estructura, afectada por cemento aluminoso, y colocar ascensor. Los vecinos denuncian que no les quieren renovar los contratos y, además, a algunos les han ofrecido comprar el piso a un precio "desorbitado" sin haber hecho ninguna reforma.

A Isi le han ofrecido comprar su piso por 320.000 euros, un precio que no puede ni quiere afrontar, y menos cuando hace décadas que no se han hecho mejoras. Ahora le están prorrogando el contrato mes a mes desde que terminó, hace casi un año. "Lo vivimos con mucha angustia porque no sabemos si nos echarán, nos pueden avisar de que nos vayamos con tan sólo 15 días de antelación".

Second House ha contestado a Público que están dispuestos a hablar con los vecinos, como ya han hecho en varias ocasiones, para renovar el contrato de algunos de ellos, pero no de todos. "Lo que no haremos será una renovación en bloque, como piden, sino que estudiaremos caso por caso", explican fuentes de la empresa.

Isi lleva casi un año encadenando prórrogas de contrato mensuales, y reconoce que seguramente la anterior propiedad ya no le hizo un contrato nuevo en vistas a la compra. Sale al rellano a ver si está Elena, a la que invita a pasar a casa. Ella vive con su pareja y su hijo adolescente, y no quiere pensar qué le supondría una mudanza que seguramente, tal y como está el mercado inmobiliario, la llevaría a una zona alejada del Poble-Sec. "Luchamos por un alquiler justo", afirma, aunque no ve claro el resultado de las negociaciones. "No se puede vender un piso sin reformar a ese precio, no lo vale, es pura especulación", critica.

Second House se limita a decir que va a cumplir la ley, que no impone ningún tipo de regulación en los precios ni del alquiler ni de la venta, y recuerda que los inquilinos están sujetos a la voluntad del propietario de renovar o no el contrato. Mientras en España se debate la Ley de Vivienda, que impondrá algún tipo de regulación de los alquileres, países como Canadá, Francia o Países Bajos han impulsado medidas para controlar los precios de las viviendas, como limitar la compra por parte de fondos de inversión.

Primer inquilino de la Casa Orsola a juicio

La Casa Orsola es otro caso de movilización contra la especulación inmobiliaria. Lleva más de un año luchando, desde que el fondo Lioness Inversiones adquirió el inmueble modernista y notificó a los inquilinos que no tenía intención de renovarles los contratos. Josep lleva 20 años viviendo ahí, y cuando se le acabó el contrato siguió pagando puntualmente mientras intentaba negociar con el fondo una solución compartida.

No ha habido resultado a las conversaciones, que el Sindicat de Llogateres denunció que la empresa boicoteaba. Ahora Josep es el primer inquilino al que el fondo buitre ha llevado a juicio por finalización de contrato. Fue esta semana y quedó visto por sentencia.

"No es un juicio contra Josep, es un juicio contra la Casa Orsola. Y no es sólo el caso de la Casa Orsola, sino que es lo que está haciendo la especulación inmobiliaria con esta ciudad", defendía el portavoz del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès a las puertas de la Ciudad de la justicia en una concentración de apoyo.

Tanto el Sindicat como la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerra denuncian que la empresa propietaria de la Casa Orsola quiere echar a los inquilinos habituales para reformar los pisos y hacer alquileres de temporada a precios que prácticamente triplican los actuales. Por ejemplo, Josep paga 700 euros y alguno de los pisos que ya se han reformado se ha puesto en alquiler por 1.900 euros, como confirma el propio fondo.

Esta modalidad de contrato permite realizar alquileres de corta duración, desde 30 días hasta 11 meses. El movimiento por la vivienda señala que esto facilita las subidas de alquiler y da pocas garantías a los inquilinos. Los altos precios, además, favorecen que quienes se instalen ahí sean personas de alto poder adquisitivo, principalmente extranjeras, contribuyendo a la expulsión de los vecinos de toda la vida.

En la Casa Orsola hay casi 30 viviendas, de las cuales ocho están vacías. Hay algún inquilino con un contrato de renta antigua, al que no pueden echar, y dos hogares a los que han reconocido el derecho a alquiler social. Cuatro de los inquilinos a los que ya les ha vencido el contrato han sido llevados a los tribunales. Y habría tres viviendas ya en alquileres de temporada y reformados, y dos en obras actualmente, según fuentes del Sindicat.

Aunque no saben exactamente qué quiere hacer el fondo con el edificio, fuentes de la organización explican que "lo que sabemos seguro es que no tienen intención de renovar los contratos y prefieren realizar alquileres de temporada porque sacan mucho más beneficio".

Público se ha puesto en contacto con Lioness Inversiones, que es un fondo del empresario Albert Ollé. En un comunicado, la empresa lamenta "la falta de voluntad a la hora de alcanzar un acuerdo en términos razonables para ambas partes" y sostiene que los inmuebles reformados "estarán destinados al alquiler en condiciones razonables de mercado".

La empresa argumenta que el 90% de los pisos alquilados actualmente lo están a un precio inferior al que marca el Índice de Referencia de la Generalitat, pero no ha querido comentar si el precio al que quieren alquilarlos de nuevo se adecua a este indicador.